Los Ministerios del Interior y de Defensa, junto a la Policía Nacional, anunciaron la reestructuración con miras a priorizar el diálogo y la garantía de derechos humanos en medio de la protesta social.El ministro del Interior, Daniel Palacio, dijo que la estructura del ministerio será modificada para fortalecer su enfoque en lo que tiene que ver con el diálogo social y derechos humanos en el marco de las manifestaciones.Y anunció cambios en la definición de manifestación pacífica que establece el decreto 003 de 2021.Por su parte, la Policía Nacional señaló que se pondrán en marcha los cuadrantes de reacción en zonas álgidas de Bogotá, Medellín y Cali."El nuevo uniforme de la Policía, de acuerdo como lo dice la norma técnica, tendrá su pilotaje, es decir las pruebas de campo, en terreno. En seis ciudades se hará precisamente la prueba de este nuevo uniforme, de acuerdo con lo que indica la norma para hacer los cambios que se requieran en términos de visibilidad o del material", aseguró el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que los proyectos de transformación que serán presentados en el Congreso permitirán que los ascensos dependan de las calificaciones en ciertas competencias."Ese proyecto de ley de profesionalización permitirá también que las distinciones y que el proceso de ascenso dependa de la certificación de las competencias y haya un ejercicio de formación para toda la vida dentro de la Policía con los altos estándares internacionales", indicó Molano.Los proyectos serán presentados el próximo 20 de julio.Le puede interesar: Iglesia católica pide a Gobierno y comité del paro reanudar los diálogos
La Policía de Colombia, con el apoyo de agencias de seguridad de los Estados Unidos, capturó a 31 acusados por tráfico de personas.Alias ‘el Africano’, según la Dijín, es uno de los líderes de esta organización, quien había ingresado ilegalmente a Colombia en 2018, a través del puerto de Buenaventura. Sin embargo, luego obtuvo estatus de refugiado al argumentar amenazas políticas en su país.En 2010, había sido capturado por el delito de tráfico de migrantes y pagó una condena de cuatro años de cárcel. Al salir, dicen los investigadores, este hombre conformó una de las más grandes y poderosas redes internacionales de tráfico de personas.Muerte de niños “Se logró recaudar elementos materiales probatorios que indican varias violaciones a los derechos humanos. En los transportes que se hacían en pequeños barcos, se tienen documentadas las muertes de 10 niños y 9 adultos”, aseguró el general Jorge Vargas, director de la Policía de Colombia.El oficial indicó que estas personas pagaban hasta 5.000 dólares a esta organización para el tráfico desde el sur del continente.De acuerdo con el general Vargas, esta estructura de tráfico de personas delinquía en el Atlántico, el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y también en el país vecino de Ecuador.
A la cárcel de Picaleña fue enviado Jorge Mario Molano, mayor de la Policía que habría accionado su arma de fuego contra el joven Santiago Murillo en medio de las protestas del paro nacional que se llevaban a cabo en Ibagué.La Fiscalía General de la Nación logró demostrar que el uniformado usó su arma de dotación contra Murillo. Posteriormente, al parecer, huyó en una motocicleta.Miguel del Río, abogado defensor de la familia de Santiago Murillo, expresó que para el ente investigador el mayor Molano podría representar un riesgo para la sociedad.“Esa prueba evidente y fundamental estructuró la inferencia razonable de autoría y participación y los componentes de los fines constitucionales al establecerse que el mayor Molano representa un peligro para la sociedad, que podría obstruir la justicia y evadirla. Además, se manifestaron, por parte de la Fiscalía, posibles eventos de corrupción por parte de otros miembros de la fuerza pública. Es satisfactoria la decisión del juzgado”, aseveró.El jurista señaló que “seguiremos adelante para establecer la verdad procesal y material de los hechos”.Al proceso siguen vinculados un teniente y un patrullero de la Policía. A ellos todavía no se les define la situación jurídica.Santiago Murillo murió el pasado 1 de mayo en una calle de Ibagué. Sus familiares aseguraron que él no hacía parte de las manifestaciones del paro nacional cuando fue herido por un proyectil de arma de fuego de la Policía.
Este jueves 17 de junio, la ONG Human Rights Watch (HRW) presentó hallazgos adicionales a propósito de su informe del pasado 9 de junio acerca de los presuntos abusos de la Policía en el paro nacional.José Miguel Vivanco, su director, aseguró que la organización tiene evidencias sólidas de que miembros de la Policía colombiana habrían asesinado a 20 manifestantes.El demoledor reporte de HRW ya había encendido las alarmas en torno a 20 muertes, con “evidencia creíble” de que habían sido a manos de la Policía.Este jueves, Vivanco aseguró haber disipado las dudas sobre esos decesos.Vea también:Abusos policiales durante protestas en Colombia "no son aislados", denuncia Human Rights WatchGobierno le responde a Human Rights Watch sobre denuncias de abusos policiales en el paro“Tenemos evidencias sólidas de que miembros de la Policía habrían matado a al menos 20 manifestantes o transeúntes durante el paro nacional en Colombia”, trinó.En 20 publicaciones en Twitter, el director de Human Rights Watch presentó las evidencias adicionales y los nombres de las víctimas.Marcelo AgredoCristian MoncayoMiguel Ángel PintoEdwin VillaHeinar Alexander LassoBrayan Fernando NiñoElvis VivasYinson AnguloDaniel ZapataSantiago MurilloNicolás GarcíaKevin AgudeloJhon Sebastián MúneraJosé Mauricio VelascoJoan VargasJhon Alexander YotengoJhon Erik SeirCamilo Andrés ArangoMichael Andrés ArandaJordany Rosero“Hemos documentado cada caso con evidencias de primera mano incluyendo informes médicos y forenses, entrevistas con testigos, familiares y abogados de víctimas y autoridades judiciales, y verificación de videos”, agregó.Según Vivanco, al menos ocho fallecidos habrían recibido disparos en el tórax, cinco en la cabeza, otros tres también víctimas de armas de fuego y otros cuatro habrían muerto por impactos de gases lacrimógenos o excesos en el uso de la fuerza.Human Rights Watch ya había documentado en su informe que al menos 68 personas han muerto en el marco de las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril de 2021.
En enfrentamientos entre el Esmad y algunos manifestantes terminó una movilización, que en su mayoría fue pacífica, que se realizó este miércoles en Medellín.Cuando los manifestantes llegaron a la altura de la calle 44 (San Juan) con avenida 80, aseguran, el Esmad lanzó gases para dispersarlos y, de inmediato, se presentaron los choques que, además, provocaron caos vehicular en la zona.Minutos antes, el personero de Medellín, William Yeffer Vivas, denunció presuntas intimidaciones de algunos miembros del Esmad contra funcionarios encargados de verificar que los artefactos usados por esa fuerza estuvieran acorde a lo exigido por la ley.Vea también: Agentes del Esmad reparan casa de abuela que los protegió cuando encapuchados los atacaron“No puede la Policía de Medellín enojarse por la verificación que hace la Personería de los gases utilizados para dispersar las protestas y menos utilizar medios de intimidación como tomar fotos a nuestros servidores y sus documentos. Exigimos respeto a la labor de mediación y verificación que realiza la Personería de Medellín, nuestra voz de rechazo al comportamiento de los miembros del Esmad al requerirlos en terreno por la utilización de gases con latas sin fechas y fechas presuntamente vencidas”, escribió en Twitter.Por su parte, las autoridades informaron de forma preliminar que los disturbios dejaron daños en un cajero electrónico, semáforos y una cámara de fotodetección.
Un miembro del Esmad fue baleado a la altura del cuello cuando participaba en el desbloqueo de la vía Cali – Yumbo, informó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.Joseph González, como se llama el uniformado, fue trasladado a la clínica Imbanaco, de Cali, para ser atendido de urgencia.“De manera vehemente rechazamos y condenamos el ataque con arma de fuego contra el patrullero Joseph González de nuestro ESMAD, quien contribuía a desbloquear la vía Cali-Yumbo para restablecer la movilidad”, indicó el oficial.González, de 28 años, lleva ocho años en el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad); es barranquillero y tiene dos hijos de 5 y 2 años, aseguró Vargas.Vea también:Del verde militar al azul: así será el cambio de 'look' de la Policía de ColombiaEste caso se suma a una cadena de actos violentos en el marco del paro nacional que comenzó el 28 de abril.
‘Otoniel’, el hombre más buscado de Colombia, está bajo el cerco de más de 1.200 hombres de las fuerzas militares y policía en el Urabá antioqueño.A tiros fueron recibidos los uniformados de la Policía y el Ejército que hacen parte de la Operación Agamenón cuando, según las autoridades, hombres que hacen parte de un cordón de seguridad de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, los detectaron en momentos en que bajaban de los helicópteros en zona comprendida entre los municipios de Mutatá y Chigorodó, Antioquia.Le puede interesar: La casa en la que ‘Marihuano’ había invertido casi $4 mil millones para ocultar a alias ‘Otoniel’Los uniformados que van por ‘Otoniel’ fueron atacados con armamento de largo alcance y explosivos.Según la información de inteligencia, ‘Otoniel’ se encontraría entre esos dos municipios y, para evitar que escape, se llevó a cabo un plan de cercamiento con uniformados que llegaron por cuatro frentes.El director de la Dijín, general Fernando Murillo, viajó a la zona."Son más de 1.200 hombres de las fuerzas militares, de nuestro Ejército, Fuerza Aérea. Los mejores hombres de las fuerzas militares, con los mejores hombres de la Policía Nacional, nuestras agencias de investigación criminal, también apoyados por el gobierno americano y del Reino Unido para dar con la captura del principal objetivo de alto valor de nuestro país, como es alias ‘Otoniel’", dijo Murillo.El operativo desencadenó fuertes enfrentamientos con los hombres que harían parte del cordón de seguridad más cercano a ‘Otoniel’."Están encontrando un enfrentamiento directo con esta organización, identificamos que una de las formas de asegurar el terreno para la huida de este delincuente es dinamitando los caminos por donde realmente se puede desplazar nuestra fuerza pública", explicó el oficial.La información que condujo a realizar esta operación también reveló la ubicación de otras 14 personas cercanas alias ‘Otoniel’ que fueron capturadas en varias ciudades del país.“Dentro de estas capturas hay personas de su entera confianza. Son anillos como el de ‘el negro Perea’, que le permiten a él estar tranquilo, estar alertados frente a una acción operacional nuestra. Así lo entendemos, pero también hay capturas de segundos y terceros cabecillas”, indicó Murillo.
Uno de los enfrentamientos más fuertes del miércoles 9 de junio en Bogotá ocurrió de nuevo en el Portal de Las Américas, al que los manifestantes llaman Portal de la Resistencia.Allí no solamente los uniformados fueron atacados a piedra, sino con machete, como lo denunció la Policía a través de un video obtenido por las cámaras de seguridad del puesto de mando unificado.Altos mandos de la institución aseguraron que ningún policía resultó herido por el ataque con esta arma blanca. Sin embargo, en el mismo sitio y durante horas de la noche, el agente del Esmad Luis Camilo Muñoz, de 26 años, fue víctima de una brutal agresión con objeto contundente.“Han sido afectados con piedra, con objetos contundentes, bombas molotov, entre ellos el patrullero Muñoz Giraldo, que se encuentra siendo traslado hacia el hospital central de la Policía Nacional, ya que su estado es reservado”, dijo el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá.El patrullero Muñoz fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos y deberá ser sometido a una delicada cirugía en la cabeza, según el director de Sanidad de la Policía, general Manuel Vásquez, quien también dio a conocer el número de uniformados lesionados durante las últimas horas.“Hemos atendido a 45 policías lesionados en el país. Tan solo en la ciudad de Bogotá, 25 uniformados, entre ellos el intendente que enfrenta un trauma craneoencefálico. En Bucaramanga, dos uniformados atacados con artefactos explosivos, uno de ellos intervenido quirúrgicamente porque un elemento, tipo arandela, lo impactó y se alojó en su garganta”, afirmó.El oficial también señaló que, desde que arrancaron las manifestaciones el 28 de abril, ya son casi 2.000 los policías que han resultado lesionados.
El coronel Nelson Quiñones, subcomandante de la Policía de Bogotá, informó que 27 uniformados resultaron heridos durante los disturbios que se presentaron el miércoles 9 de junio en la capital de la República. Indicó que uno de ellos está en estado crítico.“Lamentablemente tenemos un policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que está con pronóstico reservado, de acuerdo al reporte, por un objeto contundente. Estamos haciendo el acompañamiento a su familia”, afirmó.El oficial aseguró que no hay capturados por el ataque a este patrullero, pero indicó que se adelantan las investigaciones al respecto.Los enfrentamientos, en los cuales también resultaron heridos al menos 40 manifestantes, se registraron en medio de una nueva jornada de paro nacional.“Tenemos un reporte de que ayer se presentaron 25 actividades, dentro de ellas 11 concentraciones, 6 marchas, 8 bloqueos. Un promedio de unas 5.000 personas que estuvieron participando. Tuvimos 286 aplicaciones al Código de Convivencia”, dijo el oficial.Durante los desmanes, dos buses del SITP fueron quemados en las localidades de Kennedy y Usme. También se reportaron ataques a vehículos y la destrucción de varios semáforos en distintas zonas de la ciudad.
Personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación notificó a un mayor, adscrito a la Policía Metropolitana de Ibagué, de la orden de captura que pesa en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte de Santiago Murillo Meneses, de 19 años, en hechos ocurridos durante las movilizaciones del pasado Primero de mayo.De acuerdo con la investigación, el mayor habría disparado su arma de dotación en medio de las manifestaciones que se registraron en la zona comercial de Ibagué (Tolima). Uno de los proyectiles impactó al joven que caminaba hacia su lugar de residencia y no participaba en las protestas.Le puede interesar: Mayor de la Policía sí habría asesinado a Santiago Murillo en las protestas, según la FiscalíaEl material de prueba da cuenta de que el uniformado, al parecer, actuó desproporcionadamente y contrario a lo establecido en los protocolos definidos para controlar multitudes. En ese sentido, es requerido por una fiscalía de la Unidad de Vida de la seccional Tolima por el delito de homicidio.Por este caso, la Fiscalía General de la Nación planteó conflicto de jurisdicciones al considerar que es la única competente para continuar con la investigación y esclarecer lo ocurrido. El 19 de mayo último un juez de control de garantías dio trámite a la solicitud, que será resuelta por la Corte Constitucional.La captura del mayor se hizo efectiva en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén, en Bogotá. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para el desarrollo de las audiencias concentradas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este lunes la muerte de 14 personas el pasado sábado en la ciudad de Reynosa, fronteriza con Estados Unidos, durante ataques en los que fueron abatidos cinco presuntos pistoleros."Hechos lamentables en Reynosa, (estado de) Tamaulipas, le costaron la vida (...) a 14 personas inocentes porque todo indica que no fue un enfrentamiento", dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina.Los ataques se registraron cuando un comando disparó, en diversos puntos de Reynosa, "a gente que no estaba en plan de confrontación", añadió López Obrador.Esa y otras localidades de Tamaulipas son escenario de choques entre grupos criminales que se disputan las rutas del tráfico de drogas, según autoridades."Es un ataque cobarde que le quita la vida a personas inocentes", subrayó el mandatario, quien pidió a la Fiscalía General que se hiciera cargo de las investigaciones.Por la tarde, en un comunicado, la Fiscalía informó que atrajo este caso y confirmó que durante los ataques fue detenido un individuo, quien será presentado ante un juez tras ser capturado con "un arma larga de uso exclusivo del Ejército".Los atentados fueron ejecutados en distintos barrios de Reynosa por sicarios que viajaban en varios vehículos, informó el domingo una agrupación que coordina a las fuerzas de seguridad en Tamaulipas.Agentes policiales abatieron a cinco presuntos pistoleros, dijeron autoridades estatales en México."Al ser localizados, los individuos opusieron resistencia y agredieron a personal policial, el cual repelió la agresión", indicó el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas.Fernando Ruiz Flores, de 19 años y quien se acababa de graduar como técnico en enfermería, fue una de las víctimas. Trabajaba en una compañía que instala sistemas de drenaje."Por lo que platica mi padrastro Jesús, a mi hermano lo mataron a sangre fría", declaró Olga Ruiz en entrevista telefónica con la AFP.El joven y su padrastro se encontraban trabajando en una calle cuando "escucharon los balazos a lo lejos", narró la hermana.El padrastro logró resguardarse en una vivienda, pero su hijo no lo logró."Ya se iban a meter (a la misma casa) pero no les dio tiempo, llegaron las camionetas y se pararon enfrente de ellos", y después de insultarlos "y nada más así, sacaron las armas y les empezaron a disparar", añadió la mujer.Más de 300.000 personas han sido asesinadas en México desde que en diciembre de 2006 el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas, según cifras oficiales.La mayoría de los asesinatos son atribuidos a pugnas entre bandas criminales.
La familia de Santiago Ochoa confirmó que los restos hallados en Tuluá corresponden a él, sin embargo se debe esperar el dictamen forense. Además, que les fueron tomados muestras de sangre para establecer la identidad plena.“Lo identificamos con algunos rasgos que sabíamos que eran de él, esta es la información que en el momento tenemos, hasta ahora no tenemos más datos sobre el cuerpo”, dijo Martha Lucía Ochoa, tía del joven.Aunque la institución forense inició el proceso de identificación genética, los estudios podrían tardar una semana.Vea también: Críticas al Gobierno por decreto sobre garantías a la protesta social: ¿es inconstitucional?La familia de Santiago Ochoa ya reconoció los restos, pero se necesita la confirmación de Medicina Legal para el proceso judicial por desaparición que debe adelantar la Fiscalía.“En el caso de que mi sobrino pertenecía a la primera línea o que tuviera que ver sobre el paro o que el Esmad lo secuestró es totalmente falso. De ninguna información hemos dado autorización o permiso para que suban dicha información falsa”, aseguró la familiar de Santiago Ochoa.El presidente Iván Duque rechazó los hechos y pidió avanzar en la investigación para dar con los culpables.“Como país nos duele la muerte de todo colombiano, pero el atroz crimen del joven Santiago Ochoa en la ciudad de Tuluá, merece todo nuestro rechazo. Las autoridades avanzan en la investigación para dar con el paradero de los responsables y que sean juzgados con determinación”, escribió en Twitter.Medicina Legal inició al proceso de identificación de un cráneo hallado en zona rural de Tuluá.
Un hombre de 32 años murió tras recibir un impacto en el pecho durante los fuertes enfrentamientos que se presentaron en la localidad de Usme, sur de Bogotá. Un equipo de la Fiscalía asumió la investigación.La víctima fue identificada como Jaime Alonso Fandiño. “Lamentamos la muerte de un ciudadano en medio de las confrontaciones que se desarrollan desde tempranas horas en Usme”, comentó el general Óscar Gómez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.El hombre de 32 años llegó sin signos vitales al centro de atención del barrio Santa Librada, según lo informó el Distrito.“Se estableció que Jaime recibió un impacto en el pecho con un objeto contundente, muy probablemente a corta distancia”, indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.
El Ministerio de Salud reportó que este lunes 21 de junio se registraron 648 muertes por coronavirus COVID-19 en Colombia, pero en las últimas horas se conoció que en ese informe no se incluyeron los decesos de Valle del Cauca ni Cundinamarca.Lo anterior significa que el número de víctimas mortales que dejó la enfermedad en el país es mayor, incluso que superaría los 700 decesos.Según BLU Radio, el Instituto Nacional de Salud, INS, no registró los fallecimientos en el Valle del Cauca por un error de procesamiento en la base de datos.Además, se conoció que los decesos que no fueron incluidos serán reportados en el boletín del martes 22 de junio de 2021.María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, manifestó que los fallecimientos en ese departamento fueron 59.En el caso de Cundinamarca, el INS informa que investiga las razones por las cuales las cifras no fueron incluidas en el reporte de este lunes.
Un tema que se pone sobre la mesa cuando se termina la vigente legislatura en el Congreso de la República es la presidencia de Senado y Cámara para el próximo periodo. Se conoció que hay división en el Centro Democrático, colectividad que debe elegir presidente para ese segundo órgano.La molestia radica en que hay varios representantes de ese partido que aseguran que Daniel Palacios, ministro del Interior, quiere poner de presidenta a Jennifer Arias.Edward Rodríguez está generando resistencia en la colectividad y Enrique Cabrales infunde miedo por su esposa, que es la que reparte avales en el partido.Por su lado, Juan Manuel Daza habría decidido retirarse si le apoyan la candidatura al Senado.Ante la división, hay quienes ven que no hay garantías en un acuerdo y están pensando en ir a voto limpio el próximo 20 de julio y que los demás partidos sean los que decidan quién será el presidente de la Cámara de Representantes.
