Una afirmación del expresidente Álvaro Uribe tiene sorprendido al mundo político y electoral. El exmandatario señaló que el Centro Democrático puede recibir en su partido a desmovilizados de las FARC que quieran aspirar a las próximas elecciones regionales, siempre y cuando no hayan cometido delitos atroces o de lesa humanidad.Cambió el fusil por una cámara: la historia de la exguerrillera que le apostó a la pazFue en el departamento del Caquetá, uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado, en donde le preguntaron al expresidente Álvaro Uribe si el Centro Democrático avalaría a desmovilizados de las FARC en las elecciones regionales.“Alguien me preguntó públicamente si este partido político le podría dar aval a un reinsertado de las FARC. Si hay un desmovilizado de las FARC que ha reconstruido de su vida y quiere participar en estas actividades, y quiere este aval, pues que le den ese aval porque este es un partido democrático, de principios humanistas. Que nadie se olvide de eso”, expresó el expresidente Álvaro Uribe.El argumento no sorprende a los congresistas del Centro Democrático quienes subrayan que, en el pasado, desmovilizados apoyaron su proyecto político.“Lo que estamos haciendo es apostarle a la paz real y a la reconciliación. En el Centro Democrático ya están militando, por ejemplo, personas que participaron en el M-19 como es el caso de Rosemberg Pabón o como Ever Bustamante. Este es un partido que tiene una visión compartida de país”, expresa el senador Miguel Uribe Turbay.“Siempre hemos dicho: todo el apoyo y respaldo a la guerrillerada que ha cumplido, además el gobierno de Uribe fue el que más desmovilizó guerrilleros de las FARC”, agregó el senador Ciro Ramírez.Reincorporada de las FARC relata su nueva vida en el campo: “Que mis hijos nunca tomen un arma”La declaración, a juicio de analistas políticos, se traduce en una estrategia del exmandatario para las elecciones regionales.“Es una nueva dimensión de Álvaro Uribe buscando superar la polarización. En el pasado pidió no insultar a Petro, pidió también no meterse con los hijos de Petro en el debate público y en esta tercera me parece que busca que el Centro Democrático se acerque a sectores de centro y, eventualmente, a desmovilizados”, opina Mauricio Jaramillo Jassir, analista político de la Universidad del Rosario.Además, podría acercar a organizaciones sociales y campesinas. Sin embargo, Jaramillo Jassir advierte sobre los efectos negativos.¿Se abrió un nuevo proceso de paz en Colombia? Esto dijo el presidente Gustavo Petro“Por otro lado, estaría perdiendo apoyos en los sectores más radicales del Centro Democrático que creen que hay una especie de pacto de élites con Petro. Que Uribe está perdiendo la autoridad, que se está ablandando con el paso de los años, que es una estrategia electorera”, agrega Jaramillo.El pronunciamiento de Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, dejó sorprendido a más de uno porque el expresidente fue uno de los principales opositores al acuerdo de paz con la extinta guerrillera de las FARC tal y como se logró. Pero ahora da luz verde para que ingresen a su partido.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró este martes, 7 de marzo de 2023, que el trámite de la ley de la paz total es un procedimiento de urgencia nacional.Roy Barreras pidió al Gobierno que “suspenda todo tipo de diálogo” o “negociación” con narcosEl alto tribunal consideró que este tema es de trascendencia social y que debe ser fallado lo más pronto posible, por eso, se le dará prioridad.De esta manera, la Corte Constitucional estudiará la iniciativa de paz total que, según sus demandantes, vicia los trámites y violenta a las víctimas por intentar acercarse a grupos armados ilegales que ya se sometieron a procesos de paz, los cuales no aceptaron.JEP expulsó a 20 firmantes del acuerdo de pazHablando de quienes no se sometieron al proceso de paz, la JEP expulsó del sistema integral para la paz a 20 firmantes del acuerdo entre el Gobierno y las extintas FARC por incumplir con lo pactado.La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) determinó que estas personas habrían ingresado a grupos armados ilegales luego del primero de diciembre de 2016.Entre los expulsados está Víctor Hugo Rojas Silva, quien habría participado en el atentado contra Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC y presidente del partido Comunes, en enero de 2020.También está Edwin Valencia Michileno, señalado de ejecutar a tres investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Nariño durante enero de 2018.Conceden libertad condicional al exjefe paramilitar Salvatore MancusoDenuncia sobre caso Jesús SantrichAsimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz denunció que algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación habrían mentido y ocultado información en el caso de Jesús Santrich, excomandante de la Segunda Marquetalia y desertor del proceso de paz que murió en el 2021.El tribunal de paz señaló que Ana Fabiola Castro, fiscal para asuntos internacionales, no entregó información sobre el proceso que existía contra el integrante de las extintas FARC afuera del país.“Se trató de mentir en el sentido de manifestar hechos que no eran ciertos, en particular cuando los magistrados de la sección de revisión indagaron sobre la existencia o no de un proceso de asistencia judicial internacional. La directora de asuntos internacionales negó la existencia, en principio, de dicho proceso”, expuso Roberto Carlos Vidal, magistrado de la JEP.Jesús Santrich, que integró el último mando de las extintas FARC y murió en 2021, fue expulsado de la JEP tras abandonar el proceso y volver a la clandestinidad a las disidencias de la Segunda Marquetalia, comandadas por también el exlíder de las FARC Iván Márquez.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves a la Fiscalía que investigue a su hermano y a su hijo mayor por supuestas reuniones no autorizadas con grupos criminales. Según algunas versiones, estarían haciéndose pasar por miembros del Gobierno para dar beneficios, todo esto en el marco de la llamada paz total.Puede leer: Gobierno buscará estatus político para la Segunda Marquetalia y las disidencias de ‘Iván Mordisco’De acuerdo con el mandatario, al llegar a la Presidencia hizo un "compromiso con los colombianos y colombianas" y debe ser "leal al voto" depositado. Por ello, y según la "información que se rumorea en la opinión pública", pidió al fiscal general "adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades" sobre su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolás Petro.También en las últimas horas se conocieron declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, sobre el presunto ingreso de dineros del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el hombre Marlboro, para la campaña presidencial de Gustavo Petro que sin embargo nunca habrían llegado a ese destino.Day Vásquez aseguró en una entrevista con la revista Semana que el hombre Marlboro le entregó al hijo de Petro, diputado en la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico (norte), "más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares de hoy) para la campaña del papá". La mujer agregó que ese dinero “nunca llegó a la campaña”.También vea: Abogados de extraditables critican ley de sometimiento: “Es más garantía negociar en Estados Unidos”Centro Democrático reacciona al escándaloEn entrevista con Noticias Caracol, la senadora Paloma Valencia fue enfática: “Es sumamente grave”.Y añadió: “Ya Colombia tenía una experiencia de que los narcos financiaran campañas. Eso sucedió en el proceso 8.000. Estamos viendo el pago de los narcos en cuantiosas sumas con un agravante, en la ley de sometimiento hay un parágrafo para liberar a los narcos. La ley de paz total empieza a tener un propósito de pagar favores políticos”.“Esto genera una mancha de duda sobre la legitimidad de este gobierno. Solo me parece comparable al proceso 8.000”, agregó la congresista Paloma Valencia.Lea, además: “El éxito del cese al fuego dependerá de los mecanismos de verificación”, dicen expertos“Es miserable que pase esto”, dice el senador Ariel ÁvilaAnte la gravedad de los señalamientos contra Juan Fernando y Nicolás Petro, hasta la propia coalición de gobierno mostró su preocupación“Esto es un daño demoledor a las políticas progresistas”, indicó el senador Ariel Ávila.“¿Que hay que hacer? Frente al proceso de paz total nombrar un equipo negociador para quitar cualquier manto de duda. Segundo, que el alto comisionado decida si es asistente técnico de los procesos o negociador, pero ambas cosas no las puede hacer. Lo tercero, que se apruebe la ley con las modificaciones que crea el Congreso para que las reglas estén claras”, expresó.“Desde el gobierno Santos somos muchos lo que les hemos puesto el pecho tema a la paz porque creemos que en este país debemos dejar de matarnos y que pase esto es muy miserable. Si se tienen que ir a la cárcel, pues que se pudran en la cárcel”, indicó el senador Ávila.
En las últimas horas se conoció que un grupo de 17 mujeres extraditables, recluidas en la cárcel de El Buen Pastor, envió una carta al Congreso de la República para pedir que, en el marco de la paz total, este intermedie ante el Gobierno nacional para evitar sus extradiciones.Abogados de extraditables critican ley de sometimiento: “Es más garantía negociar en Estados Unidos”Las extraditables, quienes esperan ser enviadas a países como Estados Unidos por delitos como narcotráfico, señalan que pueden contribuir al proceso de la paz total y pagar sus condenas en el país.Añadieron que han enviado varias cartas, al presidente de la República y al comisionado de paz, entre otros, pero, hasta el momento, no han tenido ninguna respuesta a su petición.También señalaron que, en su momento, el Pacto Histórico sostuvo que la extradición a Estados Unidos no contribuye a la verdad.Los reparos del fiscal Francisco Barbosa al proyecto de ley de sometimientoColombia y Estados Unidos se reunirán para hablar, entre otros, de la paz totalColombia y Estados Unidos mantendrán el 27 y 28 de marzo en Washington un diálogo de alto nivel donde tratarán varios asuntos relevantes para ambos países, como el medioambiente, la paz total o el problema de las drogas.En una reunión preparatoria entre el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, y otros altos funcionarios celebrada este martes se acordaron "las áreas prioritarias que se abordarán durante la décima versión del Diálogo de Alto Nivel", según informó la Cancillería colombiana en un comunicado.Se trata de temas como "la implementación de la Paz Total en los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) bajo un enfoque diferencial, el cambio climático y la transición energética, la cooperación en la lucha contra el problema mundial de las drogas".Claridades del mininterior sobre ley de sometimiento: "Nadie puede negociar en nombre del Gobierno"Pero los dos países también hablarán sobre "el cierre de brechas y la creación de nuevas oportunidades económicas y sociales, el fortalecimiento de capacidades educativas y científicas, el fortalecimiento de la democracia, la gobernanza, la transparencia y el acceso a la Justicia", según el comunicado.Desde su llegada a la Presidencia, Gustavo Petro ha querido repensar la relación con Estados Unidos, sobre todo en términos de drogas, incidiendo en que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que hay que replantear el asunto como "un problema mundial de las drogas".
Un informe de inteligencia conocido por Noticias Caracol advierte que el ELN estaría preparando ataques contra la fuerza pública para generar impacto mediático en el marco de los diálogos con el gobierno colombiano.ELN se atribuye asesinatos de militar y policía en Norte de Santander"Que demuestre su vigencia en su accionar político y retomar fortalecido las exigencias en la mesa de diálogo en México", señala el texto.El documento también revela apartes de las instrucciones del comando central y la dirección nacional del ELN a sus frentes, haciendo alusión al atentado terrorista a la Escuela General Santander, que cobró la vida de 23 cadetes de la Policía en enero de 2017.“Al continuar la presión militar y la ejecución de operativos militares contra nuestros dirigentes y fuerza en los territorios, debe responderse con una acción similar a la del 17 enero de 2019".La Policía Nacional confirmó la alerta ante el riesgo de ataques por parte del frente de guerra urbano del ELN.Revelan prueba de supervivencia del sargento Libey Danilo Bravo, secuestrado por el ELNLa metodología y los antecedentes recurrentes, "como ocurrió en la Escuela General Santander y como ha ocurrido en otros sectores” sería de “atentados terroristas con explosivos y atentados terroristas a personalidades”, informó el general Tito Castellanos, jefe nacional del servicio de Policía.Por eso, en 10 capitales aumentaron los controles y labores de inteligencia."Las ciudades capitales -Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Neiva, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla-, son 10 ciudades que tenemos priorizadas, (en las) que nosotros, a través de nuestras Fuerzas Militares, la Fiscalía y la Policía, estamos realizando labores de prevención", enfatizó el general Tito CastellanosAnte la alerta en 15 municipios de los departamentos de Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Cauca, la Policía también activó planes especiales de seguridad.Compromisos de segundo ciclo de diálogos entre ELN y GobiernoTras doce días de reactivarse el segundo ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno nacional y el ELN en Ciudad de México, ya se conocen las primeras conclusiones de este encuentro.Entre ellas están: la caracterización del ELN como organización política, la creación de un mecanismo de comunicación de la delegación de esta guerrilla y adoptar los informes de las caravanas humanitarias realizadas en el Bajo San Juan y el Bajo Calima. Sobre el cese al fuego se conoció que avanzan a buen ritmo.“Igualmente, hemos avanzado ya en la definición compartida del proceso de paz para abordar la agenda de conversaciones y atendido, además, una serie de denuncias sobre violaciones de derechos humanos e infracciones de derecho internacional humanitario. Estamos listos para comenzar en los próximos días a abocar el tema de la participación y también del cese al fuego”, indicó Iván Cepeda, del equipo negociador del gobierno.
La embajadora de Alemania en Colombia, Marian Schuegraf, habló con Gloria Castrillón, periodista de Colombia+20 de El Espectador, sobre paz y medio ambiente en Colombia. Analizó la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro, habló del sometimiento a la justicia de las bandas criminales y anunció que viaja a México al segundo ciclo de negociaciones con el ELN.Este lunes comienza segundo ciclo de diálogos de paz entre Gobierno y ELN: ¿qué temas se tocarán?“Alemania toma este papel de país acompañante muy en serio y apoya plenamente el proceso, no solamente en lo que se refiere a las negociaciones, pero también a los resultados que se alcanzan en este proceso. Creo que Alemania está muy vinculado al proceso de paz en Colombia desde hace muchos años, ya 25 años atrás Alemania era sede de conversaciones con el ELN”, manifestó Schuegraf.En ese sentido, mencionó que “hoy en día se está estableciendo el grupo junto con Suecia y Suiza" y "un fondo para financiar las negociaciones y también proyectos". "Por eso, me voy pronto a México por el segundo ciclo”, dijo.Frente a la paz total del presidente Gustavo Petro, manifestó el apoyo de Alemania a la propuesta, pues dice que Colombia debe superar el conflicto.“Nosotros apoyamos plenamente esta paz total, lo importante sería salir de una vez por todas de este tema del conflicto. Visto desde afuera, se vincula a Colombia siempre con el tema del conflicto, hay que superar esto y atacar otros temas del futuro como la digitalización, innovación y otras”, indicó.Gobierno Petro y oposición convocan movilizaciones esta semana: “Marchas no son acto de presión”Frente a negociar con los grupos que ejercen el narcotráfico, dijo que “hay que acabar con estas bandas, hay que involucrarlas al proceso de paz total, pero como no tienen estatus político hay que someterlas a la justicia. La manera en la cual esto se haría hay que encontrarla también en una discusión con la sociedad”.Asimismo, también se refirió a los diálogos con grupos que se apartaron del acuerdo de paz o que incluso no lo firmaron, como disidencias de las FARC. “Si se necesita esta paz total, hay que involucrarlas, quizás bajo condiciones más duras porque hay también la credibilidad del Estado colombiano, entonces eso podría ser un camino”, puntualizó la embajadora de Alemania en Colombia.Segundo ciclo de diálogos con el ELNEsta nueva etapa de los diálogos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN se presenta luego de superar la crisis sobre un cese de hostilidades que no se había pacto entre las partes.“La delegación de Gobierno está por salir con destino a México a las conversaciones de paz… La agenda de trabajo está claramente delineada, vamos a terminar de discutir cuáles son los puntos que conforman la agenda de diálogos de paz con el ELN”, señaló el senador Iván Cepeda, uno de los integrantes de la delegación del Gobierno en las negociaciones.El congresista Iván Cepeda agregó que esa agenda será presentada ante el país y la comunidad internacional y que esperan, a partir de la tarde de este domingo, 12 de febrero de 2023, “poner manos a la obra” en ese proceso.
El fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió al pasado del presidente Gustavo Petro para explicar por qué el proceso de negociación que hubo con las extintas FARC y el que se adelanta con el ELN no es igual al que se pretende con otros grupos ilegales en el marco de la paz total.Puede ver: ¿Qué narcos estarían ofreciendo plata para colarse en la paz total?El funcionario se refirió a la creación de ley de sometimiento a la justicia, sobre la que “hay una iniciativa de gobierno frente a esto, la van a presentar seguramente al Congreso, habrá algunas discusiones sobre cuáles son los diferentes temas”.Dicha norma tendría que ver con grupos ilegales en los que hay personas que “no han cometido solamente delitos de narcotráfico, esas son las personas que han asesinado a los defensores de DD. HH., a los líderes sociales, a los reincorporados que han participado en delitos de tráfico de migrantes, de violación de menores, es decir, usted no puede someter a la justicia a unas personas para después decirles que van a ir al Congreso de la República porque no tienen además origen político”.“Esto es distinto a las FARC. En ese sentido el apoyo nuestro siempre ha estado atado a leer bien esos acuerdos y esa paz total, que creo que es lo que planteé con mucha claridad al presidente”, precisó el fiscal Barbosa.“Cuando usted tiene el ELN hay un origen político, y creo que todo el país lo reconoce y reconoce al presidente Gustavo Petro como una persona legítima para poder hablar de ese tema por su misma condición, porque es una persona que surgió en el marco de una desmovilización, hizo una tarea y creo que es importante decirlo”, mencionó el director del ente judicial al referirse al pasado del presidente, exguerrillero del M-19.Fue enfático en decir que respecto a la guerrilla del ELN “nosotros hemos levantado órdenes de captura, esa suspensión no ha tenido problema porque está fundamentada en una norma legal”.Sin embargo, “cuando hablamos de sometimiento a la justicia, el sometimiento a la justicia parte de la base de la existencia de unos criterios de justicia retributivos, es decir, de cárcel. ¿Qué quiere decir? Una persona que mató a tantos líderes sociales no puede irse a la calle a hacer política, porque no podemos volver a los escenarios de ver a ‘Mancusos’ o ver a ‘don Bernas’ hablando en el Congreso de la República”, subrayó el fiscal Barbosa.“Esa es una historia que Colombia tiene que saber que no se puede repetir y que no estamos en una generación para repetirla”, recalcó el jefe del ente judicial sobre el proceso que se pretende adelantar con grupos ilegales como el Clan del Golfo.Vea aquí la entrevista completa del fiscal general, Francisco Barbosa.Otras noticias:Así ocurrió la golpiza del periodista Juan Fernando Barona a su expareja, según FiscalíaHallan cadáver de un hombre dentro de un costal, en Bogotá: ¿qué se sabe del macabro crimen?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes al Estado colombiano por el "plan de exterminio" del partido Unión Patriótica (UP) implementado a través de diversas violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años ochenta.Tres líderes de la UP que dieron la vida por darles un pedazo de tierra a sus vecinos en UrabáLa senadora Aída Avella es una de las supervivientes del exterminio de la Unión Patriótica. En su momento, sufrió un atentado y debió huir del país. Ella le relató a Noticias Caracol lo que significa este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos."La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros", indicó el Tribunal.Según la sentencia, los actos cometidos por el Estado "constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad".¿Cómo recibe Aída Avella el fallo de la Corte IDH sobre el exterminio de la Unión Patriótica?Para nosotros hoy es el día de la justicia, hicimos muchísimas cosas en el plano nacional, pero no fue posible. Siempre nos decían que no había pruebas y los procesos eran archivados.Con este fallo se reconoce, por primera vez en el continente, el exterminio masivo para un partido. Este fallo no es solo para la Unión Patriótica, para Colombia, sino para todo el continente, y a lo mejor para todo el planeta porque seguro que va a ser vinculado el genocidio político, lo que faltaba en el acuerdo internacional, y ahora va a quedar completo.¿Por qué cree que se dio la violencia contra ustedes en ese momento de la historia?Por la intolerancia política. Fue fruto de querer estigmatizar la gente, señalarla de lo que no era, y comienza la matanza después de que obtuvimos todos esos parlamentarios, 14, en la primera vez que nos presentábamos para elecciones parlamentarias.En ese momento Jaime Pardo Leal obtuvo mas de 300 mil votos, lo que nos situó como el tercer partido político del país. La única manera de atajar el crecimiento de la Unión Patriótica fue matándonos.El viacrucis de Mónica Gaitán, una exfiscal de derechos humanos que quiso hacer justiciaLo que sí queremos es que se conozcan las personas que mandaron a hacer el genocidio. Ya sabemos que fueron los sicarios, que intervinieron las Fuerzas Militares, que nos siguieron, que hicieron miles de cosas. Pero lo que no sabemos es quiénes fueron los determinadores.Y eso es lo que la corte dice, que se tienen que conocer esos determinadores y la justicia colombiana tiene que llegar. Tengo muy pocas esperanzas con este fiscal general.¿Sabe quién estuvo detrás de su atentado?Yo estuve hablando hace un mes con ‘HH’, que fue el jefe paramilitar que planificó el atentado. Él pidió perdón y le pregunté quién les había ayudado en Bogotá. Me dijo que, generalmente, los atentados que se daban en Bogotá eran respaldados por un general Plazas, que no era el del Palacio de justicia. Entonces uno saca unas conclusiones mínimas. Sí hubo participación de las Fuerzas Militares.Agentes de la fuerza pública desaparecieron a 9.359 personas, según Comisión de la VerdadMuchos los ligaban como el brazo político de las FARC. ¿Qué tiene usted para decir de ese tema?Es que aquí estaba en planeación y ejecución eso que ellos llaman ‘el enemigo interno’. Todo el que pensaba diferente, fuera dirigente sindical, dirigente barrial, una señora ama de casa, todos eran enemigos internos y con esa teoría fue que nos mataron.Las FARC habían llegado a un acuerdo, había surgido un partido político, pero pertenecían muchas personas que no pertenecían a las FARC y como esa estigmatización se hizo tan fuerte en algunos medios de comunicación y en algunos columnistas que ya murieron -el doctor Panesso, Arturo Abella- todos ellos escribían unas columnas terribles que nos ponían no solamente como objetivo militar sino que ayudaron a todas esas cosas.Lo mas grave es que muchos ahora nos dicen “y cómo pudo pasar eso y no nos dimos cuenta”. Cómo no se iban a dar cuenta…sabían, pero miraban para otro lado.
Desde Tolouse, Francia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer detalles de la conversación que sostuvo con el fiscal general, Francisco Barbosa, sobre la solicitud de suspensión de órdenes de captura de integrantes de grupos armados, en el marco de la llamada paz total. Este tema causó discordia pues tanto el fiscal general como la procuradora general mostraron sus reparos.“Yo no soy subalterno del presidente Petro”: fiscal Francisco BarbosaEl presidente Gustavo Petro señaló este viernes en un trino que sostuvo una conversación con Francisco Barbosa y que este “tiene razón en algunos temas”.También agregó que el próximo 30 de enero se reunirá con el fiscal general para hablar sobre el tema de la suspensión de órdenes de captura y la paz total.“Yo estaba un poco sorprendido porque era por prensa que estaba viendo el tenor de las fricciones, traté de preguntarle de qué se trataba. Más o menos me comentó, creo que son cosas que se pueden solucionar, por eso quedamos de hablar el 30 de manera personal”, afirmó el mandatario desde Francia.El presidente dio a conocer que una de las sugerencias que le hizo el fiscal general es que debían tener una mayor evaluación de las personas que tendrán la conversación y negociación con el Ejecutivo.“Es en la selección de las personas que estas diferentes organizaciones ilegales hacen de acuerdo a la ley, pero que el Gobierno tiene que estudiar a profundidad y creo que en eso el fiscal general tiene mucha razón”, afirmó Gustavo Petro.Las críticas de la procuradora generalPero el fiscal general, Francisco Barbosa, no ha sido el único alto funcionario que ha mostrado su desacuerdo con la solicitud del presidente de levantar las órdenes de captura a algunos miembros de grupos armados para que participen en el proceso de paz total.“Extraditables no tendrían beneficio de levantamiento de órdenes de captura”: ministro Alfonso PradaEn entrevista con Noticias Caracol, la procuradora Margarita Cabello se refirió a la controversia que se ha suscitado en el país por la solicitud del presidente Gustavo Petro de levantar órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y de Los Pachenca, dos organizaciones delictivas de alto impacto y de vínculos con el narcotráfico.Con la propuesta, el gobierno Petro busca avanzar en unos diálogos de paz y de sometimiento a la justicia en el marco de la paz total.La procuradora Margarita Cabello manifestó: “La Constitución es básica en decir que hay que buscar la paz y el Gobierno quiere fundamentarse en busca de la paz, a través de su ley 2272 sobre paz total, pero hay unos límites constitucionales. También que hay que tener en cuenta que el poder judicial es el llamado a determinar, en sentido del nombramiento de los representantes o los voceros, si les da la libertad o levanta las órdenes de captura o no con fundamento en algunas características o determinaciones especiales que no fueron entregadas con claridad en la solicitud ante la Fiscalía. Ahí es donde está la diferencia”.
A la negativa de la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura contra 18 cabecillas del Clan del Golfo ahora se suman las declaraciones del director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, quien dijo que no se está actuando contra los grupos que hacen parte del proceso de la paz total determinado por el gobierno.En contexto: Policía confirma que no está tras 18 criminales “que hacen parte del proceso de paz”Los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro “establecen no acciones ofensivas, es decir operativos militares o policiales de ir a buscarlos en sus zonas campamentarias, pero frente a la presencia de ellos en sitios donde haya procedimientos de policía o haya orden de captura vigente, serán objeto de captura”, explicó el alto oficial.En otras palabras, las cabezas visibles del Clan del Golfo, por quienes se ha ofrecido una millonaria recompensa, no serán perseguidas por la justicia.Pero otra cosa dijo el fiscal general, Francisco Barbosa, quien expresó que no se pueden levantar las órdenes de captura porque la ley no permite ese procedimiento con grupos que no tienen estatus político.De forma distinta piensa el senador Iván Cepeda, autor de la ley de paz total, quien aseguró que “el artículo octavo, parágrafo segundo de la ley 2272 del año pasado, precisamente da el sustento a esa decisión, así que es incomprensible esta obstinación del fiscal al no querer proceder de acuerdo a la ley”.Le puede interesar: ¿Quiénes son los 16 paramilitares para quienes el Gobierno pidió suspender órdenes de captura?Expertos opinan sobre la paz totalEllos consideran que la controversia jurídica radica en la falta de claridad y una hoja de ruta por parte del Gobierno nacional.“Es decir, ¿en dónde se suspenden las operaciones? En todo el territorio nacional, en unos departamentos, contra qué tipo de acciones… De otra manera genera muchos sectores de la opinión la idea de que el Estado está en cierta medida entrando en una especie de parálisis de sus funciones y eso no es bueno para la sociedad”, expresa Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional.En la misma línea opina Jorge Restrepo, director del Cerac, quien considera que “eso debe hacerse con método, con seguridad jurídica para todas las partes y sobre todo sin buscar beneficiar a una organización criminal sobre otra y lograr muy rápidamente, no solamente el sometimiento a la justicia, sino el desarme de estas organizaciones criminales”.Mientras la polémica continúa y se aclaran los límites de la llamada paz total, lo cierto es que en los territorios las comunidades reclaman acciones coherentes de desescalonamiento de la violencia del Clan del Golfo, un grupo criminal con 3.300 integrantes, con presencia en 22 departamentos y responsable de la violencia actual en Chocó y el Bajo Cauca antioqueño.Vea también:"Pasajero de avión accidentado en Nepal transmitió en Facebook la tragedia": fuertes imágenesDetienen a un anestesista colombiano por presuntamente cometer abusos sexuales durante cirugías
El colombiano Juan Camilo L.C. fue condenado a cuatro años de cárcel en España por agredir a un enfermero, que perdió un ojo luego de que le pidiera a su agresor que se pusiera el tapabocas en el metro. Cuando el sujeto cumpla su pena será expulsado del país, pues se encuentra en situación irregular.A las puertas de un juzgado, padres apuñalan a adolescente señalado de asesinar a su hijoEl Periódico de España adelantó la sentencia, a la que tuvo acceso EFE, en un caso que tuvo en su momento una notable repercusión mediática en la nación europea.La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó por agredir a un enfermero en el metro de la ciudad en el año 2021, tras exigirle que se pusiera el tapabocas, cuando era obligatorio usarlo en el transporte público debido a la pandemia del COVID-19.Las autoridades judiciales consideraron que el colombiano era autor de un delito de lesiones dolosas porque quiso pegarle, pero sin pensar que le podía causar la pérdida de un ojo.Además, decretó su expulsión de España por diez años una vez cumplida la pena y le ordenó pagar una indemnización de más de 76.000 euros a la víctima.La Fiscalía había solicitado ocho años de prisión y más de 80.000 euros de indemnización, al entender que el enfermero sufrió una lesión con pérdida de un órgano principal que es irreversible.El condenado, que entonces tenía 19 años, dijo en el juicio que sintió pánico y sólo quería apartar a un hombre mayor que le había pegado, por lo que su letrada solicitó que fuera sentenciado por un delito de lesiones imprudentes, con el atenuante de consumo de sustancias estupefacientes.El enfermero agredido reconoció en el juicio que agredió al colombiano para apartarlo después de que fue atacado, pero cuando todo parecía que había acabado y el joven se iba, volvió sin que lo viera y lo golpeó en la cara.La sentencia considera que el colombiano era responsable de un delito de lesiones dolosas con imprudencia grave, mientras que la Fiscalía veía voluntad deliberada en su conducta y la acusación particular le acusaba de tentativa de homicidio.El tribunal sostuvo que la conducta del acusado fue dolosa en cuanto a la acción de dar un puñetazo, pero imprudente en lo referido al resultado final provocado, ya que el que le provocara el estallido del globo ocular era poco probable.Aun habiendo utilizado el colombiano un teléfono celular para golpear al enfermero, "no era altamente probable" que el impacto causara la pérdida de un ojo, señaló.Joven de 20 años asesinó a puñal a su tía porque lo obligaba a estudiar
El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar con el objetivo de resaltar la importancia de los personajes que desempeñan esta labor y reivindicar sus derechos como empleados. La jornada, que se celebra desde 1988, se proclamó en el marco del primer Congreso de Trabajadoras del Hogar realizado en Bogotá.Le puede interesar: “Si la reforma laboral se aprobara tal cual está, sería como retroceder 15 años”: gerente de RappiCabe resaltar que este tipo de oficio es ejercido principalmente por mujeres, que prestan sus servicios para el cuidado y bienestar de otras personas realizando las tareas de cocina, limpieza en el hogar y haciendo el papel de cuidadoras de niños, adultos mayores y/o enfermos dentro de las familias.Según los datos recogidos por la Cepal y la OIT, se estima que de entre los 11 y 18 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, el 93% pertenecen al género femenino.Este oficio, que suele ser muy exigente pero poco reconocido en la sociedad, se desarrolla principalmente desde la informalidad, por lo que las empleadas no tienen garantías ni condiciones de empleo dignas y justas. De acuerdo a las cifras otorgadas por las entidades anteriormente mencionadas, a nivel regional el 77,5% de las mujeres que se dedican a esta labor lo hacen de manera informal, mientras que entre el 10,5% y el 14,3% lo hace en condiciones precarias, sin acceso a protección social.Vea también: Presidente Petro cuestionó a rappitenderos que se manifiestan contra la reforma laboralFidelina Balcázar, perteneciente al sindicato de empleadas domésticas (Sintrasedom) y líder comunal, señala que muchas de las trabajadoras de este gremio son violentadas por sus empleadores principalmente de manera verbal y psicológica, que se aprovechan que son personas que vienen del campo o del extranjero en búsqueda de un sustento para su hogar.No obstante, recalca que por ley, las empleadas que atienden a una misma familia diferentes días de la semana tienen derecho a seguridad social, días de vacaciones y prestaciones sociales, pero muchas veces los patrones no les garantizan estas condiciones y no las reciben.Fidelina sale de su casa todos los días desde las 6:30 de la mañana y, tras una larga jornada de trabajo, regresa a las 7:30 de la noche para hacer la limpieza de su propio hogar. Antes de salir prepara la comida y deja todo listo para sus hijos, a quienes ha sacado adelante de cuenta del oficio y ahora son profesionales.Con la reforma laboral, la líder comunal del gremio espera que mejore la calidad de vida de las empleadas domésticas al formalizar sus contratos de trabajo: “Ojalá se cumpla todo eso que proponen ahí. Esperamos que todo esto que está sucediendo nos beneficie porque sí los necesitamos, nos tienen olvidadas”, puntualiza.Le recomendamos: Mintrabajo a Rappi: “Injusto que empresa de US$1.000 millones no tenga cómo dar garantías”
El salario mínimo en Venezuela, que ha aumentado desde hace un año de 7 bolívares (1,60 dólares) a 130 bolívares (29,68 dólares), se ha reducido desde entonces un 82% en su equivalente en la divisa estadounidense -referencia en el país para fijar precios- hasta 5,31 dólares, como consecuencia de la devaluación de la moneda local.Caso Pdvsa: avanzan las audiencias contra funcionarios vinculados al escándalo de corrupciónLa caída del sueldo, en un país donde casi todo -hasta la gasolina- se cobra en dólares, afecta, principalmente, a los trabajadores públicos y a los pensionistas -que reciben al mes el equivalente a un salario mínimo-, quienes han protagonizado más de 1.500 protestas desde enero, según ONG, para exigir un aumento de sus ingresos. Aunque la ley venezolana establece que el salario debe cubrir las necesidades básicas del hogar, una familia de cinco personas necesita, al menos, 482,26 dólares al mes para sus gastos en alimentación, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), referencia ante la falta de cifras oficiales.Funcionarios y jubilados, entre los más afectados por el salario mínimo en VenezuelaEl economista y profesor universitario Leonardo Vera dijo que el último año ha significado, "sobre todo para los asalariados del sector público y para una gran masa de pensionados y jubilados", que en Venezuela "suman más de 5 millones de personas", un "deterioro muy significativo en el poder de compra de su ingreso y en sus condiciones de vida". Por otra parte, en el sector privado, donde "los ajustes salariales son más flexibles", se ha visto, "en los últimos dos años, un mejoramiento de los salarios incluso en dólares". Según un reciente estudio elaborado por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), el salario promedio de un obrero en el sector manufacturero subió de 130 a 170 dólares entre el primer y cuarto trimestre del año pasado, lo que representa un alza del 30%. En cambio, "la realidad en el sector oficial", que incluye también "el sector educativo, el sector salud y las Fuerzas Armadas", es que el "salario no se ajusta (...) desde hace un año", en un país donde "la inflación sigue rondando los 300 % y 400 % interanual". Congelamiento del salario mínimo en Venezuela, ¿parte de una estrategia? En Venezuela, los ajustes salariales eran muy frecuentes hasta 2018, año en el que se decretaron seis incrementos, con los que sumaron "no menos de 47" desde la llegada de la llamada revolución bolivariana, en 1999, hasta entonces. Pero desde 2019, explicó Vera, el Gobierno ha venido implementando un "programa contra la inflación" con varias medidas, entre ellas "reprimir el salario, es decir, evitar los ajustes salariales a como se venían dando". "En Venezuela, desde hacía varios años atrás, los ajustes salariales se estaban dando en forma semestral, incluso en forma trimestral, (...) pero se ha tratado de ir espaciando el período de ajuste salarial", dijo. Otras medidas que conforman esta estrategia oficial "no anunciada" han consistido también en frenar el alza del precio oficial del dólar, a fin de evitar que se encarezcan los productos, y la contracción del crédito, escaso en el país.A juicio de Vera, lo recomendable sería establecer un "plan de ajustes progresivos" para tratar de que, en el tiempo, el sueldo "pueda irse aproximando a esa cesta alimentaria" cercana a los 500 dólares. Aunque, en este contexto de constantes devaluaciones y de alta inflación, lo ideal sería "marcar el salario mínimo en cualquier otra moneda (...) para tratar de proteger el poder de compra". El Gobierno, por su parte, insiste en que las sanciones internacionales impuestas contra el país -en especial, por Estados Unidos- han afectado su capacidad para pagar mejores salarios y garantizar los derechos de los trabajadores. El ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, afirmó recientemente, en la presentación de un informe ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Venezuela es un "país asediado con 923 medidas coercitivas unilaterales", por lo que trabaja junto al Observatorio Venezolano Antibloqueo para conocer su impacto y la incidencia en el salario mínimo.
Un lamentable accidente en Medellín cobró la vida el pasado martes de una mujer identificada como Aleida María Ramírez, de 54 años, quien se movilizaba en moto con su hijo, en el suroccidente de la capital antioqueña.Joven murió manejando una moto que su mamá le había ayudado a comprar semanas atrásLos hechos se registraron en la avenida Guayabal con calle 6 sur, cuando la ciudadana terminó siendo arrollada por otro vehículo.“Acompañante de motocicleta que pierde el control, cae a la vía y es atropellada por una volqueta”, indicó el reporte de la Secretaría de Movilidad de Medellín.El hijo de la víctima, quien iba manejando la moto, sufrió lesiones leves, pero se negó a recibir atención por parte del personal de salud que llegó para atender el accidente, informó Q’Hubo.El diario local señaló que las autoridades no tienen certeza de lo que causó la tragedia; sin embargo, testigos dan cuenta de dos hipótesis. La primera es que otro vehículo habría rozado la moto haciendo caer a madre e hijo y la segunda es que el vehículo se resbaló en la señalización, puesto que la vía estaba mojada.El mismo día, en otro accidente que también involucró motocicletas, murió un joven de 22 años tras chocarse con un vehículo.De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín, en lo que va corrido de 2023 han muerto 58 personas en accidentes de tránsito.Otras noticias: Estudiante fue asesinado por ladrón que tenía anotaciones por cinco delitos distintosMuerte de motociclista que llevaba su novia a casaEn Bogotá, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol registró una tragedia por cuenta, según vecinos, del mal estado de una vía.Los hechos se registraron en la avenida Primero de Mayo, en el barrio Kennedy Central, sur de la capital colombiana. Un motociclista murió y su acompañante quedó gravemente herida luego de resbalar en la carretera.Cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre al volante perdió el control y cayó al suelo. El conductor falleció en el lugar de los hechos.Otros habitantes de la zona aseguraron que esa parte donde ocurrió el accidente estuvo cerrada bastante tiempo por una obra y que las autoridades la volvieron a abrir, a pesar de que no estaba terminada.El motociclista fallecido habría acabado de salir del apartamento de su mamá y procedía a llevar a su novia a la casa cuando ocurrió el siniestro que terminó en su deceso.“Por Dios bendito, tenía que suceder esto. Me parece inaudito, impotencia siento”, dijo una vecina del sector.
El creador de contenido Luis Villa, más conocido como Westcol, ha sido centro de polémica en redes sociales por cuenta de comentarios homofóbicos que causaron indignación, en especial, en la comunidad LGBTI.Otras noticias: ¿Ya se le bajaron los humos? Doña Magda, la señora que humilló a policía, recibió dos comparendosDebido a esta controversia, una reconocida marca decidió que no contará en un futuro con los servicios de Westcol para futuras campañas.El comunicado fue publicado en las últimas horas en la cuenta de Instagram de Doritos en Colombia.“Desde Doritos Colombia promovemos la autenticidad, defendemos la autoexpresión, celebramos la diversidad y la lucha por la igualdad. En ese sentido, las recientes actuaciones del influenciador mencionado en los comentarios de nuestras redes sociales no están alineados con nuestros valores y principios de marca. Por esta razón, hemos eliminado las publicaciones que lo involucran y no volveremos a contar con sus servicios en futuras campañas”, indicó la empresa.La decisión se dio a raíz de una avalancha de comentarios en la cuenta de la marca en contra de Villa.Usuarios en redes sociales aplauden la determinación: “Bien por @DoritosCol. La homofobia no es un chiste”, “acá funciona muy bien esa expresión de ‘tres doritos después’”, “Doritos corta relación comercial con Westcol, con esto demuestra su compromiso con la inclusión y la diversidad”.Amenaza de bomba en concierto de Romeo Santos retrasó presentación¿Qué dijo Westcol?En medio de una interacción con seguidores en la Switch alguien le comentó a modo de chiste que le iban “a llenar la casa de manes”. Con su característico lenguaje, Westcol respondió: “Huevón, pueden decirme lo que quieran, pero eso sí no va conmigo. Ah, que ‘Westcol es un homofóbico’, cero, perro”. No obstante, empezó con una serie de expresiones cargadas de violencia, acompañadas de groserías.“No me traigan otro man. Enciendo esa… a balín (…) lo fulmino a balazos (…) que no vengan a joderme la p* vida, que hagan sus m* lejos de mí”.A pesar de insistir en que no es homofóbico, sus violentas expresiones lo tienen en el ojo del huracán. Luego en su cuenta de Twitter ha dicho que “lo sacaron de contexto”.Además, esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelto el creador de contenido, quien también hizo comentarios contra la ciudad de Ibagué.También, durante una transmisión de Twitch, exclamó: “Ni por el hp, eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hp hueco, eso nunca pasará”, refiriéndose a que cuando la gente habla de Colombia nadie mencionaría ciudades como Ibagué o Cúcuta.
