Los periodistas de Putumayo decidieron cesar sus labores durante 48 horas, debido a las amenazas y señalamientos que han recibido en medio del paro nacional.Varios de ellos denuncian el riesgo del ejercicio periodístico dentro de las manifestaciones. Con la lectura de un comunicado, a las 6 de la mañana, los medios cerraron, durante el jueves y el viernes, las emisiones de noticias en el Putumayo. Aseguran sentirse maltratados por marchantes y líderes del paro.“La comisión de derechos humanos del comité de paro departamental sacó un comunicado dando a entender que desde La Puya Radio, se estaba incitando al odio, al racismo y a otras situaciones, pero no directamente desde el tema editorial o contenidos de La Puya Radio”, recalcó el director de La Puya Radio, Benjamín Córdoba.Todo se complicó esta semana durante el cubrimiento de las protestas. Por ejemplo, en Mocoa, uno de los comunicadores fue agredido luego de una manifestación de comerciantes que rechazaban el bloqueo de las vías.“Por sentar mi posición de apoyo al paro, pero de estar en contra de los bloqueos, incitó a la muchedumbre a irse en contra mía diciendo que era el periodista que estaba en contra del paro, por poco me linchan”, expresó German Ortiz, director de una emisora comunitaria.La comunidad, que sigue a los medios, manifestó su preocupación.“Opinar es un derecho y respetar es un deber. La discrepancia ayuda y nutre al argumento, los colombianos debemos aprender a respetar nuestras diferentes ideas”, declaró Alexander Africano, un habitante de Mocoa.A la espera de respeto y tolerancia por el oficio de los periodistas, ellos han prometido retornar con su labores el próximo lunes.
Una persona muerta y seis heridas dejaron enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en el campo petrolero Costayaco, en Putumayo.El joven fallecido fue identificado como Jhon Danny Rosero, de 22 años, entre los heridos se encuentran tres militares y tres indígenas. Los enfrentamientos, según las autoridades, se originaron cuando los manifestantes intentaron ingresar a la fuerza al lugar.“Se presenta una confrontación entre el Ejército Nacional y estas personas, agreden en forma violenta a los soldados. De esta agresión resultan dos militares gravemente heridos, han sido evacuados por parte de la Defensa Civil”, indicó el coronel Francisco Gelvez, comandante de Policía de Putumayo.Vea también: CIDH visitará Colombia del 8 al 10 de junio para observar situación de DD. HH.El gobernador, que hizo presencia en la zona, quedó en medio de los choques.“Golpearon la camioneta, abrimos las puertas, nos iban a bajar, nos iban a echar piedra, nos iban a quemar el carro”, aseguró Álvaro Granja, gobernador de Putumayo.Por su parte, el alcalde de Villagarzón, José Andrés López, hizo un llamado al diálogo.“Creo que aquí la salida a este problema nacional son los diálogos, para evitar confrontaciones, y buscar unos acuerdos que permitan avanzar”, manifestó el mandatario.En un comunicado, la Organización Zonal Indígena informó que uno de los tres heridos está grave e hizo un llamado para la protección de los derechos humanos en el marco de la protesta pacífica.
En una carpa, un turista alemán que estaba desaparecido trataba de subsistir al hambre y a la sed cuando fue encontrado por las autoridades en las selvas de Putumayo.Ya en Mocoa, el Ejército y la Policía hidrataron al turista de 29 años, quien padeció en su odisea.“Se estabilizó y presentaba grado de deshidratación 2, de igual manera laceraciones en sus extremidades”, manifestó el general Héctor Fabio Aristizábal, comandante de la brigada 27 del Ejército.El joven se extravió luego de experimentar un ritual con yagé, mezcla de plantas ancestrales de los indígenas del Amazonas.“Quiso probar y tuvo estos efectos en donde perdió la orientación y la ubicación”, señaló el coronel Héctor Sánchez, subcomandante de la Policía de Putumayo.El extranjero había llegado a Mocoa el pasado 13 de abril con otros turistas, específicamente a un cabildo indígena.Al consultarle por qué se había ido del lugar donde estaba, respondió lo siguiente. “No estaba a gusto con los sitios en donde están las personas, entonces estaba tratando de buscar la tranquilidad de la naturaleza”, dijo su traductor.El hombre caminó por bosques y la vía hacia el Huila, hasta que se internó en la zona donde ya no pudo avanzar más.El joven turista fue llevado al hospital de Mocoa para continuar con su recuperación.
“Estamos cansados de las fumigaciones con glifosato que tanto daño le han hecho a nuestro departamento”, dicen comunidades campesinas del Putumayo que rechazan de forma unánime el anuncio del Gobierno de reiniciar las fumigaciones con glifosato.“Primero, por el impacto que va a causar en la salud humana y la salud de la naturaleza. Segundo, porque va a crear un problema fronterizo, porque cada vez que hay fumigaciones se emigra o se va al Ecuador. Tercero, genera un desplazamiento masivo a otras ciudades”, explica Eder Sánchez, director de ANUC Putumayo.Las protestas ya han registrado enfrentamientos con la fuerza pública, pero hay temor porque se puede repetir la historia que se vivió en el año 1996, cuando se registró un gigantesco paro cocalero en varias regiones del país.“Creo que la vamos a repetir y, como dice el cuento, la vamos a repetir duplicada y con una disposición de las organizaciones campesinas, las organizaciones de cocaleros, mucho más propensa a enfrentar las medidas que retoma el gobierno para reiniciar las fumigaciones”, afirma el profesor Gabriel Tobón, de la facultad del Hábitat de la Universidad Javeriana.La firma de los acuerdos de paz trajo una esperanza para miles de familias campesinas que vieron allí una oportunidad para dejar atrás los cultivos coca, pero luego de cuatro años el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS) parece que no arranca, advierte Krystina Lyon, antropóloga estadounidense radicada en el Putumayo y quien sigue de cerca esta problemática desde hace ya varios años.“El diseño del PNIS no es un diseño integral, no hay un entendimiento de esa problemática de forma integral, entender que esa problemática de la coca no es un asunto económico sino también un asunto de reformas en todos los sentidos, de intervenciones en los territorios con participación ciudadana y políticas diferenciales”, detalla.La lenta implementación de los acuerdos o de una reforma rural integral ha dejado a centenares de familias que le habían apostado a la estrategia oficial, entre la espada y la pared, cuenta Lyons.“El PNIS replicó lamentablemente los mismos modelos del Plan Colombia, que también fracasaron en su momento, porque el asunto no es solo dar un subsidio a una persona para reemplazar un cultivo con otro, sino que hay una necesidad de mirar el asunto de forma integral”, insiste la antropóloga.La llegada de los grupos armados ha generado un ambiente más hostil contra los líderes sociales. Panfletos amenazantes los pusieron en la mira de los violentos.“Hoy, varios líderes han tenido que salir, como la compañera Yuri Quintero que ha tenido que salir del departamento. El compañero Wilmer acaba de ser amenazado y varios compañeros están siendo judicializados. Es un llamado a que garanticen los derechos humanos y la vida de los líderes sociales”, dice Sánchez.Por eso, las tensiones se hacen cada vez más fuertes y las comunidades campesinas enfrentan la posición del gobierno de erradicar con glifosato, en vez de sustituir los cultivos ilícitos.“Le decimos al señor presidente que, antes empezar a pensar en fumigaciones, venga al territorio directamente para que nos sentemos y revisemos los acuerdos que hace tres años pactamos y hoy son un tema de incumplimiento”, es la solicitud de Edwin Narváez, vocero del movimiento campesino cocalero y agrario.Pero el gobierno insiste en que la fumigación es la herramienta más eficaz para acabar con la expansión de los cultivos ilícitos.“La posición del presidente de la República y del gobierno colombianos ha sido que la erradicación es una herramienta fundamental porque hoy el problema más grande que tenemos de seguridad en Colombia es producto del narcotráfico. El narcotráfico es la gasolina que lleva a estos grupos criminales a asesinar a líderes sociales”, afirma Daniel Palacios, ministro del Interior.Académicos rechazan fumigacionesMientras la tensión en los territorios crece, muy lejos de allí - en los laboratorios de toxicología acuática de la Universidad Nacional - el profesor José Fernando González continúa con las investigaciones que inició hace 16 años para determinar cómo el herbicida afecta a los peces y a los cuerpos de agua.“De los diferentes tipos de análisis que hicimos encontramos que había efectos en diferentes sistemas corporales, el nervioso, el sanguíneo, el respiratorio, el hepático. Todos fueron afectados en mayor o menor grado por la exposición al glifosato”, explica el director del laboratorio de Toxicología Acuática de la Nacional.Para él, lo que ocurre en los peces perfectamente se puede ver replicado en los seres humanos.“Uno busca que lo que encuentra en los peces, en este caso en el modelo de nosotros usamos, pueda ser extrapolado, por lo menos prever qué puede suceder. Muchas de las cosas que nos pueden mostrar son de cambios en la bioquímica de sus tejidos, en la arquitectura de los tejidos que podemos sufrir nosotros”, dice el experto.También desde la academia un nutrido grupo de investigadores de varias universidades de Colombia y Estados Unidos le hicieron un llamado al gobierno de ese país para que revise las numerosas evidencias científicas sobre el uso adverso del herbicida y reconsidere su apoyo a la aspersión.“Biden ha sido muy enfático en que apoya el acuerdo de paz y allí se dejó estipulado que la fumigación sería un último recurso, después de haber intentado otras estrategias y después de haberlo concertado con las comunidades”, señala María Alejandra Vélez, directora de Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.El gobierno ha buscado acercamientos con los campesinos cocaleros del Putumayo. Por eso, recientemente se instaló la mesa departamental para escucharlos. El gobernador piensa que se puede construir un desarrollo acorde a las comunidades.“Hay inversión social, están las universidades, hay una serie de instituciones que quieren desarrollar proyectos dentro de la cadena productiva y, a la vez, llegar a la comercialización. Hay organismos internacionales, está la ONU, que quiere hacer trabajos con la comunidad”, puntualiza el gobernador Álvaro Granja.El problema es que mientras el estado va a un ritmo muy lento, los grupos armados ya están de nuevo en la zona.En un video conocido recientemente se observa a los llamados comandos de la frontera, un grupo disidente de las desmovilizadas FARC, alistándose y diciendo que “con las armas nos opondremos a la erradicación forzada y a la aspersión del glifosato por su impacto adverso a los humanos y a la naturaleza”.Observadores e investigadores coinciden en que, como están las cosas, se vive un retroceso hacia la situación de tensión de los años 90 y que podría estallar un nuevo conflicto social de imprevisibles consecuencias.
Recientemente, disidentes de las extintas FARC anunciaron, en un video, que varios frentes se van a unificar. Además, se declararon en contra de los procesos de deforestación que se vive en las selvas de Colombia y pronunciaron discursos ambientalistas.¿Qué hay detrás de la voluntad ecológica de los miembros de las disidencias? ¿Es una estrategia militar o pretenden ganar adeptos con el discurso?Los miembros de los Comandos Bolivarianos de la Frontera, que delinque en Putumayo, recientemente anunciaron su adhesión a la Segunda Marquetalia de Jesús Santrich.Ellos fueron los que grabaron el video en el que demuestran una postura ambientalista y protectora de los recursos naturales.“Pedimos respeto para el agua, el aire, la flora y la biodiversidad. No permitiremos la práctica del fracking en la frontera. Los Comandos Bolivarianos juramos defender a los pueblos de la Amazonía”, dice un miembro de ese grupo.Los Comandos Bolivarianos también se declararon en contra de la deforestación.Para el profesor Gabriel Tobón, investigador de la Facultad de Hábitat de la Universidad Javeriana, no es extraño el discurso ambientalista de los grupos disidentes, pues les conviene arroparse con el manto que les provee la selva.“No es desconocido para nadie, o por lo menos para las personas que conocen estas realidades, que la guerrilla actuaba como un regulador de los procesos de deforestación o de procesos masivos de caza y pesca, pero lo hace, creo yo, por razones funcionales e instrumentales”, recalcó Tobón.Un factor que llama poderosamente la atención es que los disidentes no operan en las selvas que no han sido depredadas por los cazadores de madera, lo hacen en los puntos más críticos, los satélites que, según el Ideam, son núcleos de deforestación.Pero tampoco se desconoce que, así sea a fuego, los integrantes de los grupos criminales hicieron las veces de “autoridades ambientales” en las zonas en las que no llegaba el Estado.“Políticamente les conviene ponerse en defensa y protección de la selva húmeda tropical, sin embargo, ellos han tomado medidas”, manifestó el investigador.Algo que sí está claro es que una cosa eran las extintas FARC y otra las disidencias. Rodrigo Botero, director de la Fundación de Conservación para el Desarrollo Sostenible, hay intereses económicos legales e ilegales que acaban con la selva.“En el proceso de reconfiguración se han dado alianzas muy importantes que han dado como resultado el cambio en el territorio, también el proceso de apropiación tiene un fenómeno consolidado y revertirlo es difícil, porque esas alianzas generarán conflictos difíciles de solucionar”, expuso Botero.Los expertos indican que se les dificulta creer en aquel discurso ambientalista y más cuando han herido a la selva por sus intereses.“Ellos hicieron cantidad de carreteras. En algunas trabajaron conjuntamente y de forma paralela con cultivos ilícitos. También con ganadería. Hay zonas en las que llevaron procesos de colonización”, complementó Rodrigo Botero.Por su parte, Tobón cree que el discurso es una “contradicción tremenda” pues explica la lógica de “el fin justifica los medios”.Los especialistas coinciden en que el problema de la deforestación no será resuelto si no se adelanta una reforma rural integral.Mientras que el Estado no lidere el acceso y el derecho a la tierra, siempre habrá fuerzas económicas, políticas o armadas que lo quieran reemplazar y consolidarse en los territorios.
El crimen de María Bernarda Juajibioy, alcaldesa del resguardo del cabildo Camentzá Biyá, y de su nieta, Camila Luna, de un año y cinco meses, ocurrió el miércoles 18 de marzo, en horas de la noche.María Bernarda se movilizaba con su hija, Paola Patricia Pujimuy, de 22 años, y con Sofía Solarte quienes resultaron heridas y se encuentran en el Hospital de Puerto Asís.Las víctimas transitaban entre la vereda La Esmeralda con rumbo a la inspección de El Placer, en el municipio de Valle del Guamuez.Un operativo policial se lleva a cabo en la zona para hallar a los responsables de este hecho.La ONIC rechazó el crimen de la lideresa y su nieta y pidió al Gobierno nacional la judicialización de los responsables. “En los territorios indígenas hacen presencia grupos armados que ponen en riesgo la pervivencia de las comunidades. Nos están exterminando ante el silencio cómplice del Gobierno de Iván Duque”, señalaron en un comunicado......................YTConsternación en Putumayo: asesinan a lideresa indígena y su pequeña nietaEl crimen de María Bernarda Juajibioy, alcaldesa del resguardo del cabildo Camentzá Biyá, y de su nieta, Camila Luna, de un año y cinco meses, ocurrió este miércoles 18 de marzo, en horas de la noche.Ellas y dos mujeres más transitaban en moto cuando fueron atacadas por hombres armados.ONIC rechazó el crimen y pidió al Gobierno nacional capturar y judicializar a los responsables del crimen.Putumayo, asesinatos de líderes sociales, ONIC, comunidades indígenas
Miembros de la comunidad indígena La Samaritana, que residen en Puerto Leguizamo, Putumayo, piden a los uniformados de la base naval ARC Leguizamo una ayuda para facilitar la movilidad en la zona, misma que se vio interrumpida por la seguridad del recinto militar.En un video que fue enviado a la sección El Periodista Soy Yo, de Noticias Caracol, se puede ver a menores de edad que deben atravesar un humedal para llegar de un lugar a otro.“En una situación así, deberían facilitar las alternativas a la población, pero no, antes arriesgan a los niños, quienes transitan en zonas de alto riesgo. Este es un humedal que tiene más de 50 metros de largo, están expuestos a que los muerdan las serpientes”, contó la persona que denunció la situación.Conozca más denuncias ciudadanas dando clic aquí.
Hombres armados entraron a una gallera de Orito, Putumayo, y requisaron uno a uno a los asistentes del lugar.Luego uno de ellos, quien según las autoridades sería alias ‘Popeye’, se refirió a las autoridades de la región.“Con las Fuerzas Militares no pasa nada. Somos los comandos de la frontera, oyeron. Somos los que estamos aquí en el área”, dijo ‘Popeye’.Según los investigadores, el hombre pertenece al Comando Frontera, un grupo del que hacen parte disidentes de las FARC y miembros de la banda La Constru.“Vamos a controlar mucho desorden que se está presentando por aquí. Viciosos, viejas viciosas que hay por acá, drogadictos, ladrones. A todos los vamos a matar”, indicó el hombre.Lo ocurrido en el establecimiento preocupa a los líderes sociales del departamento, pues dicen que en la zona no hay presencia de las autoridades.“Eso de alguna u otra forma genera una alarma muy fuerte. Es decir, hasta qué punto tienen condiciones estos grupos para mantenerse y para hacer presencia en zona como estas, en el departamento de Putumayo”, señaló Yuri Quintero, miembro de la red de derechos humanos.Ante lo sucedido, el gobierno departamental convocó a un consejo de seguridad y le pidió a la fuerza pública militarizar la zona.“El Ejército y la Policía tienen la autonomía y el control del territorio; así lo dice la Constitución y así lo haremos cumplir. Sin embargo, que seamos todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas para poder tomar una determinación”, explicó Álvaro Granja, gobernador encargado del Putumayo.Horas después de la presencia del grupo ilegal, dos hombres presuntamente de la misma organización delictiva, que portaban una granada, fueron capturados por la Policía.
La Contraloría encontró que la demora en Mocoa es tal que las obras estarían embolatadas. Aunque se han entregado 300 casas, solo se ha avanzado en un 20% en las dos etapas en las que deben construir otras 900 viviendas, con una inversión de más de 52 mil millones de pesos.El retraso en Mocoa también se evidencia en el hospital y en el megacolegio, que debió empezar a construirse en 2018 y cuyas obras solo iniciaron hace seis meses.La Contraloría alertó que tan solo se han ejecutado entre un 10% y un 12% de los recursos destinados a este proyecto. También señaló que, a la fecha, las obras más importantes no cuentan con diseños aprobados.
En la vía que comunica a El Tigre con la cabecera municipal de La Hormiga, en el Valle del Guamuez, Putumayo, Henry Ortega, Yarleni Yela y su bebé de 9 meses fueron asesinados a tiros por sujetos que habrían interceptado la camioneta en la que se transportaban.El hombre asesinado junto a la mujer y el menor, según la Policía, es alias ‘el Químico’, señalado integrante del grupo delincuencial Comandos de Frontera.“Dos personas que nada tienen que ver, familiares de un delincuente reconocido, entre ellos un menor de edad. Un tema lamentable que pierda la vida este niño”, aseguró e l coronel Francisco Gélvez, comandante de la Policía de Putumayo.De acuerdo con las autoridades, al parecer, los delincuentes venían siguiendo a esta familia desde el municipio de Orito, lugar del que habrían salido en horas de la mañana.“Es una situación que se da por rentas criminales del narcotráfico”, sostuvo el coronel Gélvez, al anotar que ya se adelanta la investigación con la Fiscalía General de la Nación.Según las primeras indagaciones, los presuntos responsables de este triple homicidio serían las disidencias de las FARC que se disputan el control de la zona para el narcotráfico.En la base antinarcóticos de la Policía de Villagarzón, las autoridades convocaron un consejo de seguridad para evaluar la situación registrada en Valle del Guamuez y otros hechos presentados en el departamento de Putumayo.
Sigue la búsqueda de sobrevivientes en los escombros del Champlain Towers, un edificio de 12 pisos que colapsó en Miami-Dade, 55 de los 136 apartamentos quedaron en ruinas.Un estudio de la Universidad Internacional de Florida había advertido que el edificio construido en humedales recuperados se ha hundido a una tasa de dos milímetros por año en las tres últimas décadas.Las autoridades de Miami reportaron la desaparición de 99 personas, seis de ellas colombianas.Vea también: Los rostros de los colombianos desaparecidos tras colapso de edificio en MiamiColombiano busca a familiares tras desplome del edificio en Miami: “Hoy entregaban el apartamento”“Mientras se pone el sol en el día más trágico que esta comunidad puede recordar, nos solidarizamos y decimos que estamos trabajando día y noche para rescatar personas. Identificamos y declaramos seguras a 102 personas, hay 99 todavía que no hemos podido encontrar”, aseveró Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade.En Miami-Dade fue declarado el estado de emergencia, con lo que se espera acelerar las ayudas económicas para agilizar las labores de rescate en el edificio.“Estamos al tanto, estamos listos para mover los recursos federales de inmediato”, dijo el presidente de Estados Unidos Joe Biden.El gobernador de Florida, Ron deSantis aseguró que los rescatistas han tenido contacto con personas atrapadas entre los escombros.
Otra noche más de disturbios se presentó en Bogotá. Esta vez, en el Portal de Suba, donde vándalos lanzaron piedras, ladrillos y bombas incendiarias contra las instalaciones del Transmilenio en esa localidad.Videos divulgados por Blu Radio dejan ver cómo un grupo de encapuchados se acerca a la edificación, lanza objetos e intenta ingresar.Uno de ellos, encendió una bomba incendiaria y la arrojó, repitiendo escenas que se vivieron la noche anterior en el Portal Suba.Aunque se desconocen los motivos de este ataque, la noche del miércoles los manifestantes arremetieron contra las instalaciones de Transmilenio por la muerte de un joven que sufrió un impacto de un objeto contundente, fallecimiento que atribuyeron al Esmad.El deceso del joven, identificado como Cristian Castillo fue rechazado por la alcaldesa de Bogotá Claudia López y provocó tensión con la Policía.Pero este jueves, López se reunió con el comandante (e) de Policía de Bogotá, y entre ambos limaron asperezas, además, anunciaron resultados para establecer quien es el responsable de la muerte de Castillo en el Portal de Suba, además de las de otras dos personas, una de ellas en Yomasa.
En uno de los capítulos más dramáticos de la exitosa serie ‘La reina del flow 2’, Yeimy Montoya fue atacada durante la grabación de un videoclip.Yeimy Montoya, interpretada por Carolina Ramírez, fue trasladada a una clínica en donde los doctores luchaban para salvarla, pues recibió tres impactos de bala y durante la caída sufrió un trauma.De inmediato los memes se tomaron las redes sociales:Y es que sin duda, ‘La reina del flow 2’ sigue cautivando a las audiencias.Vea también:· Valentina Lizcano, Zulma en ‘La reina del flow’, dio a luz a su hija Alma
La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo alertó a las mujeres embarazadas, que deben tener cuidado en este tercer pico de la pandemia, pues cada vez son más los casos de mujeres en ese estado que llegan con complicaciones de salud relacionadas con el COVID-19.En Noticias Caracol Ahora, la doctora Sandra Olaya, miembro del comité de la AMCI, advirtió a esta población para que, ante cualquier posible síntoma, llame a su EPS o se practique la prueba correspondiente, para descartar o confirmar el contagio con el virus.Podría interesarle:Invima autorizó la vacuna de Pfizer contra COVID-19 para mayores de 12 añosLa doctora Olaya reveló que el común denominador de las mujeres embarazadas, contagiadas con COVID-19 que llegan a centros médicos, es la dificultad respiratoria; lo cual genera que en algunos casos requieran ventilación mecánica.¿Cuáles son las medidas especiales para ellas? En esta entrevista se los contamos.
“Los problemas que hay no son todos derivados al coronavirus, pero sí en gran medida”, esa es una de las conclusiones a las que llega el economista Alejandro Useche luego de conocer las cifras del DANE, según las cuales, cerca de 2,2 millones de colombianos pasaron de tres a dos comidas diarias en mayo de este año.Y es que, de acuerdo con la medición del DANE, la confianza de los consumidores cayó tres puntos ubicándose en el 27,8 por ciento; una de las cifras más bajas de los últimos meses.Podría interesarle:Prima de junio: ¿en qué la invertirán los colombianos que la reciben?En Noticias Caracol Ahora, el docente dijo que, si bien el panorama se ve difícil, un adecuado ritmo de vacunación contra el COVID-19, podría contribuir a la reactivación de la economía del país. Más detalles en esta entrevista.
