Uno de los mayores problemas que experimentan las personas a la hora de adquirir un producto es el desconocimiento sobre qué hacer si no queda satisfecho con la compra o cómo proceder si el objeto viene con un desperfecto de fabricación.Tenga en cuenta los pasos que debe seguir para realizar una devolución o reclamación cuando no quede 100% satisfecho con una adquisición.“La reclamación debe ser elevada directamente por el consumidor al proveedor de bienes o servicios. Dicho proveedor deberá responder la solicitud y argumentar por qué no accede a lo que pretende el consumidor o al cambio de los productos”, indicó Gustavo Castro Escalante, docente de la Universidad Libre.De continuar la inconformidad, usted podrá escalar la petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio."Dicha demanda puede ser presentada directamente en la página de la Superintendencia y allí tendrá que narrar los hechos por los cuales sustenta sus pretensiones. Además, tendrá que aportar la prueba por la que tiene sus pretensiones y a partir de ahí la Superintendencia tendrá que notificar a ese proveedor de bienes o servicios para que en una audiencia se tome una decisión sobre si tiene, o no, la razón el consumidor", agregó Castro Escalante.El docente también indicó que es importante que el consumidor tenga claras sus responsabilidades: “Tiene que estar informado sobre las características de los bienes que está adquiriendo, los términos de garantía, quién es el proveedor. No deben abusar de sus derechos, las reclamaciones siempre tienen que estar motivadas”.Las peticiones de los consumidores deben estar argumentadas con elementos como factura de compra y fotos del producto. Eso facilitará la investigación en caso de ser requerida.
Durante el 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio recibió más de 14 mil quejas relacionadas a los mensajes de texto con fines publicitarios, los cuales no fueron autorizados por parte de los usuarios y consumidores.Conozca cómo evitar la publicidad indeseada y cuáles son sus derechos como usuario de servicio de telecomunicaciones.
Este viernes, una de las noticias internacionales más destacadas fue la muerte del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, y en Colombia llamó la atención que el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, escribiera un trino en inglés para enviar sus condolencias.(El mensaje del príncipe Harry y Meghan Markle tras la muerte del príncipe Felipe)“Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo británico, la familia real y su majestad la reina en este triste momento en el que lamentamos la muerte de su alteza real el duque de Edimburgo, el consorte más antiguo del mundo y un hombre que dedicó su vida al servicio público”, fue el mensaje publicado por Barreto.Sorprendió, pues normalmente quienes envían estos mensajes son los presidentes o ministerios de relaciones exteriores en el mundo y lo hacen, por lo general, en su idioma de origen.Pero lo curioso es que no es la primera vez que el superintendente Andrés Barreto le envía un mensaje a través de esta red social a la realeza británica.Ya en el pasado lo había hecho felicitando a la reina por su cumpleaños.Código Caracol consultó si había alguna relación especial del superintendente con la corona británica o si había estudiado alguna maestría en el Reino Unido y la respuesta fue negativa, así que se trata solo de un acto solidario de Barreto. ¿O tal vez su sueño es ser embajador en ese país?
La contratación del servicio de transporte logístico y de los funcionarios de varias de las entidades más importantes del país habría quedado a merced de una especie de cartel empresarial que, al parecer, repartió sobornos y ajustó a su antojo los pliegos de licitaciones y subastas para enriquecerse.Los detalles del supuesto entramado de corrupción, conocidos por la unidad investigativa de Noticias Caracol, quedaron consignados en un pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que en diciembre pasado les abrió investigaciones a 43 empresas de transporte público y a 64 personas, entre empresarios y funcionarios que les habrían ayudado a quedarse con los contratos.El expediente reúne decenas de chats entre representantes de las empresas transportadoras que debían competir por los contratos y que, por el contrario, se habrían puesto de acuerdo para definir temas como las cuantías de sus ofertas de servicios o quién podía participar en determinada licitación o subasta. Así, al final, impedían que las entidades estatales tuvieran a disposición las mejores ofertas del mercado.La SIC también investiga a varios funcionarios que, al parecer, les ayudaron a los empresarios a acomodar las condiciones de los contratos.Los chats que salpican a una alta funcionariaEntre los investigados hay una funcionaria de alto perfil del gobierno. Se trata de Diana Patricia Ríos García, actual secretaria general del Departamento Nacional de Planeación, una entidad que depende directamente de la Presidencia de la República.Según la SIC, en 2018, cuando oficiaba como secretaria general del Instituto Agustín Codazzi, acomodó las condiciones de un contrato por 1.025 millones de pesos para que se lo ganara la empresa FSG, de Fernando Suárez González, la compañía más grande del sector del transporte especial.Los chats que se cruzaron la funcionaria y el empresario son reveladores.Fernando Suárez González: “¿Cuándo publican (los pliegos del contrato)?”Diana Ríos García: “Pues estoy parada por ti, esperándote”.Fernando Suárez González: “Dale entonces. Gracias por ser tan bella conmigo”.Dos semanas antes había empezado el cruce de comunicaciones entre Ríos y González. La cercanía entre ellos era tal que la alta funcionaria le preguntó al contratista si ya podía publicar los términos de referencia del contrato para proveer los servicios de transporte al IGAC, es decir, al parecer buscaba asegurarse de que el negocio se lo ganara FSG. En los chats, quedó constancia de que la entonces secretaria general del IGAC le envió información privilegiada del negocio para que el contratista lo ajustara a su medida.Diana Ríos García: “¿ya puedo publicar?”Fernando Suárez González: “Nooo, el lunes”.Fernando Suárez González: “IGAC 2018 definitivo. Documento con comentarios”.Fernando Suárez González: “Listo con observaciones rojo y verde”.Diana Ríos García: “Ok”.Dice la investigación de la superintendencia que el contratista le devolvió a la alta funcionaria el documento con los cambios que necesitaba para obtener el negocio. Diana Ríos acogió sin chistar estas modificaciones y pocos días después le envió la nueva versión del documento.Enseguida, Fernando Suárez le devolvió el documento con sus comentarios finales e incluso le advirtió que en color amarillo dejaba lo que debía quedar y en rojo lo que debía eliminar.Fernando Suárez González: “Pliego de condiciones con comentarios finales”.Fernando Suárez González: “Lo que está en amarillo queda. Lo que está en rojo, elimina. Mira el comentario para que borres”.Fernando Suárez González: “Gracias”.Al final, la secretaria general del IGAC solo acogió las primeras peticiones, según la Superintendencia de Industria y Comercio y, en efecto, la empresa FSG se quedó con el negocio.Noticias Caracol buscó a la hoy secretaria general del Departamento de Planeación Nacional, pero al cierre de esta edición no había contestado ni los correos ni los mensajes enviados a su entidad. Asimismo, se consultó al empresario Fernando Suárez. En un principio aceptó la entrevista, pero poco después señaló que, por orden de sus abogados, no podía pronunciarse para preservar la investigación.Los millonarios negocios que indaga la SICSe trata de un expediente que desde hace dos años adelantan el superintendente delegado para la protección de la competencia, Juan Pablo Herrera, y el grupo élite anticorrupción. La entidad de control halló en total posibles irregularidades en las contrataciones de 23 entidades como el Ministerio de Transporte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fonade, varias corporaciones autónomas regionales, la Gobernación del Huila y las alcaldías de Bogotá, Barranquilla y Armenia.La unidad investigativa de Noticias Caracol estableció además que uno de los objetivos de esta presunta organización ilegal fue la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.En efecto, en 2019, la entidad lanzó una subasta para contratar el transporte de sus empleados. En ese proceso detectaron que tres de las empresas oferentes, al parecer, se pusieron de acuerdo para hacer ofertas o lances coordinados por debajo del valor del contrato, con el fin de asegurarlo. Así lo cuenta la secretaría general de esa entidad.“Teniendo en cuenta que los lances llegaron por debajo del 50% del precio del presupuesto, se les solicitó a los oferentes la justificación. Ni el uno, ni el dos, ni el tres, justificaron en debida forma. Por esa razón, se formularon las denuncias correspondientes por considerar que podíamos estar frente a una irregularidad”, indicó Claudia Niño Izquierdo, secretaria general de la UBPD.Varias de las empresas de transporte investigadas hoy siguen licitando en millonarios negocios públicos.
La Superintendencia de Industria y Comercio anunció la prohibición a la comercialización y publicidad del dióxido de cloro, el polémico producto que sin ninguna evidencia científica promete ser un remedio para el COVID-19.Por el contrario, el Invima ha asegurado que el consumo del dióxido de cloro puede causar daños graves en la salud humana y en el país ningún producto que tenga este componente ha recibido registro sanitario para utilizarse como medicamento.La orden de la Superindustria es para que se retire de las plataformas digitales o páginas web que estén comercializando o publicitando el dióxido de cloro, porque están vendiendo u ofreciendo a las personas un supuesto tratamiento efectivo contra el COVID-19 y otras enfermedades sin sustento científico.Si no se cumplen estas órdenes, las multas serían de 2 mil salarios mínimos.Este fue el mismo producto que dejó mal parada a la modelo Natalia París, quien lo mencionó en sus redes sociales para que sus seguidores investigaran más sobre sus supuestos beneficios, los cuales las autoridades médicas desmienten.
La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó al señor Samir Namen suspender la venta de dióxido de cloro, luego de la polémica con Natalia París, que había sugerido el producto para prevenir el coronavirus y a quien el mismo organismo le exigió dejar de promocionarlo.El ente de control le solicitó al señor Namen indicar los medios y puntos de venta a través de los cuales comercializa la sustancia, así como la relación con nombre, contacto y razón social de sus distribuidores.Así mismo, le pidió que informe si tiene existencias del producto. Este hombre fue identificado gracias a los datos suministrados por la reconocida influenciadora y modelo paisa Natalia París.
La recomendación de Natalia París de usar dióxido de cloro para prevenir el COVID-19 puede salirle caro, pues la Superindustria de Industria y Comercio le ordenó este miércoles que cese de inmediato la promoción de esta sustancia como un supuesto tratamiento para prevenir el contagio del virus.Así lo informó la entidad en un comunicado, a través del cual también señala que la modelo y DJ de Medellín debe retirar de sus redes sociales los comentarios donde sugiere a sus seguidores tomar el dióxido de cloro.“En la decisión, que se tomó a través de la Resolución No. 21-33907 del 26 de enero de 2021, también se le requirió para que allegue información del laboratorio que elabora el dióxido de cloro que promociona en sus redes sociales, indique si el producto recomendado cuenta con registro sanitario y remita copia del mismo, y para que allegue los documentos técnicos y/o científicos que soportan los beneficios atribuidos al producto referido en sus comentarios”, subrayó la Superindustria.La entidad agregó que el Invima advirtió sobre “la inexistencia de ensayos clínicos en los que se haya evaluado o aprobado el uso del dióxido de cloro como posible tratamiento del COVID-19, e indicó que este producto no corresponde a un medicamento y que no existen registros sanitarios otorgados que avalen su comercialización en Colombia”.Contra esta orden no procede ningún recurso, además incumplirla puede acarrear multas sucesivas hasta por mil salarios mínimos legales vigentes.“Del mismo modo, en caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente y que pueda poner en riesgo la salud de las personas, podrán imponerse multas hasta por dos mil salarios mínimos legales vigentes”, señaló la entidad.La Superindustria insistió que esta sustancia puede causar graves efectos en la salud como:Insuficiencia respiratoria causada por una condición grave en donde la cantidad de oxígeno que se transporta a través del torrente sanguíneo se reduce considerablemente (metahemoglobinemia).Cambios en la actividad eléctrica del corazón, lo que puede llevar a ritmos cardíacos anormales y posiblemente mortales.Baja presión arterial mortal causada por deshidratación.Insuficiencia hepática aguda.Conteo bajo de células sanguíneas, debido a la rápida destrucción de los glóbulos rojos (anemia hemolítica), lo que requiere una transfusión de sangre.Vómitos severos.Diarrea severa.Autoridades hacen un llamado a la comunidad a informarse correctamente y hacerlo por canales oficiales para no automedicarse y terminar sufriendo por ingerir sustancias sin soporte científico.
La Superindustria impuso sanciones a las empresas de Odebrecht en Colombia, Corficolombiana, Episol y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. en liquidación, así como a 4 personas naturales.Según el ente regulador, las empresas idearon y ejecutaron “un sistema restrictivo de la libre competencia durante la adjudicación y ejecución del contrato ‘RUTA DEL SOL TRAMO 2’ por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado dichas conductas”.Las sanciones son:CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.$87.780.299.178ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.$87.780.299.178CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. (CORFICOLOMBIANA)$55.564.723.500ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. (EPISOL)$33.826.650.000CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, (CONCESIONARIA)$221.475.540GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES(Exonerado al 100% por el programa de beneficios por colaboración)$26.349.180.000LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR (ODEBRECHT)$1.755.603.135LUIZ ANTONIO MAMERI (ODEBRECHT)$1.228.975.605YEZID AUGUSTO AROCHA ALARCÓN (ODEBRECHT)$185.512.470JOSÉ ELÍAS MELO ACOSTA (CORFICOLOMBIANA)$393.991.455TOTAL SANCIONES: $295.086.710.061
Las graves denuncias hechas por la ciudadanía sobre lo que consideraron abusos por parte de algunas funerarias del país durante la pandemia tuvieron eco en la Superintendencia de Industria y Comercio.La entidad de control sancionó en primera instancia a siete de esas empresas por vulnerar el estatuto de protección al consumidor.La Superindustria encontró que varias funerarias aprovecharon para abusar de los clientes que buscaban la manera de contratar el servicio para las exequias de sus parientes muertos por COVID-19.Siete de esas funerarias fueron sancionadas en primera instancia con multas por vulnerar normas regulatorias de información, de publicad, promociones y ventas, entre ellas la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Limitada –Cooinpaz Ltda- con una multa de 70 millones 224 mil 240 pesos.“Ha impuesto una sanción superior a los 110 millones de pesos a siete funerarias, pues en el marco del COVID-19, una de ellas ofrecía publicidad engañosa, no respetaba los términos contractuales y las promociones a sus clientes”, explicó Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio.En este caso, dice la Superintendencia, uno de los cuestionamientos es que a la hora de ofrecer sus planes inducía al error al cliente, al ofrecerle inscribirse sin límite de edad, cuando en el interior del contrato decía lo contrario.Otras de las denuncias de los parientes de fallecidos por COVID-19 que investigó la Superindustria tenía que ver con el manejo de los cuerpos de sus parientes muertos.“No entregaron información del manejo de los cadáveres en medio de la emergencia por el COVID. Esta investigación se abrió después de hacer un requerimiento a más de 80 funerarias”, señaló Barreto.Las otras seis empresas fueron sancionadas con multas -que entre todas suman casi 40 millones de pesos- por obstaculizar la inspección y vigilancia tras incumplir los requerimientos de la Superindustria para verificar, entre otras, las modificaciones o restricciones en la prestación de los servicios en medio de la pandemia.
La plataforma Rappi fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con multas superiores a los 2.400 millones de pesos. La primera de las sanciones es por violar la normatividad de comercio electrónico y atentar contra los consumidores.Según la SIC, eso significa que Rappi no entregaba información mínima, no tenía una información clara o pública de precios y no se brindaba información precisa sobre el cambio a dar a los usuarios luego de que pagaran una transacción.En 2019, la SIC había decretado una orden administrativa contra la empresa. Sin embargo, esta no fue cumplida, fue ignorada y por lo tanto se les impuso otra multa de cerca de 700 millones de pesos.Andrés Barreto, el superintendente de Industria y Comercios, indicó que “dentro de las conductas que está probadas está que Rappi percibe ingresos por las transacciones que se realizan en su plataforma, así mismo, está encargada semanalmente de hacer las compensaciones por pagos, devoluciones, etc. y adicionalmente tiene sus propios mecanismos para hacer ventas sin necesidad de sus aliados”.Estas últimas, expresamente, son la figura del Rappiantojo, Rappi prime, Rappi tome y tienen métodos de pago propio como Rappi créditos y Rappi play, dijo el superintendente.“Además de eso, Rappi es quien atiende directamente las Peticiones Quejas y Recursos (PQR) de los consumidores colombianos”, añadió Barreto.Rappi aún puede solicitar una revisión a la sanción de 1.700 millones de pesos después de que entregue a la SIC todas las pruebas que demuestren que no hay espacio para la multa.Sin embargo, tanto Rappi como otras aplicaciones aseguran que, como en Colombia no está regulado este mecanismo, no deben cumplir con las disposiciones exigidas.Aunque en la SIC creen que es una plataforma de comercio electrónico y debe regirse como tal.
La actriz Isabela Córdoba, quien interpreta a ‘La Tata' en la novela ‘Vecinos’, relata su experiencia en esta producción y la trayectoria de su vida durante estos años.Mamá divertida, algo inmadura, egocéntrica y celosa. Uno de los inolvidables personajes de esta icónica serie y uno de los primeros que Isabela Córdoba interpretó en televisión.“Mi escuela más grande fue estar con este tremendo elenco. Imagínate, Robinson, Flora Martínez, un tremendo director que fue Germán”, comentó Isabela.El relanzamiento de Vecinos en 2008 continúa conquistando público de todas las edades.“Está muy bien escrita, tiene un tremendo elenco, Yo pienso que la gente ahorita quiere desconectarse un poco de todo esto que está siendo tan difícil”, dijo.Actrices de la novela 'Vecinos', socias en un nuevo proyecto laboralPero sin duda, el papel favorito de Isabela Córdoba es el de mamá. Durante una parte del rodaje de Vecinos, la actriz filmó embarazada de Jerónimo y más adelante llegó Paloma a completar la familia.“Soy muy tranqui, muy melosa, soy así que me los quiero comer más o menos a besos y los espicho, los consiento y los friego. Soy muy radical en el momento de poner límites y parámetros, porque creo que es muy importante para su vida tenerlos”, agregó.Isabela Córdoba asegura que está en el mejor momento de su vida y está preparando proyectos nacionales e internacionales.Pueden volver a reír con La Tata en Vecinos, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por el canal Caracol.
Las bancadas del Congreso de Colombia le apuestan a reestructurar el Icetex, buscando dar respuesta a los reclamos de miles de estudiantes que marcharon por la calles del país.“Que el Icetex no se siga endeudando con entidades como el Banco Mundial, porque las tasas de interés de estos créditos internacionales, o con la banca multilateral, terminan trasladándose a los jóvenes y a los usuarios”, dijo Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde.Además, se proponen topes en el cobro de los intereses.“Hacia adelante, los créditos que se otorguen no deberían tener una tasa de interés por encima del IPC, más 2% efectivo anual. Hacia atrás, es decir, los créditos que existen, un plan de salvamento para aquellos que no pudieron pagar”, anotó.Vea también: Aspirantes a modelos webcam eran engañadas y extorsionadas desde Cárcel de Cómbita¿Pero de dónde van a salir los recursos?, ¿son viables las propuestas de la oposición?“Vemos algunos elementos sobre los cuales queremos aportar información, porque encontramos que, en la manera en la que ellos lo proponen en primera instancia, puede no tener los elementos suficientes de juicio y poner eventualmente en peligro la continuidad de los servicios de la entidad”, aseguró Manuel Acevedo, director de Icetex.Sin embargo, el clamor de una reforma por parte de algunos usuarios continúa. Uno de ellos es Jairo Galeano, quien, por un problema familiar y judicial, no pudo continuar sus estudios y tampoco pagar las cuotas del crédito que adquirió.“En este momento, después de tener 8 semestres de Contaduría, no es desmerito el trabajo, pero estoy manejando taxi, he manejado colectivo, he trabajado en talleres, porque las puertas se me cerraron por el embargo que me generó el Icetex y los problemas familiares colapsaron”, expresó.Según el Icetex, uno de cada diez usuarios de la entidad tiene dificultades para pagar su crédito.Le puede interesar: Riesgo de COVID, entre insólitos argumentos de Alejandro Lyons para pedir libertad en Estados Unidos
Autoridades en Bogotá trabajan para identificar a responsables de atacar a la fuerza pública con bombas incendiarias y voladores durante la noche del sábado 31 de julio.Testimonio de periodista de Noticias Caracol al que le habrían administrado escopolamina en un taxiLos hechos ocurrieron después de las manifestaciones que se presentaron en la localidad de Suba.A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Aníbal Fernández de Soto condenó este tipo de hechos y aseguró que no tienen nada que ver con la protesta pacífica.“Este tipo de agresiones no pueden considerarse parte de una protesta o una manifestación pública. Ante estos repudiables hechos de hoy en Suba procede la acción legítima de la Policía, identificación de los responsables y la correspondiente judicialización”, trinó.
Caterine Ibargüen solamente ha recibido palabras cargadas de admiración y respeto, en las horas posteriores a su actuación en la fase definitiva del salto triple de los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que no consiguió medalla, ni tampoco diploma Olímpico.En nuestro país, por ejemplo, Caracol Sports tuvo contacto este domingo con Wilder Zapata, quien fue el primer entrenador de la deportista antioqueña."A Caterine darle gracias por dejar el nombre de Colombia en lo más alto en los años anteriores", comentó el profesor Zapata de entrada.El entrenador resaltó igualmente que la doble medallista olímpica deja un legado imborrable."Caterine sirve de motivación para los jóvenes colombianos, ya que sin importar todas las adversidades que tuvo, pudo lograr grandes cosas", finalizó Zapata, en entrevista con Caracol Sports.
Un laboratorio con capacidad para producir dos toneladas de cocaína fue destruido por tropas del Ejército de Colombia. El lugar se encontraba ubicado en inhóspitos terrenos del Catatumbo, Norte de Santander."Junto a los hombres de la Brigada Contra el Narcotráfico del Ejército Nacional, vamos al corazón del Catatumbo, donde información de inteligencia da cuenta de un gigantesco laboratorio para el procesamiento de cocaína", dijo el coronel Javier Valenzuela, oficial de operaciones del Batallón Contra el Narcotráfico N°1.El coronel Valenzuela entregó esta declaración antes de iniciar una increíble operación que fue acompañada por un equipo de Noticias Caracol (ver video que encabeza este artículo) y que, en un momento, se vio afectada por las difíciles condiciones climáticas.“Hay operaciones en las que hemos tenido la información precisa, lanzamos la operación por el sitio, donde se encuentran las condiciones meteorológicas que nos impiden llegar hasta el objetivo o, aún estando en el objetivo, nos impiden salir de él y (debemos) permanecer unos dos o tres días hasta que las condiciones mejoren”, dijo el general Juan Carlos Correa, comandante del Comando Contra el Narcotráfico del Ejército.Vea también: Descubren tremendo arsenal que sería de disidencias de las FARCAdemás, los narcotraficantes ubican los laboratorios en zonas de muy difícil acceso para evitar ser sorprendidos por la fuerza pública y lograr escapar.Fue así como después de adentrarse en la tupida selva del Catatumbo, donde incluso los delincuentes ponen minas para evitar que los descubran, las tropas lograron hallar el laboratorio.El fuerte olor y los químicos hirviendo daban cuenta de que el lugar había sido abandonado minutos antes de la entrada del equipo de asalto.Le puede interesar: Condenan a 7 soldados por abuso sexual de niña indígena en Risaralda
