El magistrado Eduardo Castellanos Roso, que estuvo detenido durante dos años por sus presuntos nexos con la mafia, pretende volver a impartir justicia.Alegando que llevaba más de 500 días detenido sin que se culminara su juicio, recuperó la libertad el pasado 29 de diciembre.Tras quedar libre por vencimiento de términos y pese a las graves acusaciones en su contra por el presunto favorecimiento a Miguel Ángel Mejía, alias ‘el Mellizo’, el magistrado Eduardo Castellanos Roso pidió su regreso a la rama judicial.Así se lo hizo saber al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jorge Luis Quiroz."Con todo comedimiento expreso que a partir de la fecha reasumo mis funciones como magistrado de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá", indicó.Antes de caer el telón de 2020, Castellanos Roso recuperó su libertad porque, entre los aplazamientos por la pandemia y las demoras de las diligencias judiciales, acumuló más de 500 días detenido en la cárcel La Picota sin que terminara su juicio.Según esas cuentas, el juicio comenzó el 17 de octubre de 2019 y pasaron 27 diligencias sin que concluyera.Su petición causó revuelo al interior de la Corte Suprema. Ahora la sala plena deberá pronunciarse en los próximos días, pero la sensación entre algunos magistrados, según conoció Noticias Caracol, es que el retorno de Castellanos Roso sin que resuelva sus líos judiciales es impresentable.Noticias Caracol reveló recientemente el testimonio del principal testigo contra Castellanos Roso.Se trata de Marco Tulio Quintero Cano, exabogado de alias ‘el Mellizo’. Según contó el abogado, el primer acercamiento entre el magistrado y su cliente se dio a través de una carta manuscrita que el narcotraficante mandó desde los Estados Unidos.Tiempo después, dice el testigo, le dio en 3 entregas 50 mil dólares a cambio de favorecer al ‘Mellizo’ en Justicia y Paz."Se hizo al fondo de la mesa, al pie del baño de la cafetería; había poca gente, le dije que ahí estaba el regalo que le mandaban, le entregué un sobre de manila, se lo pasé por debajo de la mesa y él lo cogió", expresó Quintero Cano.Además del testimonio de Quintero Cano, la Fiscalía tiene grabaciones que el abogado le hizo al magistrado, algunos chats y un video que capta la supuesta compra de un celular que Castellanos le regaló al abogado para que se comunicaran privadamente.Francisco Bernate, abogado de la rama judicial, reaccionó así a la libertad de Castellanos:“Esto tiene una problemática de legitimad. Imagínese usted que como ciudadano el fiscal que lo investiga o el magistrado que lo va a acusar usted lo ‘googlea’ y aparece que está investigado por corrupción (...) nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero creemos que cuando un juez encuentra indicios para enviar a alguien a la cárcel debe ser suspendido mientras dure el proceso y si es absuelto debe reestablecerse los salarios que ha dejado de percibir. Pero no puede ser que salen libres por vencimientos de términos y de inmediato haya que reintegrarlos”, dijo el abogado.La defensa de Castellanos ha dicho que el abogado Quintero Cano es un mentiroso y que engañó a su cliente para sacarle un dinero que nunca llegó a manos del magistrado.Incluso, recordó que Castellanos Roso lo expulsó de Justicia y Paz.Al margen de las pruebas en su caso, lo cierto es que tras recuperar la libertad, Castellanos Roso está exigiendo regresar a su despacho.
Helena Herrán, de 61 años, es una mujer trans que solicitó a Colpensiones el pago de su pensión de vejez. Sin embargo, tuvo que librar una batalla legal.“Llevo esta lucha desde el año 2016 solicitando a Colpensiones que hiciera el reconocimiento que, como mujer transexual, tengo derecho a obtener mi pensión por haber reunido todos los requisitos”, explicó Helena.Aseguró que contaba con 1.982 semanas cotizadas y cumplía con todos los requerimientos para merecerla. Sin embargo, la solicitud le fue negada señalando que “el cambio de sexo no tenía implicaciones pensionales, por lo que debía cumplir con el requisito de la edad asignada para los hombres, esto es 62 años”.Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá expresó un argumento diferente y ordenó a la administradora de pensiones reconocer esa mesada.El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry sostuvo que “una persona que cambió de sexo, de hombre o mujer, debe ser tratada por el sistema de seguridad social, en este caso por Colpensiones, como mujer y concederle la pensión de jubilación con la edad de una mujer y no de un hombre”.Helena Herrán celebró la decisión judicial: “Por fin nos está reconociendo la justicia nuestra identidad, nos está reconociendo quiénes somos. Somos mujeres transexuales y nos tienen que reconocer nuestros derechos, que se valgan nuestros derechos y no estás entidades que nos vulneran”.De igual forma lo hicieron las organizaciones LGTBI.“Se le está reconociendo los derechos a una ciudadana y se le está reconociendo que Colpensiones vulneró la dignidad y vulneró la identidad de género de esta ciudadana. Creo que, por otro lado, lo que hace el fallo es muy importante porque es reconocer que las mujeres trans somos mujeres”, dijo Juli Salamanca, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans.En el término de 48 horas, el tribunal ordenó resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y el pago de la pensión de vejez a Helena Herrán.Le puede interesar:
Han pasado dos años y dos meses desde que Jennifer Andrea Plazas fue asesinada con un arma corto punzante y luego lanzada desde la venta de su apartamento en la localidad de Suba. Tras varias audiencias y un proceso largo, Andrés Gómez Uriza fue condenado, pero la familia de la deportista quedó sorprendida con la decisión.“Después de la noticia de la sentencia del asesino de mi hermana, que va a recibir 26 años de castigo, como víctimas nos sentimos defraudas”, manifestó Ana María Plazas, hermana de la víctima.Y es que, según la familia de Jennifer, son varias las fallas que presentó la Fiscalía en el escrito de acusación, por lo que el delito de feminicidio agravado pasó a ser simple.“El juez hizo un llamado vehemente a la Fiscalía para que sus funcionarios operen de manera diligente y que las víctimas no quedemos con la sensación de injusticia”, añadió Ana María Plazas.El penalista Ricardo Burgos considera que la decisión del juez se ajustó en derecho a lo presentado por la fiscal del caso.“Si hubiese sido agravado su pena hubiera sido alrededor de los 40 años, pero aclaremos, es una circunstancia que por principio de progresividad y de congruencia solo depende de la Fiscalía General de la Nación, quien olvida, al parecer, hacer lo mismo que se hizo en la imputación”, explicó el abogado.Casos como estos prendieron las alertas.“En los últimos meses hemos visto cómo los fiscales hacen acuerdos previos a la imputación de cargos con las defensas de quienes cometen estos delitos. Es un deber estatal no solamente castigar el feminicidio, sino garantizar que no se vuelva a repetir”, comentó Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia.El representante de víctimas, la Procuraduría y Fiscalía apelaron la condena de 26 años contra Andrés Gómez Uriza y ahora será la Sala Penal del Tribunal de Bogotá quien confirme, derogue o aumente la pena.
El caso se remonta a 2012 cuando la niña Alejandra Lineros, de 11 años, falleció en la Clínica Shaio. Este jueves, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la responsabilidad del centro médico, así como de la EPS Aliansalud."En ese fallo se indicó de manera clara que a la menor no se le había brindado de manera oportuna una atención, todos los cuidados que requería para efectos de recuperación de su salud, lo que provocó su muerte”, señaló el abogado Carlos Sánchez Cortés, representante de la víctima.Añadió que “en el fallo no se tuvo en cuenta la principal defensa de los demandados que señalaron que los padres habían tenido responsabilidad en la muerte de la menor".El Tribunal Superior de Bogotá determinó que se cometieron una serie de errores que desencadenaron la muerte de Lineros: diagnosticada con gastroenteritis, pero quien en realidad tenía diabetes.Familiares de la niña celebraron la decisión y esperan que implique un cambio en la atención en salud para que no se repitan casos como este. Por petición de las víctimas, no se dieron a conocer pormenores de la sanción.
La muerte silenció a uno de los más reconocidos cantantes vallenatos de Colombia: Jorge Oñate. Conocido como El jilguero de América o 'ruiseñor del Cesar', estuvo internado durante varios días en el Instituto Cardiovascular del Cesar y posteriormente fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, donde finalmente murió.A esa ciudad fue llevado en un avión ambulancia luego de que presentara una pacreatitis que comprometía su vida.Antes de ser internado en una UCI en el Instituto Cardiovascular del Cesar, Jorge Oñate le envió un mensaje de audio a su amigo Juan Alberto ‘el Cacha’ Acosta en el que le pedía seguir los cuidados que las autoridades recomiendan frente al COVID-19 y que continuara con lo que sabe hacer: componer música vallenata.“Cuídate hermano, tenemos que cuidarnos con este problema que hay de esta pandemia; aquí en estos momentos tan graves que estamos debes hacer tus cancioncitas también. Y es lo mejor, Cacha, estar ‘pegaos’ de Dios. Cuídese, cuide a su familia y de los que estén alrededor. No esté saliendo mucho y no deje llegar mucha visita a su casa”, le dijo el jilguero de América, según divulgaron medios locales.Pero otra fue la frase que más llamó la atención: “Aquí es donde estamos viviendo la verdad de la vida; aquí no vale plata ni poder ni que sea alto ni blanco. Esta es la verdad de la vida, el único que va a arreglar esto es Dios”.Jorge Oñate nació en 1949 (71 años) en La Paz, Cesar, donde dio sus primeros pasos en la música hasta llegar a grabar junto a otros grandes del vallenato.Jorge Antonio Oñate González, su nombre completo, deja un sinnúmero de éxitos, pero quizá el más recordado es Nunca comprendí tu amor.“Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto // Como nube pasajera así llegaste tú y te fuiste // Te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste // Solo, quisiste divertirte conmigo un rato // Luego, todas mis ilusiones las dejaste a un lado // Porque alguien cercano a mí te calentó el oído”, dice este, uno de los temas de Jorge Oñate, quien se ganó un lugar entre los más grandes de la música vallenata.También tuvo polémicas: fue vinculado al proceso por el asesinato de su primo, el político Efraín Ovalle, oriundo de La Paz.
La difícil situación de violencia ha marcado definitivamente la riqueza cultural del Pacífico nariñense. Tumaco es uno de los más afectados, pero este municipio, conocido como la perla del Pacífico, es tierra de gente amable, exuberante naturaleza, arte, de la marimba de chonta.Allí sobresalen agrupaciones como Plu con Pla, que resisten por medio de la música, denuncian a través de sus letras, construyen memoria, dignifican a sus muertos y le cantan a la esperanza.“A Tumaco hay que registrarlo como tierra de gente negra, campesina, pescadores, agricultores, gente que se dedica al arte, a la tradición, a conservar nuestros saberes”, señala Hárold Tenorio, director del grupo.Asegura que, desde el arte, están tratando de sacar a los jóvenes de la violencia que actualmente afecta a la región.
Dos niños de 5 años y otros 4 menores de edad entre 15 y 17 años resultaron heridos en Buenaventura, occidente del Valle del Cauca, tras la explosión accidental de un artefacto que habían hallado minutos antes y con el que, sin saber de su peligro, decidieron jugar.“Seis menores de edad que se encontraban jugando en vía pública del barrio Juan 23 de Buenaventura resultan lesionados después de que encuentran un objeto lo manipulan y este explota”, aseguró el coronel Jorge Antonio Urquijo, comandante de la Policía del Valle del Cauca.La explosión, que generó pánico entre los habitantes de la comuna 8 del distrito, le provocó heridas por esquirlas en brazos y piernas a los menores, que permanecen en la clínica Santa Sofía del puerto vallecaucano bajo observación médica.“Fueron socorridos de manera inmediata por las autoridades que patrullaban en ese sector, fueron llevados a un centro asistencial”, afirmó Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle del Cauca, al anotar que “están fuera de peligro”.El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, indicó que los seis menores “están pendientes de algunas radiografías, pero, en general, las afectaciones, las esquirlas en su cuerpo, no generaron mayor daño”.Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que pueda dar con los responsables de este hecho, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace acompañamiento a los dos niños y cuatro jóvenes heridos, así como a sus familias.La Policía busca determinar con exactitud de dónde salió ese artefacto explosivo y cómo es que termina en las manos de los niños del barrio Juan 23, uno de los afectados en Buenaventura por el enfrentamiento entre bandas delincuenciales.
En Valdivia, norte de Antioquia, fue capturado alias ‘Felipe’, señalado cabecilla de la compañía Tarazá del ELN.Según el presidente Iván Duque, Neyder García Zapata lleva más de cinco años en el grupo guerrillero y tiene órdenes de captura por concierto para delinquir agravado.El operativo fue desarrollado por hombres de la Dijín de la Policía, Fiscalía y el Ejército. “Con esta captura se afecta el Frente ‘Darío Ramírez Castro’, dedicado, también, al narcotráfico, extorsión y minería ilegal”, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
El tapabocas se ha vuelto un aliado durante la pandemia. Su uso impide que el coronavirus entre al cuerpo y, por ende, evita el contagio.Pero desecharlos de forma incorrecta puede terminar en contaminación, pues pueden terminar en los cuerpos de agua. Hoy día, ya se ven tirados en calles de Bogotá.Ocho millones de toneladas de plásticos ingresan al océano cada año. La situación puede empeorar si se suman los tapabocas, los guantes, las botellas de desinfectantes y otros.Aunque los tapabocas son esenciales para detener el contagio de COVID-19, los daños al medio ambiente y el impacto por su uso, los comenzaremos a sentir más adelante.“La pandemia se vive en los océanos desde hace muchos años. Todos estos plásticos terminan allí contaminando la fauna y afectando tantas especies”, manifiesta Fabio Arjona, director de conservación internacional en Colombia.Solo hacer el estimativo es desalentador. Si todos en Bogotá usamos tapabocas desechables, todos los días, durante un año, eso crearía más de 2.900 toneladas de residuos contaminados.“Estos elementos tardan hasta 200 años en descomponerse, estamos hablando de plásticos y de materiales que por seguridad no se pueden reutilizar”, añade Arjona.Los tapabocas, por transportar posibles virus y por sus materiales, no se pueden reaprovechar, por eso deben incinerarse en los rellenos. Pero, ¿cómo debemos desecharlos para evitar más desperdicios? Hay tres formas de aportar:1. Desinféctelos rociándolos con alcohol o cloro antes de botarlos2. Córtelos con unas tijeras, especialmente las tiras3. Arrójelos a la basura, no en las callesLa contaminación ambiental por estos elementos no es un problema local, sino mundial, por lo que dicen los expertos, mientras pasa la pandemia, los esfuerzos también deberán concentrarse en el problema del cambio climático y en construir practicas más sostenibles.