El caso que tiene detenido al expresidente Álvaro Uribe tuvo un nuevo episodio este lunes cuando la Corte Suprema de Justicia decidió enviar el expediente por presunta manipulación de testigos a la Fiscalía General de la Nación.
El pasado 18 de agosto, Uribe Vélez renunció a su curul en el Congreso buscando que el proceso, en el que funge como víctima Iván Cepeda, pasara a la jurisdicción ordinaria.
De hecho, la Procuraduría General también se había pronunciado en ese sentido, pues los delitos por los que es investigado el expresidente no tienen relación con sus funciones como senador.
El líder del Centro Democrático, en detención domiciliaria desde el 4 de agosto, ha expresado varias veces que la Corte Suprema de Justicia le violó sus derechos procesales.
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“Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”, sostuvo Uribe.
Desde antes de conocer la decisión ya despertaba controversia que el caso quedara en manos de la Fiscalía General, al mando de Francisco Barbosa; algunos sectores veían inconveniente que alguien cercano al presidente Iván Duque investigara a su mentor.
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Frente a estos cuestionamientos, Jaime Granados, abogado del exmandatario, había respondido: “Estamos hablando de los jueces de la República, que son independientes, autónomos e imparciales. Lo que se refiere al presidente Uribe, va a tener la última palabra un juez, la Fiscalía ya no es juez y parte, recordemos”, dijo.
Por ahora, Álvaro Uribe Vélez continuará detenido en su finca El Ubérrimo.
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