El enrarecido ambiente político del país por el proceso contra Álvaro Uribe Vélez tuvo un nuevo capítulo. El uribismo reveló un contrato que el magistrado de la Corte Suprema César Reyes -quien estuvo a cargo del proceso contra el expresidente- firmó con el gobierno Santos.
Varios miembros del Centro Democrático cuestionaron al togado.
“No se declaró impedido y sabiendo que el presidente Álvaro Uribe, no solo era líder de la oposición, sino el líder del no en el plebiscito porque no estábamos de acuerdo con lo firmado con Santos y las FARC. Por eso creo que debe ser investigado”, aseguró la senadora María del Rosario Guerra.
El contrato por 570 millones de pesos lo firmó el magistrado César Augusto Reyes con el Fondo de Programas Especiales para la Paz cuando era socio y representante legal de la firma Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores LTDA.
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El uribismo incluso anunció que el magistrado Reyes será denunciado ante la comisión de acusaciones del Congreso.
Sin embargo, juristas consultados por Noticias Caracol desautorizaron los señalamientos en contra del togado.
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“Eso no configura ninguna causal de impedimento ni de apartamiento del caso porque el investigado no es el doctor Santos es el doctor Uribe. El hecho que entre ellos exista una rivalidad política no configura una causal de impedimento”, apuntó Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
En el mismo sentido se pronunció José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional: “No hay ninguna relación entre una asesoría que se pudo presentar antes y un proceso que se adelanta respecto a un sujeto de situaciones que no hacían parte de esa asesoría”.
Entretanto, fuentes del gobierno Santos explicaron que el trabajo contratado consistía en hacer una revisión del estado de los presos políticos de las FARC, mientras se adelantaban los diálogos de paz.
Ante estos señalamientos, algunos sectores de la oposición señalaron que al actual fiscal general, Francisco Barbosa, también le figuran contratos como asesor externo del Ministerio de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos.
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“Es asombroso ver el doble racero del uribismo: les parece terrible el contrato del magistrado Reyes. Sin embargo, hay un silencio absoluto frente a los cuatro contratos que tuvo el fiscal Barbosa durante el gobierno de Juan Manuel Santos”, declaró Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde.
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