La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló la legalidad de la paz total al considerar que esa norma cumple con los requisitos constitucionales.
El alto tribunal consideró que el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene las facultades para negociar con las bandas criminales, guerrillas y disidencias que delinquen en el país.
No obstante, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en claro que el Ejecutivo no puede nombrar como voceros de paz a personas que estén presas ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar a las otras ramas del poder público.
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