La aprobación del proyecto de ley que reforma el código disciplinario y le otorga facultades a la Procuraduría y al presidente para crear nuevos cargos fue cuestionada por algunos congresistas.
La iniciativa fue presentada, según el Ministerio Público, atendiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituido por el procurador Alejandro Ordóñez.
La norma reglamenta las investigaciones disciplinarias a funcionarios de elección popular y establece la doble instancia para esos procesos.
“Los funcionarios públicos de elección popular en este momento no pueden ser objeto de investigación de carácter disciplinario cuando le falta un proceso”, señaló la procuradora general, Margarita Cabello.
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El senador Gustavo Petro, víctima en el proceso, rechazó el proyecto y arremetió contra el exprocurador Ordóñez: “los derechos políticos son derechos humanos, los que violan los derechos políticos son violadores de derechos humanos. El señor Ordóñez es un violador de derechos humanos”.
La polémica se centró en el artículo 69, que permite la creación de más de 500 nuevos cargos en la Procuraduría. Gabriel Santos, representante a la Cámara del Centro Democrático, señaló que el ministerio “tiene una planta suficiente grande para reasignar fusiones”.
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Según Inti Asprilla, del partido Verde, “es permitirle al presidente Iván Duque suprimir los cargos de carrera administrativa”.
Organizaciones de derechos humanos, la Misión de Observación Electoral y algunas organizaciones jurídicas anunciaron que van a denunciar el proyecto ante la CIDH.
“La Procuraduría presentó ese proyecto y lo que hace es darse funciones jurisdiccionales para poder seguir cumpliendo la tarea con normalidad, creemos que esta relación de funciones no satisface el pedido de la Comisión Interamericana”, explicó Julián González, coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas.
La Procuraduría salió en defensa de la iniciativa y explicó que con la aprobación del proyecto se evita la prescripción de varios procesos.
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Al proyecto tan solo le falta la conciliación entre Cámara y Senado que se debe hacerse antes del 20 de junio.
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