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Directiva presidencial tras escándalos de contratación estatal que involucran a Mayorquín y Quintero

No solo se les recuerda a quienes trabajan con el Estado los lineamientos que se deben cumplir a la hora de elegir contratistas, sino que se establecen nuevas medidas.

Directiva presidencial por escándalos de contratación estatal que involucraron a dos funcionarios

La circular 001 de 2022 firmada por el presidente Iván Duque estableció siete directrices para la contratación estatal, tras los dos escándalos en los que se vieron involucrados el exasesor de Presidencia Andrés Mayorquín y su esposa, Karen Vaquiro, y el secretario jurídico de la Presidencia, Germán Quintero, con su pareja, Claudia Montealegre.

En el primer caso, la esposa de Mayorquín obtuvo 24 contratos con el Estado por más de 1.200 millones y, en el segundo, a la pareja de Quintero le adjudicaron 9 por más de 600 millones, según explicó la representante a la Cámara Katherine Miranda.

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Ante estos hechos, el Gobierno emitió una directiva presidencial en la que fija siete lineamientos que se deben cumplir en la contratación estatal.

Primero, antes de suscribir cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se deberá apoyar en el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) y verificar si el interesado tiene compromisos con cualquier entidad del Estado.

“Todas las entidades están obligadas, durante los procesos de contratación, a verificar el número de contratos y los objetos de contratos que tienen las personas en ese momento y que se encuentran vigentes”, precisó Víctor Muñoz, director del DAPRE, sobre este punto.

Asimismo, las entidades nacionales y territoriales deben garantizar que la plataforma SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) permita el diligenciamiento integral de los campos obligatorios que se encuentran establecidos por la normativa.

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Todas las entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP la información oficial de la contratación que realicen, como los documentos pre, post y contractuales.

Entretanto, el Departamento Administrativo de la Función Pública habilitará en el plazo de un mes, en el SIGEP, el reporte donde conste si el servidor público tiene familiares, hasta segundo grado de afinidad y segundo de consanguinidad, con contratos de prestación de servicios profesionales.

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Allí se debe declarar, “hasta segundo grado de consanguinidad, los nombres de todos los familiares para poder garantizar que no se está presentando esa situación” irregular de contratación estatal, dijo Muñoz.

Si la entidad identifica inconsistencias en el proceso, deberá reportar la información a las autoridades competentes.

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