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Esta legislación la cataloga como una enfermedad y establece que se adelanten tratamientos con recursos públicos.
El Ministerio de Salud, en un periodo no mayor a un año, deberá diseñar la política publica con componentes de prevención, educación, investigación, diagnóstico oportuno y tratamiento.
“El ministerio deberá definir qué personas, bajo qué condiciones y cuáles serán los tratamientos de infertilidad que quedarán cobijados por el sistema general de salud para que las personas puedan lograr ese embarazo deseado”, explicó Nadia Blel, senadora y ponente del proyecto.
Para Profamilia, la ley es un avance en materia de derechos sexuales y reproductivos. En 2018, la entidad atendió 374 casos, de los cuales 165 lograron embarazo.
El gremio de las EPS se mostró de acuerdo, pero cuestionó de qué bolsillo saldrán los recursos para los tratamientos.
En contexto:
Estado busca recursos tras fallo que obliga a financiar tratamientos para la infertilidad
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