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Estos son los 4 congresistas salpicados en escándalo de MinTic y los partidos a los que pertenecen

Antonio Zabaraín es uno de ellos. Aunque niega haber hablado con Karen Abudinen, la defiende. Otro dice que lo están "confundiendo" con un homónimo.

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Tres de los cuatro senadores a quienes la Corte Suprema de Justicia les abrió indagación preliminar por su presunta relación con el caso de Centros Poblados se pronunciaron sobre la decisión. Uno de ellos fue Antonio Zabaraín.

El senador por el partido Cambio Radical afirma que “jamás llamé a la ministra ni me reuní con la ministra para solicitarle que no caducara el contrato Centros Poblados, eso es falso de toda falsedad”.

Sobre los rumores “de que algunos congresistas se reunieron con unos señores de Centros Poblados, que le estaban haciendo algún lobby a Centros Poblados, pues yo ni me he reunido con ningún integrante de la unión temporal Centros Poblados”, agregó.

Pese a verse involucrado en el escándalo, el senador Zabaraín defendió a la exministra de las TIC.

Siempre he dicho una y mil veces que es una mujer honesta, honorable, transparente, decente y que desafortunadamente la asaltaron en su buena fe y terminó en todo este problema, de verdad lamentable”, expresó.

Armando Benedetti, senador que hace unos meses anunció que dejaba el partido de La U, también ha negado haber hablado con Karen Abudinen sobre Centros Poblados.

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“Es una paradoja que ella haga una acusación en un twitter sin ninguna prueba y además sin poner ninguna denuncia”, manifestó.

Entretanto, Mauricio Gómez Amín, senador del partido Liberal a quien también le abrieron una indagación preliminar, emitió un comunicado en donde aseguró que todo “se trata de un lamentable caso de homónimos donde aparece un Mauricio que no soy yo, un Gómez que es un delator y un Amín que hace parte como señalado de esa investigación”.

La única que aún no se ha pronunciado por el caso de Centros Poblados es la congresista Daira de Jesús Galvis Méndez, del partido Cambio Radical.

Por ahora, los magistrados se aprestan a ordenar una serie de pruebas para determinar si hay responsabilidad penal de los cuatro congresistas mencionados en el escándalo del MinTic.

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