Horas después de su radicación en el Congreso, la ley de sometimiento ha sido objeto de críticas y reparos. Algunos sectores aseguran que este proyecto le abre una ventana a la impunidad y se dan atribuciones que no le corresponden a Danilo Rueda, comisionado de Paz.
Así la situación, la ley de sometimiento no arrancó con pie derecho su trámite por el Legislativo. Los entes de control y corporaciones de justicia tomaron distancia, pues presumen que es un texto que da más beneficios a los victimarios que las víctimas, además de indultar delitos graves.
“Se señala que el principio de oportunidad se le puede conceder en el caso de delitos graves, como, por ejemplo, el concierto para delinquir agravado. En ese sentido, eso incumbe, desde luego, a los peores delincuentes que el país ha logrado apresar o que se encuentran hoy en día sin captura”, indicó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia para la Justicia.
Un artículo de especial preocupación está relacionado con la atribución que se le da a Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz. En este articulado, el funcionario podría solicitar información sensible al Consejo de Seguridad Nacional sobre la estructura, conformación, funcionamiento y relevancia de integrantes que se vayan a someter.
Hoy esa información está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
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Incluso, algunos sectores pidieron que a este proyecto se le retire el mensaje de urgencia.
“En los procesos de paz uno tiene que ir con calma, construyendo las bases sólidas. No es para este proyecto, es para la construcción de la paz total. El llamado es, incluso, para que retiren ese proyecto de ley e inicien un verdadero proceso de paz que tenga cimientos y dejen las bases al próximo Gobierno”, sostuvo Félix Morales, exfacilitador de paz.
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Para apoderados de exmiembros de las autodefensas y extraditables recluidos en las cárceles, la ley no otorga garantías. Aseguran que está parcializada, por lo que la justicia ordinaria y la norteamericana resultan un mejor instrumento.
“Cuando el extraditable llega, se acoge a la normatividad americana y ellos sí tienen una realidad jurídica con un punto final. Estos procesos de paz, los anteriores y el actual, no tienen un punto final. Son estas leyes las que siempre los van a tener a ellos bajo una pena alternativa y bajo una pena de vigilancia”, aseveró Angélica Martínez Cujar, abogada de extraditables.
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