La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión de la jueza Laura Barrera, quien negó la preclusión del proceso que se adelanta en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno de testigos y fraude procesal.
La jueza 41 penal de conocimiento de Bogotá señaló que, tras analizar los argumentos de la defensa del exsenador por el Centro Democrático y lo dicho por la Fiscalía, consideraba que sí hay pruebas de que el expresidente puede tener "la condición de partícipe" en el delito de soborno y manipulación de testigos.
En agosto de 2022, la Fiscalía solicitó el cierre del caso manifestando que "fueron practicados los actos de investigación sugeridos por la juez 28 Penal del Circuito de Bogotá", quien había negado previamente la preclusión de la investigación.
El caso por el que Álvaro Uribe podría ir a juicio comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del expresidente contra el senador Iván Cepeda, decidió no abrir una investigación contra el congresista de izquierda y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por presunta manipulación de testigos.
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Más adelante, a mediados de 2018, el alto tribunal llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el exsenador, a través de terceros, como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular a exparamilitares para que declararan contra Cepeda.
Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020, cuando la sala de instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe.
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Sin embargo, el 18 del mismo mes, el exmandatario renunció a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que el alto tribunal perdió su competencia en el caso, que pasó a manos de la Fiscalía.
El 10 de octubre del mismo año, una jueza ordenó la libertad de Álvaro Uribe, quien pese a no tener un cargo público mantiene una intensa actividad política en diferentes partes del país.
La Fiscalía General escogió uno de los caminos que tenía en el caso del expresidente y fue apelar la decisión que tomó la jueza este martes, 23 de mayo de 2023, con lo que el proceso se traslada al Tribunal Superior de Bogotá.
Si el ente investigador no hubiera hecho lo anterior, el fallo de la jueza 41 habría quedado en firme y la Fiscalía habría podido radicar el escrito de acusación, con lo que se hubiera llamado a juicio a Álvaro Uribe.
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El ente judicial también tenía una opción distinta y era pedir una nueva preclusión del caso del expresidente.
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