El Consejo Superior de Política Criminal reveló el concepto con el que avala el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales y hace una serie de observaciones.
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En un documento de 13 páginas, recoge las opiniones de los integrantes, incluidos el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa,y la procuradora general, Margarita Cabello, y emite un concepto favorable sobre la ley de sometimiento a la justicia, pero con observaciones al proyecto.
Algunas de estas provienen de la Fiscalía y en ellas se asegura que, si bien la iniciativa legislativa se refiere al sometimiento a la justicia de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, no se hace referencia a grupos armados organizados, por lo que se podría interpretar que quedan por fuera del texto propuesto.
Así mismo, sobre la extradición, el informe resalta que algunos miembros del comité dijeron que se debe aclarar si quienes se sometan podrían o no ser objeto de extradición, pues en caso de que sean requeridos por otros Estados podría impactar la entrega de bienes o los mismos derechos de las víctimas.
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En otra de las observaciones relacionadas a la verdad y reparación de las víctimas, los miembros del Consejo Superior de PolíticaCriminal aseguraron que estos factores no están expresados en la ley de sometimiento.
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La carta de Salvatore Mancuso al presidente Petro
Entre otras noticias sobre la ley de sometimiento, el exjefe paramilitarSalvatore Mancuso envió una cara a al presidente Gustavo Petroy a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, David Racero y Roy Barreras, respectivamente, en la que les pidió que se convoque a una audiencia pública en el Congreso que incluya a quienes participaron en negociaciones con el Estado, para que se conozcan los aciertos y los fracasos de procesos anteriores, pues considera que el tema no se puede quedar únicamente en manos del comisionado para la paz, Danilo Rueda.
La carta de Mancuso a Petro consta de tres puntos. En el primero, indica que Danilo Rueda está haciendo lo mismo que gobiernos anteriores y que las suspensiones de órdenes de captura de aquel entonces aplican de la misma manera para la figura de gestor de paz o facilitador. Si es lo mismo, señala la carta, “estamos frente a un entrampamiento, porque eso fue lo que sucedió con el gobierno de Álvaro Uribe”.
En el segundo ítem asegura que los acuerdos de paz no se han implementado y que se está desconociendo otro grupo armado como las AUC, el cual propició el surgimiento del Clan de Golfo y de otras organizaciones que operan en todo el territorio nacional.
Termina su carta diciendo: "Al señor presidente de la República le expresé todo nuestro interés de acompañar ese proceso y recibí de manera pública su beneplácito. Sin embargo, en la práctica todo se ha quedado frenado en el ensimismamiento del comisionado de paz, que las únicas voces que escucha son las de los asesores de las FARC y, al parecer, desconoce que los rearmados de las autodefensas hoy generan más del doble de la violencia que las disidencias de las FARC y el ELN juntos”.
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