Margarita Cabello nació en Barranquilla, es abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, y especialista en derecho de familia y en derecho procesal de la Universidad Externado. Fue ministra de Justicia del gobierno de Iván Duque hasta el pasado 18 de agosto, cuando renunció a su cargo tras ser anunciada por el presidente como su candidata para la Procuraduría.
Y es precisamente esa cercanía con el uribismo y el actual gobierno lo que ha generado críticas sobre su postulación y ahora elección en el Ministerio Público, que se encarga de las investigaciones por faltas disciplinarias de los funcionarios.
“La función pública debe estar al servicio de los resultados concretos y tangibles, sin inspirar la ideología que la inspira cuando se actúa con eficiencia y con transparencia. No nos importa el color del gato, lo importante para nosotros es que cace ratones. Los ratones de la inseguridad, la violencia, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades”, dijo la primera mujer procuradora tras tomar juramento ante el Senado.
En la terna de candidatos a procurador también estaban el exviceprocurador Juan Carlos Cortes y el exmagistrado Wilson Ruiz.
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Cuestionada elección
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La salida de Margarita Cabello del Ministerio de Justicia significa nombrar al tercer ministro de esa cartera en dos años de gobierno de Iván Duque.
Sería el 22, en 30 años, y una puerta giratoria que, desde Transparencia por Colombia, advierten, se traduce en un mal mensaje al país.
"Nos preocupa que si es electa procuradora se pueda poner en riesgo la independencia del órgano de control frente al poder Ejecutivo, esto debido a la cercanía con el presidente de la República y otras figuras del alto gobierno, que pudieran entorpecer eventuales procesos de investigación. Se requiere transparencia a cómo se gestionarían sus conflictos de interés y se requeriría imparcialidad total”, afirmó Andrés Hernández, director Transparencia por Colombia.
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Cuentas reprobadas en Minjusticia
Entre los desafíos que tuvo frente a la cartera de Justicia están la crisis en la cárcel Modelo, en la que un motín dejó 23 reclusos muertos, el hacinamiento carcelario y la difícil situación dentro de los penales por contagios de COVID-19.
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Frente a la emergencia por la pandemia, expidió un decreto de excarcelación transitoria: "los 4 mil que salen son los condenados hasta 5 años. Los que han cumplido el 40% de la pena, los mayores de 60 años, los que tienen enfermedades catastróficas, en situación de discapacidad y las madres gestantes o lactantes”.
Y, aunque el Inpec asegura que más de 23 mil internos quedaron en libertad condicional con las medidas adoptadas por el ministerio, algunos expertos dicen que la medida no operó como esperaban.
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"La gestión de la saliente ministra de cara al hacinamiento debe ser calificada como un rotundo fracaso. La medida más importante de cara a este problema fue la expedición de ese decreto que prometía deshacinar cárceles en medio de la pandemia, pero hubo problemas desde la misma confección y creación, demasiadas exclusiones, pero, además, nunca se impulsó un verdadero cumplimiento para el INPEC”, afirma el abogado penalista Andrés Felipe Caballero.
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Otro de los puntos que dicen los expertos también reprobó en el Ministerio fue el de la reforma a la justicia.
“La reforma estructural a la justicia no tuvo ningún desarrollo. Es una falencia que se puede achacar en los anteriores 9 ministros de justicia que han terminado con esa decepción, terminar su periodo sin una gran reforma estructural de la justicia", explica Hernando Herrera, presidente de Corporación Excelencia en la Justicia.
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Hoja de vida de Margarita Cabello
La carrera de Margarita Cabello comenzó como juez penal municipal de Sabanalarga, Atlántico. Luego, fue juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla, hasta llegar a la magistratura en la sala civil de familia del Tribunal Superior de Barranquilla, cargo que ocupó durante 19 años.
También estuvo en la terna para fiscal ad hoc en el caso Odebrechty en 2009 estuvo en la lista de candidatos para ser fiscal general.
Entre 2009 y 2012, ejerció como procuradora delegada de la sala disciplinaria de la procuraduría de Alejandro Ordoñez, y ha sido catedrática por más de veinte años en múltiples universidades nacionales.
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Fue magistrada desde 2012 - y por siete años - de la Corte Suprema, presidenta del Alto Tribunal en 2016, y presidenta de la comisión de Género.
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