El sometimiento a la justicia de bandas criminales parece ser otro talón de Aquiles para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ante las críticas y cuestionamientos que ha hecho el fiscal general Francisco Barbosa al proyecto deley de sometimiento, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió en defensa del articulado.
“La ley es completamente clara, no tiene micos ni nada por el estilo. El texto original se le presentó a la opinión pública y al consejo de política criminal en donde está la Fiscalía General de la Nación”, indicó.
Sobre la función de notario de la que habló el fiscal Barbosa, el ministro fue claro en decir que no se pretende cambiar las atribuciones de la Fiscalía: “No veo en qué sentido el fiscal puede decir que se considera que la Fiscalía General simplemente va a firmar o a verificar la autenticidad de un documento, eso no es así”.
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El proyecto sobre la ley de sometimiento, a juicio de expertos, no respeta la autonomía que tiene el órgano investigador.
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El exvicefiscal Francisco José Sintura señaló: “Hay una permisiva intervención del Ejecutivo en las competencias autónomas de la Fiscalía General de la Nación, de los jueces y de los tribunales, no solo al obligar a entregar información sobre investigaciones y procesos activos al gobierno, sino porque le permite al gobierno caracterizar, calificar e incluso definir quiénes son o a quiénes pertenecen esas estructuras”.
Finalmente, el ministro Osuna enfatizó que si se negoció con las antiguas FARC y se está haciendo lo mismo con el ELN, no puede dejar por fuera a las bandas criminales, pues esto sería dejar el combustible para que la guerra continúe en el país.
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Y es que tras los reparos del fiscal Barbosa, partidos de la coalición de gobierno se comprometieron a revisar con rigurosidad el texto para sacar lo que incluso se ha denominado como ‘narcomicos’.
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"Nuestro deber es respetar el estado social de derecho y no permitir que 'narcomicos' se cuelen dentro de este proyecto de ley", manifestó Marcos Daniel Pineda, senador del partido Conservador.
El senador del Partido de la U Alfredo Deluque coincidió con esta afirmación y señaló que las organizaciones criminales no pueden salir premiadas bajo el argumento de alcanzar una paz total.
"Cualquier cosa que busque precisamente premiar a las organizaciones delincuenciales hay que sacarlo del proyecto, tajantemente, porque no podemos dar la imagen de que las personas de bien de este país se vean amenazadas por estructuras criminales que vienen a limpiar sus negocios a través de leyes”, dijo Deluque.
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