La jornada de protestas de la próxima semana coincidirá con la llegada de la minga indígena a Bogotá, situación que preocupa al gobierno nacional porque podría incidir en el incremento de casos de COVID-19 y afectar la reactivación económica. Por eso, desde la Casa de Nariño hicieron un corte de cuentas sobre el cumplimientos del presidente Iván Duque a sectores sociales.
“Lo que aquí no se puede someter es a que el presidente (Duque) le hagan un juicio político como alguno de ellos señalaron. Aquí hay un espacio que, si es una minga política, se hace con manifestaciones y esas manifestaciones o se ganan en las elecciones o se debaten el Congreso de la República. Pero aquí el gobierno del presidente Duque lo que tiene es una disposición de tener un diálogo efectivo y vamos a seguir hablando con ellos”, dijo Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
En el Ejecutivo, las alarmas están encendidas por estas protestas en medio de la pandemia.
“La preocupación que tenemos es que muchas veces esa reactivación de la economía se puede poner en riesgo, porque estas movilizaciones pueden poner en riesgo esa reactivación por el rebrote cuando se dan aglomeraciones y no se dan los adecuados cuidados”, agregó el funcionario.
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Según Molano, las exigencias de los indígenas se han atendido de acuerdo a las condiciones fiscales, mientras que otros sectores están recibiendo ayudas como el Ingreso Solidario, Familias y Jóvenes en Acción y a las empresas con el Subsidio a la Nómina y el pago del 50 por ciento de la prima.
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“Aquí tenemos que concentrarnos todos, no es tanto en las movilizaciones solo desde el punto de vista político, que buscan deslegitimar el gobierno, sino más bien en producir resultados y mantener la reactivación que tanto necesita Colombia”, aseguró.
En cuanto a los protocolos frente a las protestas, el gobierno busca darles garantías a los que no marchan, el respeto por la protesta pacífica, pero también cero tolerancia con el vandalismo.
“El gobierno ha incluido unos capítulos de los derechos de los demandantes, de los marchantes, pero también de los deberes, por ejemplo como el uso de la capucha y otro mecanismo para evitar infiltraciones, tal como lo pidió el tribunal, y esperemos que esté listo y expedido como lo ha señalado dentro de los 10 días que ha planteado la magistrada”, indicó.
El gobierno espera tener listo y concertado dicho protocolo en el plazo establecido de 10 días, que se vence justo el 21 de octubre, cuando se llevará a cabo una nueva jornada de protestas.
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