La Corte Constitucional tomó dos decisiones que afectan trámites adelantados por el Congreso de la República. En la primera, tumbó una ley clave en materia anticorrupción y en la segunda ordenó investigar a dos senadores por suspender intervenciones de la oposición durante el debate por Odebrecht.
Por el momento, los congresistas, concejales diputados y los integrantes de juntas administradoras locales (JAL) no tendrán que rendir cuentas como lo obligaba la ley que determinaba entregar informes públicos para dar explicaciones de su gestión en audiencias con la ciudadanía.
Angélica Lozano, promotora de esta iniciativa, dice que es lamentable la caída de la norma.
“Duele en el alma que la Corte Constitucional tumbó la ley de rendición de cuentas, que obliga a cada representante, diputado, concejal, o edil a rendir cuentas. Esta ley fue producto de una consulta anticorrupción que más de 11 millones de personas exigimos y queremos a ver cada detalle de toda la gestión”, dijo.
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La Corte Constitucional explicó que la norma se cae porque no se cumplieron los requisitos de trámite.
Para la corporación Excelencia en la Justicia, el Congreso debe hacer bien su trabajo para que iniciativas importantes como estas no terminen hundidas por vicios de procedimientos.
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“El Congreso debe estar al pendiente de hacer bien sus tareas, con rigor y con el fondo que le corresponde. Lo segundo, esto es una iniciativa muy importante como para que termine simplemente, luego de este fallo, sin una ratificación, por eso la exigencia es que el Congreso de la República vuelva a realizar este trámite, pero de manera oportuna e idónea”, pidió Hernando Herrera, director de la corporación Excelencia en la Justicia.
Ante esta situación, se anunció que la iniciativa se volverá a radicar el 20 de julio.
Pero no fue la única decisión tomada por la Corte en las últimas horas relacionada con el Congreso.
El tribunal también compulsó copias para que la Comisión de Ética del Senado investigue al senador Ernesto Macías y al exsenador Eduardo Pulgar por la suspensión del uso de la palabra a algunos legisladores de la oposición en el debate por el caso Odebrecht.
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Además, por esta situación, ordenó a la mesa directiva del Senado que, en el plazo de diez días, retome el debate.
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