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Polémica por posible privatización de seguridad en cárceles: “Se genera un incentivo perverso”

Esta es una de las iniciativas contempladas en el proyecto de seguridad ciudadana, que está a punto de ser aprobado en el Congreso y levanta ampolla.

“Se genera un incentivo perverso”: representante Goebertus sobre privatización de las cárceles

Gran controversia ha causado el proyecto de seguridad ciudadana presentado por el Gobierno y que se discute en sesiones extraordinarias en el Congreso de la República.

Lo aprobado contempla que los entes territoriales podrán celebrar contratos con las empresas de seguridad privada para la prestación de vigilancia en las cárceles del país, lo que a juicio de algunos representantes es un grave error.

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Se genera un incentivo perverso porque se les empieza a pagar un servicio a los privados en función del número de personas que están en las cárceles, lo que genera un incentivo a mandar a más personas a las cárceles”, afirmó Juanita Goebertus, representante a la Cámara de la Alianza Verde.

Por otra parte, los encapuchados o personas que destruyan bienes públicos o interrumpan las acciones legítimas de la fuerza pública podrán ir a la cárcel entre 4 a 6 años.

“Aquí tenemos que fortalecer el actuar de nuestras instituciones, de nuestras autoridades para garantizar la protesta, las marchas pacíficas que vuelvo y repito que en la ciudad de Cali fueron afectadas por los vándalos”, indicó Christian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático.

“Este proyecto de ley lo que hace es criminalizar la protesta, lo que hace es permitir una judicialización, un aumento de penas”, manifestó María José Pizarro, representante a la Cámara de la lista de la decencia.

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Una de las medidas drásticas que se aprobaron es que quien asesine a un miembro de la fuerza pública tendrá hasta 58 años de prisión.

Tambien se establece evitar las excarcelaciones de reincidentes capturados por las autoridades.

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Finalmente, habrá cárcel para las personas que intimiden o amenacen con arma de fuego o arma blanca. Las penas dependiendo del agravante oscilan entre 4 a 6 años de prisión.

Para ser ley, al proyecto le falta un debate en el la plenaria del Senado antes del 23 de diciembre, fecha en la que culminan las sesiones extraordinarias.

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