“¿Hasta qué punto los colombianos estamos dispuestos a ceder para que estos grupos armados entren a la paz total?”, es la pregunta que se hace la procuradora general, Margarita Cabello, al hablar con Noticias Caracol de proyectos como el de la ley de sometimiento y la paz total. Estos son los temas que tocó la jefe del Ministerio Público.
¿Qué opina de la polémica que generó la aparición de ‘Iván Mordisco’ en camioneta lujosa, armado y escoltado?
Margarita Cabello: Indudablemente todos queremos una paz, todos queremos que haya paz en el país y que estos grupos ilegales, de crimen de alto impacto, cedan a la petición de paz que le está solicitando al gobierno. Lo que pasa es que las formas son importantes y la manera como se está haciendo de mostrar fuerza en sectores tranquilos, como es un espacio público, genera incertidumbre y angustia en la ciudadanía. Aquí la pregunta es: ¿hasta qué punto los ciudadanos, nosotros los colombianos, estamos dispuestos a ceder para efectos de que estos grupos armados entre a la paz total que está diciendo el gobierno? Y podemos soportar algunas cosas, por ejemplo, rebajas de pena en un momento determinado sin ningún problema, pero siempre y cuando tengamos respuestas tempranas y eficientes del otro lado de los grupos. Es decir, nosotros como ciudadanos queremos la paz y sabemos que tenemos que ceder en muchas cosas, pero igual necesitamos muestras eficientes, rápidas y tempranas de que sí van a cesar en las hostilidades, en la violencia y que van a tener actos de demostración de que sí van a ese camino de la paz.
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“No creo que haya sido oportuna esa forma de sentarse a hacer las primeras conversaciones, porque va a generar en la ciudadanía un rechazo, porque si así será el inicio, ¿cómo seguirá siendo a continuación o cómo será el final?
Usted ha sido muy crítica con la ley de sometimiento, incluso dijo que puede meterse la justicia internacional si no opera la colombiana, especialmente con estos grupos como el Clan del Golfo y otros narcotraficantes a los que cobijaría esta norma.
Margarita Cabello: La Procuraduría tiene esa función, velar por la garantía del ordenamiento jurídico, velar por la garantía y la seguridad de los ciudadanos, esa es nuestra misión constitucional; y cuando hablamos respecto algunos proyectos de ley como este de sujeción, lo que estamos es previniendo para que el proyecto sea lo suficientemente contundente, que nos lleve a un buen proyecto de ley y a una real consecución de la paz que tanto se quiere.
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No es criticar por criticar, sino observarlo y dar esas recomendaciones para que cuando el proyecto salga, esté bien conformado.
El proyecto de sujeción tiene unos beneficios muy grandes hacia esos grupos criminales frente a los beneficios que se le están dando o a las reparaciones, o a los beneficios que se les deben dar a las víctimas.
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Cualquier proyecto de ley que vaya orientado hacia la consecución de una paz, obligatoriamente tiene que ir dirigido a un fin primordial: cese de la violencia, y al cesar la violencia no afectar a las víctimas, y si ya están afectadas, lograr la reparación a esas víctimas. Por lo tanto, cualquier proyecto bien orientado principalmente hacia las víctimas, y en este, si bien tiene orientaciones hacia las víctimas y fue mejorado previo a unas primeras opiniones que dieron en el consejo de política criminal, todavía creo que les falta mucho más apoyo a las víctimas.
Esto porque el acceso al tratamiento penal por parte de los grupos criminales es rápido y sin compromisos y sin entregas de verdad. Es decir, el proyecto habla de que inmediatamente se firma un acta individual de acceso al tratamiento penal, con el compromiso de manifestar que estarán dispuestos a decir la verdad o a reparar a las víctimas, ya tienen derecho a todos los beneficios.
Me preocupa que todos estos que hayan cometido delitos como concierto para delinquir agravado, lo digo más claro: masacres, puedan automáticamente quedar libres inmediatamente firmen esa acta de compromiso en donde se comprometen a manifestar la verdad, pero todavía no la ha dicho. Inicialmente, el beneficio es muy grande para ellos y muy poco para las víctimas, que ya empiezan a recibir beneficios, los comprometidos, los criminales, pero las víctimas todavía no tienen nada, ni reparación ni verdad, y así hay otras posiciones, como la del hasta el 6%.
Los ciudadanos lo piensan, esos dineros obtenidos con sangre, obtenidos con matanzas, obtenidos con extorsiones, obtenidos con genocidios, obtenidos de una manera tan cruel para el ciudadano y para nuestra población, esos dineros sucios de sangre, si puedo decirlo así para ser bien expresiva, van a terminar hasta en un 6% y hasta 10.000 millones de pesos, que serían más o menos los 10.000 salarios mínimos legales mensuales en cabeza de ellos como beneficio, además de todo lo que les están entregando: condenas para ellos que son las más altas en el código penal, 30, 40, 50, 60 años, van a terminar entre 6 y 8 años, y además les van a dar el dinero. Eso golpea la sensación de no protección de las víctimas dentro de estos proyectos de paz y en eso hay que tener mucho cuidado.
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¿Considera que la ley de sometimiento es una justicia transicional para narcotraficantes disfrazada?
Margarita Cabello: Este proyecto de ley de sujeción es más un tratamiento penal especial dentro de la justicia ordinaria, no lo manejan como justicia transicional, pero igual tiene algunos beneficios; por ejemplo, el tema de reparación de víctimas, tanto en la justicia transicional como en estos tratamientos especiales, tiene que ser lo primordial. En segundo lugar, viene el tema de lo que hablaba del concierto para delinquir agravado en el sentido de que es la concertación que hacen algunos grupos para cometer los grandes delitos, por ejemplo, una masacre, para que entendamos más claramente. Cuando se conciertan un grupo de personas para cometer graves delitos de lesa humanidad como pueden ser masacres, genocidios, esos son los delitos que están incluidos como favorecedores para los de crimen de alto impacto para el principio de oportunidad. ¿Qué es principio de oportunidad? La eliminación de la acción penal. Es decir, no se les aplicaría la ley penal, quedarían libres en virtud de esa concesión que se les otorga. Eso quiere decir que quien ha cometido una masacre, o se ha concertado para cometer una masacre dentro de estos grupos, podría una vez firme el acta de compromiso a decir la verdad y de reparar, puede estar beneficiado en el sentido de que no va a tener un solo día de cárcel
¿Qué dicen los estándares internacionales? Que cuando se trate de delitos de lesa humanidad, se prohíbe la amnistía, es decir, la libertad. Lo que nosotros estamos diciendo es que, en el fondo, al darles el principio de oportunidad, que es no pagar cárcel sino estar libres, es una especie de amnistía simulada que la prohíben los estándares internacionales de los cuales hace parte Colombia.
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Todas esas críticas que usted ha planteado a la ley de sometimiento, la paz total, la humanización carcelaria, le ha valido que aliados del Gobierno en el Congreso pidan investigarla por participación política.
Margarita Cabello: Si cumplir con mi función constitucional de representar a la sociedad frente a la discusión de los proyectos de ley, incluso tengo orden constitucional de exhortar al Congreso a que expida proyectos de ley, tengo facultades para presentar proyectos de ley, es participación política, si eso es lo que entienden, entonces estaría participando en política. Pero participar en política no tiene nada que ver con eso, simplemente estoy haciendo respetar el Estado de Derecho, haciendo unos llamados de atención en un proyecto de ley.
Ya lo hemos dicho en el Congreso y vamos a participar y emitir nuestros conceptos en el Congreso porque la Constitución le obliga a la Procuraduría General de la Nación a que represente a la sociedad y estudie la viabilidad de los proyectos o conceptúe sobre la viabilidad de los proyectos desde el punto de vista del respeto del Estado de Derecho, de la democracia, de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Es nuestra función y se ha hecho en toda la vida de la existencia de la Procuraduría. No entiendo por qué ahora, cuando lo ha hecho toda la vida la Procuraduría, dicen que esta procuradora está participando en política por emitir conceptos u opinar, no para criticar. Es que yo no estoy criticando, lo que estoy diciendo es: ojo con estos detalles, ténganlos en cuenta para que vayamos a esa finalidad última que queremos que es la paz, pero hagámoslo bien, dentro de la Constitución, dentro de la ley y nada fuera de la Constitución o fuera de la ley.
En el proyecto de ley de humanización también han denunciado varios micos, uno de ellos tiene que ver con la suspensión de la pena a pequeños cultivadores de coca. Contradictores dicen que sería abrir la puerta para que narcotraficantes se cuelen. ¿Cree que es la manera de frenar el deshacinamiento en las cárceles?
Margarita Cabello: Casualmente estamos diciendo que mucho cuidado con los colados en este tipo de proyectos, que también podría pasar en el proyecto de sujeción, porque quienes van a decir quién son los que son partícipes de los grupos de crímenes de alto impacto son los propios grupos. Hay que tener cuidado con los colados, con quiénes son los promotores.
Los promotores de estos grandes delitos no entran dentro del principio de oportunidad, evidentemente eso es cierto porque lo agregaron en el proyecto a raíz de nuestras críticas, pero ¿quién determina quiénes son los promotores? Ellos mismos. ¿Quién determina quiénes son los líderes de estos grupos de alto impacto que quedarían exentos del beneficio del principio de oportunidad? Ellos mismos. ¿Quiénes son entonces los promotores o el resto de personas que hacen parte de estos grupos criminales? Porque son actas colectivas. Ellos mismos deciden, entonces, ahí podría haber colados también.
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En el proyecto de humanización penitenciaria, que también es un buen proyecto, hay que tener mucho cuidado con el aval fiscal. ¿Cuánto cuesta todo lo que está proyectándose en esta futura ley? Están beneficiando a los privados de la libertad, pero ¿a cuáles? A los de más alto crímenes, les bajan las penas a los que tienen 40, 50 y 60 años, de 60 la bajan a 50 y de 50 a 40. Eso parece tranquilo, pero ¿por qué no benefician a los otros en esta humanización penitenciaria, a los que han cometido crímenes más pequeños? Como dicen, la ley es para los de ruana y no para los de otras clases.
La gente en Colombia está ahogada con los crímenes en las calles. Alcaldes de varias ciudades dicen ¿cómo es posible pensar en dejar libres a estas personas? Eso va a generar una inseguridad enorme, que ya es muy grave.
Margarita Cabello: Es otra discusión que estamos trabajando, el trabajo articulado que tiene que existir entre la Fiscalía, entre los jueces y entre la Policía para que todos vayan de una manera muy clara hacia un mismo fin, porque la Policía se queja de que captura mucho, pero los jueces los dejan libres; los jueces dicen que los requisitos que se necesitan para una captura en flagrancia no los cumple la Policía y que por eso los tienen que dejar libres. Lo que estamos tratando de hacer en diferentes lugares del país es que se articulen para que el funcionario judicial explique cuáles son los requisitos que no está cumpliendo la Policía para que la institución los trate de cumplir, y la Fiscalía ayude y podemos reducir la problemática que en ese sentido se está presentando.
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¿Desde el Ministerio Público, que se está haciendo para frenar la delincuencia común?
Margarita Cabello: Creemos y sentimos, desde la Procuraduría en las diferentes regiones, que hay una sensación de falta de orientación fuerte desde arriba, una sensación de fuerza, de seguridad, desde el mando hacia todo el cuerpo, en la Policía. La demostración de jerarquía y don de mando que tiene que venir de arriba hacia abajo es muy importante, eso como la primera línea que estamos observando y creemos que falta un mensaje claro de fuerza desde los altos mandos. Tenemos la esperanza de que con el nuevo director de la Policía se pueda reforzar ese don de mando desde arriba.
Por otro lado, la necesidad de recordar a los alcaldes que, como jefe de la Policía, ejerzan toda la autoridad que tienen en ese sentido; por ejemplo, poner a funcionar lo que se llaman los planes de integración y de seguridad ciudadana, eso existe en todas las ciudades, estoy pendiente de que los pongan en marcha. Son planes donde participa toda la comunidad, hay un fondo económico para ello y donde tienen que organizarlos y estar reuniéndose permanentemente para organizar la estrategia de trabajo frente a estos temas de inseguridad.
¿Hay algún alcalde investigado por no aplicar esos planes?
Margarita Cabello: Empezamos con la línea de poder, iniciar investigaciones cuando veamos omisiones por parte de las autoridades locales y de las autoridades de Policía. Esa es nuestra función, vigilar e investigar y sancionar a los funcionarios públicos que no cumplan bien su función, y si hay omisiones por parte de la policía, por parte de los funcionarios encargados de la seguridad, nosotros tenemos que abrir inmediatamente disciplinarios en ese sentido, por eso fue que cuando ocurrió lo de Caguán iniciamos una indagación preliminar frente a la posibilidad de omisiones frente al ministro de Defensa y el ministro del Interior.
¿En qué van esas indagaciones?
Margarita Cabello: Inmediatamente sucedieron los hechos, se abrió una indagación respecto a lo que en principio se llama secuestro, lo decimos así por cuanto que una retención realizada sin autorización propia, sin voluntad para hacerlo, eso es un secuestro. Nuestra investigación va orientada hacia las presuntas omisiones en el actuar de los funcionarios encargados de ello, como son los ministros correspondientes en virtud de que esto podríamos llamarlo casi que crónica de una muerte anunciada, porque las problemáticas presenciadas frente a la empresa Emerald y a los campesinos y a las personas que estaban haciendo oposición y reclamaciones sociales en ese sector, venían desde hace tiempo, venían desde hace más de un año, desde el año pasado, y habíamos nosotros como Procuraduría requerido… nuestra procuradora regional hizo un puesto de mando unificado en esa región, se requirió a las entidades que evitaran y que estuvieran pendiente de lo que pudiera ocurrir.
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Frente a la salida del general Henry Sanabria se dijo que pudo ser por las declaraciones que dio en Noticias Caracol. Sin embargo, también se le criticó su ideología religiosa. ¿Qué tienen al respecto?
Margarita Cabello: Investigamos el incumplimiento de las funciones y los deberes de los servidores públicos, el director de la Policía es un servidor público.
Lo que estamos analizando es si se llegó al extremo de incumplir sus deberes y sus funciones como director de la Policía, independientemente de su posición religiosa. Lo que estamos haciendo simplemente es el análisis de si hubo lugar a un incumplimiento, hasta si su opinión religiosa originó o no una falta disciplinaria, hasta allá no estamos llegando.
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En menos de 48 horas, dos hechos lamentables en estadios del país. ¿Quién debe responder en Colombia por lo que está pasando en los estadios?
Margarita Cabello: Los estadios son del municipio, el tema de seguridad es un tema que corresponde a la Policía, no podemos olvidarnos de que los alcaldes son los jefes de la Policía en sus municipios, por lo tanto, la seguridad, la garantía de seguridad la tienen que dar los alcaldes a través de la Policía.
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Hay que tener mucho cuidado en eso, ser cada uno responsable de sus posiciones para evitar que esto siga ocurriendo.
El alcalde de Medellín recién pasó lo del estadio Atanasio Girardot, responsabilizó a los directivos del equipo Atlético Nacional. ¿La Procuraduría que puede hacer para recordarles a los alcaldes que ellos son los responsables de lo que pasa en los estadios?
Margarita Cabello: El tema no es polemizar quién es el responsable o quién no lo es. El alcalde es el jefe de la Policía y la seguridad en las ciudades está por cuenta del jefe de la Policía. Entonces, hay que mirar las situaciones y definir en cada partido como serán las condiciones de seguridad que se van a entregar. Los directores de los equipos tienen que estar muy pendientes de su gente, mirar cómo manejan sus barras, conversar con sus barras, porque también ahí hay una relación que hay que tener con mucho cuidado y que hay que saber manejar, pero indudablemente la seguridad corre por cuenta de la alcaldía.
Estamos llegando a un momento en este país en donde toda la ciudadanía o muchos creen que con la violencia pueden conseguir lo que quieren y tienen que ser las autoridades quienes la calmen e impongan esa autoridad que se requiere en estos casos.
Hampones de cuello blanco: Ñoño Elías, Musa Besaile y Kiko Gómez. ¿Qué hacemos con estos señores, sobre todo en elecciones?
Margarita Cabello: El tema de elecciones toca todas las aristas, la inseguridad rural, el problema de los alcaldes, en fin, las elecciones tienen muchas aristas que la Procuraduría General de la Nación le tiene puesto el ojo para evitar que vayan a ocurrir acciones indebidas o ilegales y que violen la función de nuestros servidores públicos, pero en este caso específico es el director del Inpec, porque se trata de personas condenadas, el que da la autorización de traslados a estos señores.
Como Procuraduría le solicitamos explicaciones al director del Inpec para ver cómo justifica el traslado que realizó frente al señor Besaile, ya veremos qué nos dice el director del Inpec. Aquí hay una de esas aristas, que es la posible campaña electoral de la esposa de este señor trasladado a su región. De acuerdo con la explicación que nos dé, tomaremos las decisiones correspondientes inmediatamente.
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Ustedes abrieron una indagación preliminar el pasado 21 de marzo por la escasez de más de 50 medicamentos en el país. ¿Qué ha pasado?
Margarita Cabello: Lo que está sucediendo y lo que está en juego es la salud de los colombianos, y más peligroso todavía, la salud de los niños, las niñas y los adolescentes, porque muchos de estos medicamentos tienen que ver con la salud de niños. Por ejemplo, medicamentos frente a la epilepsia. Yo soy madre, yo soy abuela, y no puedo permitir que esto continúe. Hemos requerido y requerido al Ministerio de Salud y al Invima, para que actúen rápidamente frente a esta escasez de medicamentos, que es grave porque es la angustia que están pasando miles y miles de colombianos sin esos medicamentos, como la hipertensión, medicamentos para trastornos mentales, medicamentos para el dolor, para el VIH, y las respuestas que hemos obtenido en esa serie de requerimientos siempre ha sido por los lados, estamos mirando, estamos trabajando y estamos estudiando. A raíz de eso, la delegada preventiva ya hizo traslado disciplinario. Hicimos inspección judicial en el Invima, estamos rápidamente terminando de hacer las investigaciones probatorias previas para tomar las medidas correspondientes y si hay que suspender, suspenderemos, Invima o el Ministerio de Salud, porque estamos cansados de requerir.
En otras ocasiones ha ocurrido desabastecimiento, pero inmediatamente la Procuraduría recibe las peticiones de las entidades correspondientes, hacemos la prevención al Ministerio de Salud o al Invima y las entidades actúan rápidamente y solucionan el problema.
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Mientras tanto, en riesgo de fallecer miles de ciudadanos por un tema de ineficiencia y demora en la solución de los grandes problemas que tienen que ser resueltos con la rapidez de vida para evitar el caos que ocurre en este momento.
En San Andrés se hizo una denuncia de parte de funcionarios suyos, y hablaban de la gente que llega ilegal, de agencias de viajes y lo que llaman incluso viajes VIP para migrantes que se convierte en todo un tráfico de personas, ¿cómo es eso?
Margarita Cabello: El problema de migrantes estaba en el tapón del Darién, ahí no hay autoridad en la frontera con Panamá, Necoclí y todos esos sectores, eso es una cosa aterradora, ha aumentado en 400% la gravedad de la situación de migrantes por ese sector. No vemos la participación institucional del Estado, del gobierno, antes eso dependía de presidencia, se le entregó a Cancillería, la verdad es que hemos requerido a Cancillería porque no hay presencia institucional en ese sector, eso es tierra de nadie.
Cuando vamos a San Andrés a seguir haciendo las investigaciones sobre los temas del huracán nos encontramos con una propaganda de viajes VIP llegando a Medellín y de Medellín a San Andrés, y de San Andrés salen cinco rutas a diferentes lugares de Centroamérica para luego llegar hasta México y de ahí pasar la frontera. Son planes de viaje para migrantes. Ya ha habido un par de capturas y de retención de naves en el mar por estos nuevos paquetes turísticos VIP, valen un poco más, pero es de migración, y estamos controlando esta migración.
Ya van tres situaciones en donde las fuerzas marítimas los han encontrado, los llevan a Nicaragua, los llevan a Centroamérica, incluso el proyecto sigue llevándolos hasta México y de ahí les cobra, llegada a la ciudad de Juárez, hospedaje, más comida y traslado a Estados Unidos.
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Esto es un nuevo estilo de migración manejado en San Andrés a raíz de la crisis económica que está llevando San Andrés, han encontrado una nueva forma de lucrarse económicamente, no correcta, de llevar a los migrantes y cuando son observados por las fuerzas navales de nuestro país, los dejan botados.
Del 100% de turistas que llegan a San Andrés, el 88% sale de la isla, el otro 12%, hablamos de alrededor de 9.000 personas, no sale de la isla y se cree que muchos de ellos son parte de esta nueva forma de afectar a los ciudadanos y muchos extranjeros, esto es para gente que viene de afuera, de muchísimos países de Europa, África, que llegan a hacer ese proceso de migración a través de una segunda ruta que es San Andrés.
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Caso de Nicolás Petro
Margarita Cabello: El abogado de Nicolás Petro solicitó aplazamiento manifestando unas situaciones que le impedían asistir a la declaración de Daysuris Vásquez, nosotros como respetuosos del debido proceso, la regional de Atlántico que lleva el caso aceptó el aplazamiento, pero por muy poco tiempo, Daysuris el 28 de abril debe declarar y Máximo Noriega que también lo llamamos a declaración se la pusimos a principios de mayo.
Ha ordenado la procuradora regional del Atlántico muchas pruebas relacionadas con su manejo tributario, su manejo económico, las propiedades que tienen, solicitar cómo están sus ingresos, los ingresos de ella también, porque estaban casados, para efectos de una vez recopiladas todas las pruebas tomar las decisiones del caso. Vamos rápido y avanzamos con mucha celeridad en esta investigación, sobre todo cuando el propio presidente de la República fue quien solicitó esta investigación
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