Después de varios ires y venires, este sábado se definirá si Álvaro Uribe Vélez queda libre o si permanece en detención domiciliaria. Mientras tanto, la polémica continúa por la petición de libertad del exmandatario por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.
Durante su argumentación, el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, criticó duramente las actuaciones de la sala de instrucción, específicamente sobre la indagatoria, señalando que fue imprecisa y desordenada.
“Revisada la indagatoria formulada por la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia al doctor Álvaro Uribe Vélez se refiere la misma a unos hechos de alcance penal, pero no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes y menos de una manera organizada y concatenada que permitan calificar el desarrollo de esa diligencia como una forma clara y sucinta”, señaló Jaimes.
Sin embargo, en esa indagatoria que duró cerca de 8 horas, y en la que se resolvieron 280 preguntas, el magistrado César Reyes pudo indagar sobre detalles como los supuestos pagos del abogado Diego Cadena, que habría hecho a testigos, y cuál habría sido la participación del exmandatario en estos hechos.
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Pero el fiscal fue más allá y criticó también la extensa decisión en donde se resuelve la situación jurídica del exsenador.
“La verdad no tiene cabida considerar que la resolución de situación jurídica, y más en este caso de más de 1.500 páginas, pueda cumplir con los aspectos de claridad y de ser sucinta respecto a unos hechos para ser transmitidos de forma puntual a efectos de que el receptor de las mismas quede vinculado al proceso”, dijo el fiscal.
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Fueron más de 10 meses de investigación las que llevaron a la corte a tomar esa decisión condensada en 1.500 paginas, en donde se analizaron 20 mil interceptaciones y el relato de 43 testigos.
En esa extensa decisión, el alto tribunal fue enfático en señalar que Uribe habría actuado en calidad de determinador de la supuesta manipulación de testigos para que cambiaran versiones que habían dado en su contra.
Para el abogado de Uribe, Jaime Granados, una pieza fundamental en el caso como lo fue la indagatoria no puede igualarse a una imputación.
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“Hacer esa equivalencia implicaría vulnerar el derecho de igualdad que tiene el ciudadano Álvaro Uribe Vélez. No puede entenderse que el ciudadano Álvaro Uribe Vélez se le haya formulado imputación en los términos de la ley 906 de 2004”, sostuvo Granados.
De otro lado, el abogado del senador Iván Cepeda, Reynaldo Villalba, aseguró que se debe mantener la medida de aseguramiento del exmandatario, teniendo en cuenta todo lo actuado por la Corte Suprema.
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“De dónde aquí tenemos dizque arrasar, dizque desechar, dizque no tener en cuenta. Por favor eso es un problema de respeto de la Constitución y de las decisiones de la máxima autoridad en materia constitucional, la Corte Suprema de Justicia”, indicó Villalba.
Para algunos juristas, las críticas del fiscal del caso a las actuaciones de la corte serían ajustadas.
Así lo dice el constitucionalista Juan Manuel Charry: "intervinieron el exfiscal Montealegre y su exvicefiscal Perdomo. Yo diría que hubo una dosis de polarización política, pero hay que destacar la posición de la Fiscalía que cuestionó la indagatoria que se llevó en la Corte Suprema de Justicia".
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Sin embargo, en la audiencia se oyeron criticas frente a la posición de la Fiscalía, ya que para algunas víctimas no sería una posición neutral.
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