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¿Qué puede hacer la CIDH frente al estallido social en Colombia y cuál será el alcance de su visita?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegará al país, anticipada por una enorme controversia y denuncias tanto de la sociedad civil como de sectores afines al Gobierno.

Paulo Abrão fue hasta hace unos meses secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y conoce desde adentro el sistema interamericano y las dinámicas de las visitas de trabajo.

Más allá de los diálogos con sectores de la sociedad civil e instituciones del Estado, por experiencia, Abrão asegura que la presencia de la CIDH en Colombia es un bálsamo en medio del estallido social.

“La comisión puede aportar en este ambiente de crisis, porque como un organismo interamericano de protección a los derechos humanos puede ser incluso un elemento estabilizador para esta crisis, representando la confiabilidad de la sociedad civil", dijo.

La visita de la comisión a Colombia, en el marco del paro nacional y ante múltiples denuncias sobre violaciones de derechos humanos, está encabezada por Antonia Urrejola, presidenta del organismo y quien a su vez es relatora para Colombia, junto a los comisionados Stuardo Ralón y Joel Hernández.

También llegará la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum; la secretaria adjunta, María Claudia Pulido, y el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca.

Una vez finalice la visita se expedirá un comunicado y, hasta 30 días después, un reporte en el que, según Abrão, no habrá obligaciones para el Estado colombiano, pero sí recomendaciones que podrían incluir una reforma a la Policía.

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"Si el Estado asume una postura negacionista, de negación total de las violencias, de una postura de negación de hacer cambios en su respuesta represiva, la comisión podrá también llegar a la conclusión de que el Estado no está dando cumplimiento a las recomendaciones internacionales e incluirlos en su informe anual en el rol de los países violadores de derechos humanos en la región", indicó.

Se parte de la premisa de que el Estado colombiano, que ha suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, cumpla. De no hacerlo, advierten otros expertos, podría haber otras consecuencias.

"El cumplimiento de las recomendaciones normalmente son advertidos por organismos trasnacionales, por calificadoras de riesgo, por inversionistas, que determinarán, con base en el respeto que tenga el respectivo gobierno por las recomendaciones que le haga la comisión, para todo lo que tiene que ver evaluaciones de riesgo o transacciones internacionales", afirmó Luis Ernesto Vargas, excomisionado de la CIDH.

El precedente también es importante. Colombia ha sido uno de los países más exigentes para que otros estados, como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, entre otros, cumplan con las recomendaciones de la CIDH.

“Sería una incoherencia, una inconsistencia de su política exterior defender algún tipo de doble estándar y no valorarlos de manera equitativa para su propia claridad", sostuvo Abrão.

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Los expertos coinciden en que, si bien la comisión tendrá en cuenta realidades como afectaciones por cuenta de bloqueos o abusos de la protesta pacífica, el centro de su labor será emitir recomendaciones a las autoridades estatales colombianas, en el sentido de garantizar el respeto por los derechos humanos.

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