Gustavo Petro se pronunció sobre el alcance del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que el Estado colombiano violó sus derechos políticos.
El caso tiene que ver con la destitución de Petro como alcalde de Bogotá e inhabilitación por 15 años ordenada en diciembre de 2013 por la Procuraduría General, en ese entonces bajo el mando de Alejandro Ordóñez.
La decisión, sin embargo, fue anulada por el Consejo de Estado en abril de 2014 y el político fue restituido en el cargo.
Para Petro, este fallo de la CIDH deja en evidencia que Ordóñez es "un violador flagrante, probado, de los derechos humanos, porque los derechos políticos son derechos humanos".
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"Si Ordóñez tuviese valores cimentados en la decencia, él mismo debería tomar la decisión de renunciar", apostilló.
El senador, además, cuestionó a los órganos de control colombianos: “¿por qué se está haciendo como si fuese una irregularidad en manos de contralores y de autoridades políticas y no judiciales? Pues al dejarle eso a autoridades políticas y no judiciales lo que se construyó en Colombia fue un sistema de extorsión”.
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Agregó que “la multa que me pone el presidente de la República es por $850 millones y la indemnización que logro por este proceso es más o menos $36 millones. El Estado puede recuperar eso que me paga y es contra quien me produjo el daño como persona, ya no como institución, y ese que produjo el daño se llama Ordóñez”.
“¿Qué pasa políticamente con Ordóñez? Porque él es embajador en la OEA de este Gobierno. La sentencia no habla de eso y obviamente ni a mí me interesa mucho porque el embajador de la OEA es un digno representante del presidente Duque y esa es la imagen que él quiere presentarle al mundo”, aseguró al volver a referirse al exprocurador.
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