A raiz de los escándalos de los perfilamientos ilegales a periodistas, congresistas e integrantes de ONG por parte de miembros de la inteligencia del Ejército, y que tienen bajo investigación a 13 uniformados, entre ellos a dos generales de la República, el ministerio de Defensa manifestó a la Procuraduría que acatará las medidas cautelares que les impusieron.
Además del inspector para cada una de las fuerzas, el ministro Carlos Holmes Trujillo explicó: “estandarizamos una certificación de cumplimiento del estudio de credibilidad y confiabilidad del personal aspirante a integrar estos organismos, aplicando pruebas con prioridad a los cargos sensibles y críticos”.
Así mismo, el comando general del Ejército les solicitó a los comandos de fuerza, de manera inmediata, revisar y actualizar los manuales de inteligencia.
Para expertos como Ariel Ávila, de la fundación Paz y Reconciliación, medidas como estas no son eficaces. “Era de esperarse ese anuncio porque están políticamente acorralados. Obviamente han manifestado que mejorarán los protocolos y los mecanismos de seguimiento para la utilización de todos los aparatos y todos los servicios de inteligencia. Lo segundo es que esos anuncios han sido normales en otro tipo de escándalos, así que es posible que esto, en principio, no tenga mayores efectos si no se ejercen controles reales sobre el aparato militar”.
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Para las víctimas de perfilamientos, más allá de los anuncios, se necesitan resultados en las investigaciones para saber quién dio la orden y a dónde llego esa información.
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