En agosto de 2017, los entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y presidente de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Fernández, revelaron cómo magistrados de este alto tribunal estarían engavetando procesos judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero, , lo que se conoció como el cartel de la toga.
El principal delator del escándalo fue Luis Gustavo Moreno Rivera, un prometedor abogado penalista y profesor universitario que había alcanzado uno de los cargos más importantes de la Fiscalía: jefe de la unidad anticorrupción, capturado en junio de ese año por pedirle 500 millones de pesos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para dilatar su proceso.
Los pagos de dicho dinero se hicieron en Estados Unidos, razón por la cual Moreno fue extraditado.
Con su detención se abrió la caja de pandora en la que salieron a relucir los nombres de los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo como supuestos líderes de la organización criminal.
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Tres años después los únicos detenidos son el exmagistrado Malo y el exfiscal Moreno, quien ya está cerca de cumplir su pena y regresar a Colombia.
Magistrados implicados en el cartel de la toga
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El primero en ser capturado por el escándalo fue el exmagistrado Francisco Ricaurte. Se convirtió en el primer expresidente de la Corte Suprema en estar sentado en el banquillo de los acusados.
Su detención solo duró cerca de un año, ya que la Fiscalía no logró llevarlo a juicio antes de que se vencieran los términos, por lo que un juez ordenó su libertad en agosto del año pasado.
El otro protagonista de este escándalo es José Leonidas Bustos, señalado de pedir una millonaria suma de dinero al excongresista Musa Besaile a través de su entonces amigo Luis Gustavo Moreno.
La investigación en su contra la inicio la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes en octubre de 2017, donde Bustos compareció algunas veces, hasta que a finales de 2018 decidió viajar a Canadá, de donde no ha regresado.
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Hace pocos días fue acusado ante el Senado y se dará inició al juicio ante esta misma plenaria, donde se determinará si se le declara indigno o se le quita su fuero.
Si esto sucede la investigación quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia.
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Edward Rodríguez, representante encargado de la investigación, reiteró que los juristas se habrían encargado de formar una empresa criminal para dilatar procesos judiciales, afirmación que, dijo, sustentará con más de 100 pruebas.
Entretanto el proceso contra Gustavo Malo, quien para el momento en el que se conoció el escándalo era el único de los magistrados que permanecía en la Corte Suprema, ha avanzado un poco más rápido, ya que en septiembre de 2017 abrieron indagación en la comisión de acusaciones y un año después el Senado le quitó su investidura, dejando el caso en manos del alto tribunal del que un día hizo parte y que luego ordenó su captura.
Actualmente se encuentra en el cantón norte, sede militar de Bogotá, y la corte ya inició el juicio en su contra.
Su defensa señala que no hay pruebas directas en contra del exmagistrado Malo y que se ha violado el debido proceso.
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Otro de los procesos en este caso de corrupción, es el del exmagistrado Camilo Tarquino, señalado de pedirle 20.000 millones al exgobernador Alejandro Lyons para frenar sus procesos.
Solo fue llamado a imputación de cargos en septiembre del año pasado y en junio de este año la Fiscalía hizo el llamado a juicio en su contra.
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¿Quiénes habrían pagado los sobornos y se vieron beneficiados?
Alejandro Lyons: el exgobernador de Córdoba hizo un acuerdo con la DEA para entregar al jefe anticorrupción de la Fiscalía, con lo que estalló el escándalo del cartel de la toga.
Las explosivas revelaciones de Lyons dieron cuenta de haberle pagado al exmagistrado Camilo Tarquino 30 millones de pesos para que supuestamente las altas cortes y la Fiscalía no impulsaran investigaciones por hechos graves de corrupción en su departamento, como el manejo de las regalías del departamento.
Condenado a 5 años y 3 meses de cárcel en Estados Unidos, el exgobernador aún no salda cuentas con la justicia colombiana.
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Musa Besaile: reconoció haber pagado 2 mil millones de pesos para evitar su captura por parapolítica. En enero de 2020 fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz.
El abogado de Besaile, Luis Ignacio Lyons España, quien habría preguntado cómo se podía evitar la captura, es investigado por estos hechos.
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Álvaro Ashton: el exsenador aseguró ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que llegó a un acuerdo de $800 millones a cambio de que en ese alto tribunal se le archivara un proceso por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Pidió pista en la JEP y fue admitido.
Juan Carlos Abadía: se cree que el exgobernador del Valle del Cauca logró, con la misma red de corrupción judicial, que le archivaran por lo menos dos investigaciones y dilataran una imputación de cargos por unos convenios para distribuir textos escolares en 40 bibliotecas del departamento, beneficiando ampliamente a terceros.
En la larga lista de los señalados de servirse de los oficios del cartel de la toga figuran excongresistas y otros altos funcionarios como Hernán Andrade, Argenis Velásquez, Luis Alfredo Ramos y Alberto Velásquez Echeverry, secretario administrativo de presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe.
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