Trujillo y la cúpula militar salieron a dar explicaciones luego de que se denunciara que, desde el Ejército, se interceptó a magistrados, políticos y periodistas.
El ministro de Defensa aseguró que ya está en curso una investigación para establecer la veracidad y los alcances de la denuncia que publicó la revista Semana, según la cual uniformados realizaron chuzadas bajo órdenes de un político del Centro Democrático.
“El país necesita conocer la verdad. La verdad administrativa y disciplinaria se conocerán cuando se adelanten las investigaciones correspondientes. Una vez esas investigaciones concluyan, se precisará si los hechos ocurrieron o no ocurrieron. O, si ocurrieron, en qué circunstancias, quién conocía o no conocía, quién participó o no participó. A la verdad no se llega a la carrera”, recalcó Carlos Holmes Trujillo.
Por su parte, el nuevo comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, dijo que no permitirá que hombres bajo su mando realicen acciones fuera de la ley.
“No aceptaré como comandante del Ejército que ninguno de los hombres y mujeres bajo mi liderazgo y conducción esté haciendo situaciones especiales fuera del marco de la ley. Hice la primera reunión con todos los generales, hice el primer comunicado, la primera videoconferencia con todos mis hombres, incluidos los soldados, diciéndoles que el comandante del Ejército necesita de su apoyo, de su transparencia, de soldados honestos, probos”, precisó el alto oficial.
URIBISMO PIDE REVELAR NOMBRE
Horas antes, el partido Centro Democrático, liderado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, pidió a las autoridades que hagan público los nombres de los miembros de ese movimiento que supuestamente están vinculado a las escuchas ilegales de militares a políticos, magistrados, generales y periodistas.
"Solicitamos a las autoridades competentes que de comprobarse en la investigación oficial la veracidad de la información emitida por el medio de comunicación hagan públicos los nombres de los integrantes del partido presuntamente implicados en dichas acciones, para tomar las medidas correspondientes", detalló el Centro Democrático en un comunicado.
Según la denuncia, publicada el sábado por la revista Semana, el relevo como comandante del Ejército colombiano del general Nicacio Martínez, cuestionado por su política frente a los derechos humanos, fue precipitado en diciembre pasado por las escuchas ilegales.
El informe titulado "Chuzadas sin cuartel" señala que miembros de la inteligencia militar denunciaron cómo utilizaron de forma ilegal "sofisticados equipos" donados por organismos de inteligencia de EE. UU. para "fines ilegales".
Esas escuchas fueron realizadas el año pasado desde las instalaciones de dos guarniciones del Ejército "como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación".
Según un militar, a él le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución, pero resultó ser la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que hizo parte del Ejército.
"Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático", detalló el uniformado.
En ese sentido, el partido, del que también hace parte el presidente Iván Duque, señaló que para cada uno de sus integrantes es "prioridad la legalidad como principio inamovible de todas las actuaciones que los rodean".
Este caso recuerda al de las "chuzadas", como se conoce en el país al escándalo de interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).
Por este caso fueron condenados, entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar "interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial".
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