Sigue siendo tensa la situación en Segovia a raíz de las confrontaciones entre grupos armados ilegales y la fuerza pública. Este fin de semana iniciaron los corredores humanitarios por parte de la Cruz Roja Internacional. Las amenazas a la población civil continúan.En Segovia, hombre perdió el pie derecho tras pisar una mina antipersonalMás de 300 militares de distintas especialidades se adentrarán en lo más profundo de la zona rural de Segovia, noreste antioqueño.La orden es clara: recuperar el territorio de los ilegales y regresar la calma a las poblaciones intimidadas por el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN , los mismos señalados de desplazar y amenazar a Jhanuarya Gómez Gil, una reconocida periodista de la zona que venía informando sobre la situación de orden público.“Recibo un mensaje mencionando a mi hija de tan solo 15 años ya mi señora madre, lo cual me llevó a acudir a las autoridades. Se confirma la información y me sacan del municipio”, contó Gómez Gil.“Creemos que los grupos armados deben sacar a la población civil de toda esta confrontación armada. Comunidades denuncian desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, desabastecimiento de gas y combustible ”, indicó Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz.Se recrudece conflicto armado entre ELN y Clan del Golfo en Chocó: "Tenemos hambre y miedo"Aunque la presencia permanente de las autoridades ha disminuido los ataques y enfrentamientos, el miedo reina en las veredas.La Cruz Roja Internacional, a través de un corredor humanitario, logró ingresar alimentos y elementos básicos para las más de 1.000 personas que están atrapadas, entre las balas, en Segovia.
Juan José Tobón Úsuga, de 18 años, fue secuestrado en Ituango, Antioquia. Las autoridades informaron que hombres que se identificaron como disidentes de las FARC llegaron a un establecimiento comercial, intimidaron al joven y se lo llevaron.ELN liberó a Jhon Jiménez, politólogo y líder afro que había sido secuestrado en BolívarAl parecer, lo obligaron a montarse en su propia motocicleta para secuestrarlo. El vehículo fue encontrado incinerado a dos kilómetros del sitio del rapto. Hasta el momento, ni las autoridades de Ituango ni la familia tienen información sobre su paradero. "Pedimos a quienes tengan a Juan José por favor devolverlo a su familia. Pedimos a Dios para que regrese a su familia sano y salvo. Estos hechos llenan de zozobra e incertidumbre a la comunidad", expresó Iván Graciano, presidente del Concejo de Ituango.El Gaula de la Policía y el Ejército adelantan investigaciones para poder establecer dónde está Juan José Úsuga. El joven trabaja como comerciante en esta subregión del departamento de Antioquia y, según reportes, no había recibido amenazas en su contra.Así secuestraron a un joven frente al Parque Tercer Milenio, cerca de la Alcaldía de Bogotá
La periodista Jhanuarya Gómez Gil tuvo que salir del municipio de Segovia, en Antioquia, producto de amenazas e intimidaciones por parte de un grupo armado ilegal que se ha identificado como el Clan del Golfo.Más de 800 habitantes de Segovia están confinados por combates con Clan del Golfo: "Tenemos miedo""Nos enteramos de las amenazas y posterior desplazamiento forzado contra una periodista de nombre Jhanuarya Gómez Gil. Este hecho se suma a una situación crítica en este municipio y evidentemente es un hecho que rechazamos. Creemos que los grupos armados deben sacar a la población civil de toda esa confrontación armada que tienen. También algunas comunidades denuncian el desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, el desabastecimiento de gas y combustible", indicó Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz.Entre tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia en zona rural de Segovia, Antioquia, donde la situación por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y fuerza pública ha empujado a las autoridades a abrir un corredor humanitario ante la delicada situación.El CICR entregó en las veredas Las Manuelas, Aguacates y Cancha, donde los habitantes "están sufriendo múltiples consecuencias que han dejado los enfrentamientos entre diferentes actores armados", 190 mercados con alimentos de primera necesidad como arroz, aceite, pasta, frijoles, lentejas, harina, café y sardinas, entre otros.Precisamente en esta zona murieron cuatro militares la semana pasada en enfrentamientos contra el Clan del Golfo, al intentar recuperar el control que tiene este grupo criminal en el noreste antioqueño.Se conoció el testimonio de uno de los soldados que ha acompañado estas operaciones militares desde el pasado 16 de febrero en zona rural de Segovia. "Aunque era un grupo muy grande de delincuentes armados, logramos alejarlos de la población. Soy consciente del riesgo de esta misión. Me duele que compañeros míos fueron asesinados, pero la misión continúa para proteger a cada colombiano", señaló el uniformado en un video.Alias Chuzo y alias Azul: los criminales del Clan del Golfo que siembran el terror en SegoviaPor otro lado, se entregó a la comunidad una electro-bomba que le permitirá a por lo menos 800 de sus habitantes volver a tener acceso al agua.Las autoridades anunciaron que abrirán un corredor humanitario para atender a 800 familias de cinco zonas rurales de Segovia que están confinadas o desplazadas por los enfrentamientos armados entre el Ejército y el Clan del Golfo que suceden desde el 7 de febrero."La agudización de los combates desencadenó una crisis humanitaria. Los derechos fundamentales a la libre movilidad, a la salud y a la alimentación de los moradores de esa zona del nordeste antioqueño están siendo vulnerados, ya que hay escasez de alimentos, combustibles y medicinas", informó la Defensoría del Pueblo, uno de los entes que participará en esta iniciativa.Adicionalmente, ha habido al menos una persona herida por una mina antipersonal en la vereda Los Aguacates, y ya la semana pasada un soldado del Ejército murió al activarse uno de estos artefactos explosivos.Se recrudece conflicto armado entre ELN y Clan del Golfo en Chocó: "Tenemos hambre y miedo"Las confrontaciones entre grupos armados ilegales y la fuerza pública no solo se registran en Segovia, también de Remedios, municipio ubicado en el norte del departamento de Antioquia.
Silenciadas por el miedo y las balas permanecen más de 800 personas de las veredas Altos de Manila, El Aguacate y Las Manuela de Segovia, Antioquia, municipio donde el fin de semana fueron asesinados cinco soldados.Ejército confirmó la muerte de un soldado que cayó en un campo minado en Segovia, Antioquia“Hoy están enfrentando quizá lo más fuerte de los enfrentamientos y eso los mantiene confinados en sus viviendas, porque por temor a quedar en el cruce de disparos no salen a hacer sus labores cotidianas de trabajo ni tampoco pueden desplazarse hacia el municipio”, aseguró el alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, quien ha recibido amenazas.Entre tanto, las familias de los soldados asesinados empiezan a enterrar a estos jóvenes. Uno de ellos fue Yeison Andrés Medina, a quien Oswaldo Rudas, uno de sus allegados, recuerda como una persona “llena de ilusiones, llena de muchos proyectos que se le quedaron estancados ahí”.Durante 11 años, el soldado ejerció su labor en el Ejército Nacional y ahora que no pudo regresar, su familia le hace un llamado a Gustavo Petro: “Al Gobierno nacional, al presidente, que por favor esto no quede impune, que no mueran más jóvenes inocentes. Estamos hablando de un proceso de paz y vea, cuatro familias de luto y los muchachos heridos, entonces es una tristeza muy grande”.Por su parte, Julio César Lerma, un desplazado por la violencia, llora la muerte de su hijo Abner Eduardo Lerma y clama a los actores del conflicto: “Dejen esa guerra, nos estamos matando nosotros mismos, los mismos jóvenes hoy en día se están matando. ¿Qué pasa? Busquen otro futuro, que nuestro país se está quedando en la pobreza por tanta guerra que hay”.Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, dice que la culpa de lo que pasa en Segovia es por “una confrontación que está tomando lugar allí entre el ELN y la alianza con el Estado Mayor Central, ambos embarcados en ese embeleco de la paz total posando de insurgentes cuando solo tienen detrás el interés de capturar rentas ilícitas del narcotráfico o las extorsivas que le imponen a la minería. Y por otro lado, el Clan del Golfo, que posa de contrainsurgente buscando que lo metan dentro de la bolsa de la paz total y, de esa manera, llevándose por delante a la población civil y con grandes afectaciones”.Alias Chuzo y alias Azul: los criminales del Clan del Golfo que siembran el terror en Segovia
En Antioquia, Cauca, Caquetá y Santander, las familias de los militares asesinados por el Clan del Golfo en Segovia, Antioquia, pidieron que se detenga la violencia. Hoy, desde Barrancabermeja los seres queridos de un soldado aseguraron que son los jóvenes los que están sucumbiendo en esta ola violenta.Ejército confirmó la muerte de un soldado que cayó en un campo minado en Segovia, AntioquiaJulio César Lerma, desplazado por la violencia en el sur del Bolívar, camina con la tristeza a flor de piel por la Comuna 7 de Barrancabermeja. En esas calles vio crecer a su hijo, Abner Eduardo Lerma, uno de los 4 militares asesinados por el Clan del Golfo en Segovia.“Muy adolorido. Mi familia está hecha nada. Somos gente muy humilde. Le quitaron la vida a mi hijo, era un excelente muchacho. Él amaba a su familia, no había cumpleaños que no recordara. Si él podía me mandaba recursos, así fueran 50 mil pesos, pero me los mandaba. Era un niño de corazón sensible”, aseguró Julio César Lerma.Abner Eduardo se convirtió en bachiller en Barrancabermeja y por falta de recursos no pudo seguir estudiando. Enlistarse en el Ejército Nacional fue una buena opción para salir adelante.“Me siento orgullosa de que él haya servido a la patria, era un sueño que tenía desde niño”, agregó Íngrid Lerma, hermana del soldado muerto.Esta familia hace hoy un llamado a todos los actores del conflicto para que cesen las hostilidades y dejen de matar inocentes: “Que dejen la guerra, nos estamos matando nosotros mismos. Los jóvenes son los que están matando. ¿Qué pasa? Busquen otro futuro. Nuestro país se está quedando en la pobreza por la guerra”.La última vez que Julio César Lerma vio a su hijo fue mediante una videollamada. Hoy está a la espera de sus restos mortales para darle cristiana sepultura.Iván Cepeda, negociador del Gobierno con el ELN, dijo que el cese al fuego es “imperfecto”
El soldado profesional Diego Gómez Fonseca murió luego de caer en un campo minado que habría sido instalado por criminales del Clan del Golfo en el municipio de Segovia, nordeste de Antioquia.Más de 800 habitantes de Segovia están confinados por combates con Clan del Golfo: "Tenemos miedo"Según el Ejército Nacional, dos uniformados más resultaron heridos en este mismo hecho.Delegación de paz en QuibdóA Quibdó llegó la delegación del Gobierno nacional que negocia la paz con el ELN, esto luego del paro armado que esta guerrilla ejecutó en Chocó y que puso en jaque a varias poblaciones. La gobernadora del departamento aseguró que es importante incluir a las comunidades en las mesas de diálogo.“La condición de plantear solamente el cese al fuego termina siendo insuficiente, pues esta refiere a un cese de hostilidades entre fuerza pública y ELN. Eso se tiene que extender a la comunidad, a un derecho que es muy claro en todos los preceptos y es el derecho internacional humanitario y derechos humanos de las comunidades”, manifestó Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó.Vera Grabe, jefa negociadora del Gobierno con el ELN, aseguró que es importante llegar al territorio y que ese es uno de los propósitos de la mesa de negociación. Afirmó que van paso a paso pese a las dificultades que se han presentado.Alcalde de Nóvita dice que el levantamiento del paro armado del ELN en Chocó es “una voz de alivio”
Sigue siendo crítica la situación humanitaria en Segovia, Antioquia. Hay más de 800 personas confinadas. En las últimas horas, los combates dejaron la muerte de los soldados profesionales Yeison Andrés Medina, Brayan Hoyos, Nelson Javier Guzmán y Anner Eduardo Lerma, quienes fueron asesinados por criminales del Clan del Golfo.Cayó alias Óscar, uno de los jefes de sicarios más sanguinarios del Clan del GolfoEn Segovia, según algunos de sus habitantes, desde hace más de 2 semanas son varios los enfrentamientos que se han registrado entre grupos armados como el Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC.“Esto ha tenido afectadas a más de 14 veredas de nuestro municipio. Hoy permanecen 3 de ellas en confinamiento”, lamentó Edwin Castañeda, alcalde de Segovia.En la zona hay temor por los combates, allí casi nadie quiere hablar de lo que sucede. Solo piden que los enfrentamientos se detengan y les respeten la vida.“Nosotros como población civil tenemos miedo, tenemos mucho miedo, no tenemos garantías del Gobierno. Miren hasta dónde hemos llegado, nosotros como población civil somos vulnerables a los enfrentamientos de las bandas criminales”, expresó un habitante del municipio.“Desde el año pasado, en alrededor de 30 veredas de Segovia y Remedios el Clan del Golfo empezó a restringir el ingreso de gasolina y también de pipetas de gas. Esto está generando una crisis humanitaria en nuestra región”, denunció Carlos Morales, representante legal de la organización campesina Cahucopana.Aunque el 10 de febrero llegaron más de 200 uniformados de las Fuerzas Militares al territorio para reforzar la seguridad, el panorama no ha cambiado, por el contrario, se ha complicado. Los habitantes de la zona piden que se detengan los combates.Hallan más de 5 toneladas de cocaína en depósito subterráneo en Antioquia: serían del Clan del Golfo
Sonia González Londoño es una madre de Segovia, Antioquia, que a sus 44 años de edad ha visto morir a sus dos hijos en menos de un año. En la búsqueda de hacer justicia por el asesinato de su hijo de 17 años, tras negarse a pagar una extorsión, los mismos criminales le arrebataron al otro.Séptima masacre en Antioquia: asesinaron a tres personas frente a un niño de 2 años“A raíz de que yo seguía pidiendo justicia y no me quedaba callada, el 14 de septiembre de este año, con 10 meses y un día de haber enterrado al otro, me matan mi hijo. Salía de jugar un partido de fútbol”, cuenta.Ella es de Segovia, Antioquia, pero ya no vive allí, ahora huye por su vida. Aunque no pierde la esperanza de que el grupo armado que acabó con la existencia de sus dos hijos pague por estos crímenes sus fuerzas se debilitan con el paso del tiempo.“Yo le decía al mismo Clan del Golfo que saliera para que acabara con la vida de mi niña y yo, porque nosotras estábamos desarmadas, como a ellos les gusta. Ya se puede ver que me mataron a dos hijos que no tenían nada que ver ni con armas ni con nada, simplemente los matan porque les dio la gana”, agrega.En sus redes ha divulgado su historia de dolor y pide apoyo para poder salir del país: “Estoy esperando a ver qué va a hacer el Gobierno, ya son 11 meses y tres días, y estoy deambulando”.Esta madre de Segovia perdió lo que más quería y tuvo que abandonar lo único que tenía para tratar de hacer justicia.“Esto no se lo deseo a nadie, no sé si me duele, sí me arde, si lloro, si respiro. Lo único que yo digo es que la misericordia de Dios me tiene acá”, dice entre lamentos.Sonia es muy valiente, sigue en pie de milagro y encuentra motivos para levantarse cada vez que recuerda que el asesinato de sus dos hijos no puede quedar impune. Pide ayuda a las autoridades para que los culpables paguen y ella no muera en el intento.
Tras un año del asesinato de un niño llamado Maximiliano Tabares en medio de un ritual de santería en el nordeste antioqueño para ubicar una supuesta guaca con oro, una pareja fue condenada por el crimen.Le recomendamos: Con santería y hechicería, 13 delincuentes querían ser "invisibles" ante la PolicíaSegún la Fiscalía, un juez especializado de Antioquia avaló un preacuerdo en el cual se pacta una pena de 40 años y 10 meses de prisión en contra de Robinson Esmit Arboleda Ramírez, alias 'Orejas' o 'el Orejón', por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada.Así mismo, se dictó una sentencia de 5 años y 8 meses a la compañera sentimental de Arboleda, Susana Ceballos Zapata, alias 'la Discípula' o 'la Sumisa', por los delitos de favorecimiento de homicidio agravado, favorecimiento de tortura agravada y favorecimiento de desaparición forzada agravada.El ente acusador aseguró que la investigación adelantada permitió determinar que el 21 de septiembre de 2022 la madre del menor, quien también se encuentra vinculada con el proceso, reportó la desaparición de Maximiliano Tabares, alegando que este no regresó a casa de un viaje a una tienda en el corregimiento Cruzada.Pese a esta versión, las indagaciones permitieron establecer que el menor fue transportado por alias 'Orejas' y otras dos personas el 20 de septiembre del 2022 a una zona rural del municipio Segovia."El niño fue golpeado indiscriminadamente durante dos días por el grupo delincuencial Los Carneros, en medio de un ritual para ubicar una supuesta guaca con oro", explicó la Fiscalía por medio de un comunicado oficial.Finalmente, el 27 de octubre de 2022, servidores del grupo de Criminalística del CTI Seccional Antioquia fueron guiados por Robinson Esmit Arboleda Ramírez, líder de la secta que practicaba santería, a una fosa donde reposaban los restos del pequeño de tan solo 8 años de edad.En el crimen de Maximiliano Tabares también están involucrados su madre, padrastro, abuela materna y el compañero sentimental de esta, quienes ya están acusados y en etapa de juicio.En otras noticias: Rescatan animales que, al parecer, iban a ser usados para ritual de santería en Medellín
En Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, se realizó una audiencia pública con la comisión de paz del Senado en el que las comunidades denunciaron graves hechos de violencia, como el ocurrido en Segovia, con el asesinato de un firmante de paz que provocó un desplazamiento.En el Cauca viven entre la incertidumbre y la desesperanza pese a promesas de pazLa víctima fue identificada como Benicio Beltrán Borja, que se dedicaba a la agricultura.“Los últimos meses se vienen asesinando a los distintos reincorporados de las FARC, no solamente en el departamento de Antioquia, sino en Colombia. Este asesinato es producido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, denunció Carlos Arcila, defensor de derechos humanos.Tras ser asesinado, el firmante de paz fue incinerado dentro de su casa.El hecho provocó “un fuerte desplazamiento forzado en el nordeste antioqueño debido a esta avanzada paramilitar de las AGC por las veredas Cañaveral de Chicamoqué y Villanueva”, precisó Geraldin Izaza, de la organización derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.Entretanto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también habló de “un enfrentamiento, al parecer, entre los grupos ilegales del Clan del Golfo y el ELN en el sur de Bolívar, y eso produjo a su vez un desplazamiento de personas de estos sectores hacia Segovia. En principio la información que tenemos es de 20 personas y aún podría ser un número mayor”.“Lo que hay es una competencia por esos territorios y por el control del territorio entre estos grupos ilegales y ahí tenemos este enfrentamiento en este sector del sur de Bolívar, también los hemos tenido en Antioquia, por ejemplo, en Cáceres, en San Pablo, también en Briceño y Valdivia y con efectos de temor sobre la población civil”, agregó.Según el Observatorio de Conflicto y Violencia de Indepaz, entre el primero de enero de 2016 y el 31 de agosto de este 2023, se presentaron 1.324.964 desplazamientos masivos en varias regiones del país. La principal causa: amenazas por grupos armados ilegales. Las comunidades más afectadas son las afro y raizales, que registran 339.551 víctimas de este fenómeno, y comunidades indígenas con 131.447.Las regiones más perjudicadas por estos desplazamientos son: Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia.Luz Elena Ruiz Suárez, lideresa del Bajo Cauca antioqueño, le hizo “un llamado al Gobierno nacional y es que se enfoque más en los territorios. Muy buena la visita que están haciendo hoy en Cáceres y todo, pero nosotros no solo queremos que lleguen visitas por el momento y se alejen, nosotros lo que queremos es que estén llegando con propuestas”.Por carro bomba en Jamundí deben demoler casas de damnificados: “Solo pudimos sacar la ropa”
La primera persona a la que el Estado peruano le aprobó la eutanasia, Ana Estrada (47 años), quien padecía una enfermedad degenerativa progresiva, murió el domingo mediante este procedimiento médico, informó este lunes su abogada en un comunicado.Martha Sepúlveda recibió la eutanasia tras meses de espera"El domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final", indicó la abogada Josefina Miró Quesada.El comunicado detalló que el procedimiento médico se realizó conforme al Plan y Protocolo de Muerte Digna aplicable a Estrada, que fue aprobado por el seguro social estatal EsSalud "en el marco de la histórica sentencia a su favor, emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022".Ana Estrada sufría desde los 12 años polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita los músculos y que la mantuvo conectada a un respirador artificial.En los últimos años, fue el símbolo de la eutanasia en Perú, puesto que fue de las primeras personas en abrir su debate en la sociedad."Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía", compartió la familia en la información al agregar que agradeció a los funcionarios públicos que integraron en su momento la Defensoría del Pueblo y la defendieron.Recordó que su caso permitió que la justicia peruana reconociera por primera vez en su historia "que todos tenemos derecho a morir con dignidad", tras una batalla legal que empezó en 2019."La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derechos. Su lucha ha trascendido las fronteras de nuestro país y ha marcado un hito en la región", señaló.Añadió que Ana Estrada, psicóloga de profesión, "se convirtió en el rostro de esta justa causa que se propone defender la dignidad de principio a fin y la libertad de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos"."El legado de Ana vivirá en la mente y el corazón de muchas personas y en la historia de nuestro país. Sus familiares y seres queridos celebramos su vida, y agradecemos las muestras de solidaridad, apoyo y comprensión hacia la lucha de Ana", concluyó el comunicado.El 22 de enero pasado, Ana Estrada se mostró satisfecha de poder elegir al médico que la asistiera cuando decidiera someterse a la eutanasia, tras la resolución de las observaciones que hizo al protocolo del procedimiento el seguro social."Esto es para mí, exactamente, como me lo propuse desde el primer día… Yo sabía que esto era una garantía para mi vida. Yo necesitaba esta carta verde para que yo pueda vivir con plenitud en esta última etapa, que no sea dolorosa, ni con angustias de qué es lo que va a pasar", dijo entonces la paciente.Joven decide practicarse la eutanasia debido a graves problemas de salud mental
Un juez decidió enviar a la cárcel a un extranjero en Medellín que habría ofrecido dinero a una menor de 17 años para tener relaciones sexuales en un apartamento del barrio El Poblado.La razón por la que dejaron libre a ciudadano chino hallado en Medellín con menor de edad"De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la noche del pasado 18 de abril, el extranjero habría llevado con engaños, hasta su apartamento del barrio El Poblado de Medellín, a la adolescente", señaló la Fiscalía en un comunicado.La menor se negó a las pretensiones del hombre de 57 años y denunció el hecho ante las autoridades, por lo que posteriormente el sujeto fue capturado."Ante la negativa de la víctima, el hombre, al parecer, la empujó y la saco del inmueble. La menor fue auxiliada por los vigilantes del edificio y, luego de poner el caso en conocimiento de las autoridades, el extranjero fue capturado", anotó el ente investigador.Este extranjero en Medellín fue imputado por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y, según la Fiscalía, el hombre no se allanó a los cargos.Robaron un Rolex en Medellín y pidieron $75 millones para devolvérselo al dueño, pero los atraparon
El Sena lanzó una convocatoria del Fondo Emprender por 45.000 millones de pesos para financiar proyectos campesinos en todo Colombia.Más de 500 mujeres emprendedoras podrán recibir hasta $100 millones: ¿cómo postularse?Jorge Londoño, director del Sena, estuvo en Signo Pasos para explicar detalles de dicha convocatoria y cómo los interesados pueden acceder a estos recursos.Sena le certificará gratis habilidades en construcción, diseño y más: hay 5 mil cupos
El domingo 21 de abril de 2024, en varias ciudades de Colombia se registraron multitudinarias marchas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, lejos de escuchar el clamor de muchos ciudadanos, se ha dedicado a minimizar las movilizaciones.Iván Name le hizo una petición al presidente Petro tras las movilizaciones: “No invente problemas”Para analizar el impacto de estas marchas, a Juan Esteban Lewin, jefe de redacción del diario español El País en Colombia, y Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional, estuvieron en Sala de Prensa.Andrés Calle sostuvo que las marchas del domingo “son un acto para reflexionar y llegar a acuerdos”
Después de más de cuatro décadas, aún no se sabe con certeza qué paso con un grupo de estudiantes víctimas de desaparición forzada a finales de los años 70 y principios de los 80.Alejandro Arias, presunto homicida del veedor Jaime Vásquez, fue enviado a la cárcelHoy los que piden justicia son los hijos, los hermanos y los nietos de ocho estudiantes de la Universidad Nacional detenidos, desaparecidos y torturados por lo que en su momento se conoció como una alianza criminal entre el Movimiento Muerte a Secuestradores, en cabeza del narcotráfico, y el F2, la Policía secreta.“Fueron en su mayoría personas jóvenes, estigmatizadas por agentes e instituciones formalmente representantes de un Estado de derecho, pero que jamás se ciñeron al derecho. Si privaron de la libertad, si fingieron que investigaban delitos, si engañaban con falsificadas protecciones de la ley o de las víctimas, ninguna de sus diligencias siguió trámites legales”, expresó en un discurso Javier Giraldo, defensor de derechos humanos.Como un acto de justicia y una medida de un poco de reparación, por primera vez la Universidad Nacional de Colombia otorgó ocho grados honoríficos y simbólicos a estudiantes víctimas de desaparición forzada.Teresa San Juan, hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982, y algunos de quienes dibujaron la emblemática imagen de Ernesto Che Guevara en el campus universitario, esperó por este tipo de reparación 42 años.“Cuarenta años de lucha, 40 años de búsqueda, 40 años recorriendo los periódicos, 40 años recorriendo las calles con carteles”, recordó Teresa San Juan.Carlos Armando Joya, hermano de Edilbrando, estudiante y cerrajero desaparecido el 13 de siempre de 1982, dice que su hermano tenía que presentar un examen, pero nunca llegó.“Yo vine a preguntar con los compañeros y los profesores qué había sucedido y empecé a enterarme de cosas que no tenía idea. Ya había algunos estudiantes desaparecidos, otros mismos de los que estamos aquí nombrando, el caso Colectivo 82, y Edilbrando fue el último de los estudiantes”, contó Joya.Cuarenta años de una escandalosa impunidad, dicen las familias. Padres que se cansaron de recorrer las calles pidiendo justicia. Sin embardo, hoy ninguno está vivo para recibir este reconocimiento.“Yo aspiro a no morirme sin conocer la verdad, yo quiero la verdad y quiero justicia”, dice Nancy García Villamizar, hermana de estudiante desaparecido.“Llegaron al taller, entraron y se identificaron como miembros del F2 y dijeron que lo iban a llevar para una investigación. Mis primos trabajaban con mi papá e intentaron detenerlo porque lo llevaban hombres fuertemente armados y se lo llevaron, lo subieron a una camioneta panel ese día y de ahí no hemos vuelto a saber nada de él”, recordó Martha Ospina, hija de uno de los estudiantes desaparecidos.Hace 30 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de estas desapariciones y hace dos años fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Todo esto ocurrió en el marco del Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982.Rafael Barrios, cofundado del Cajar, asegura que “son agentes del Estado los que perpetraron está desaparición forzada”.Estas son algunas de las familias de lo que se conoce como el Colectivo 82, quizás el primer caso de desaparición forzada colectiva de la que se tiene registro en Colombia, los mismos que encabezaron las marchas de los claveles blancos.“La gente salía consternada viéndonos a nosotros haciendo esto porque decían: ‘¿Pero si en Colombia no hay desaparecidos? ¿Cómo así?’. Y nosotros le decíamos: ‘Sí hay desaparecidos. Mírelos, aquí están, son ellos, son mis hermanos, mírelos’”, manifiesta Carlos Armando Joya.Un precedente para la historia, una herida que no se cierra, un grado que solo será póstumo cuando las familias reciban los cuerpos de sus seres queridos.Caen señalados traficantes que estarían enviando armas a disidencias de las FARC