Sobre las implicaciones jurídicas en el caso de Nicolás y Juan Fernando, hijo y hermano del presidente Gustavo Petro, los expertos aseguran que lo único que podría traer claridad sobre la situación es una investigación de la Fiscalía que sea transparente, oportuna y recolectando todas las pruebas.Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, rinde declaración ante agentes del CTI de la FiscalíaPara los conocedores de temas jurídicos, lo mejor que puede ocurrir ahora es acelerar las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, tanto en las denuncias sobre supuestos sobornos para acceder a la paz total como del presunto ingreso de dineros de sectores ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro.“Sí, estamos frente a algo que puede ser grave, puede afectar la credibilidad del gobierno, no la responsabilidad personal del presidente, pero sí amerita una investigación pronta, urgente y muy seria por parte de la Fiscalía”, dijo Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general.Políticos y analistas coinciden en que los rumores sobre recepción de dineros del narcotráfico por parte del hermano y el hijo del presidente Petro podrían convertirse en un nuevo proceso 8.000, como se conoció el escándalo que enfrentó el entonces presidente Ernesto Samper, cuando se supo que el Cartel de Cali entregó seis millones de dólares para su campaña política, recursos que, según lo que dijeron las investigaciones en ese momento, no conocía Samper, aunque sí se condenó al exministro Fernando Botero.Sergio Fajardo: Petro “sabe que hay información muy comprometedora” en lo de su hermano e hijo“Esto genera una mancha de duda sobre la legitimidad de la elección del presidente y genera un escándalo, que solamente me parece comparable al proceso 8.000, donde teníamos un presidente cuya campaña había sido financiada por los dineros del narcotráfico”, afirmó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.Sin embargo, los expertos dicen que, a diferencia del proceso 8.000, hoy se cuenta con herramientas que puedan llevar a una investigación mucho más rápida y expedita.“La Fiscalía tiene una gran oportunidad de darle unas respuestas inmediatas al país, hoy en día incluso hay muchos más elementos técnicos para la investigación de los que había digamos en el proceso 8000”, indicó Alfonso Gómez Méndez.“Una política que tiene que tragar con delincuentes de la peligrosidad y la dimensión como es el narcotráfico y el delito organizado que tanto ha aquejado a Colombia puede haber generado irregularidades, sobornos, dineros calientes que mueven los intereses de los narcotraficantes. De manera que bienvenida la solicitud del presidente de que se investigue y se aclare si las cosas están bien o si por contrario, por desgracia, hubo irregularidades”, expresó Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista.Los juristas coinciden que el pedido del presidente para que se realice la investigación debe arrojar resultados rápidos para evitar que el país siga por la ruta de los rumores que pueden afectar la verdad.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves a la Fiscalía que investigue a su hermano y a su hijo mayor por supuestas reuniones no autorizadas con grupos criminales. Según algunas versiones, estarían haciéndose pasar por miembros del Gobierno para dar beneficios, todo esto en el marco de la llamada paz total.Puede leer: Gobierno buscará estatus político para la Segunda Marquetalia y las disidencias de ‘Iván Mordisco’De acuerdo con el mandatario, al llegar a la Presidencia hizo un "compromiso con los colombianos y colombianas" y debe ser "leal al voto" depositado. Por ello, y según la "información que se rumorea en la opinión pública", pidió al fiscal general "adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades" sobre su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolás Petro.También en las últimas horas se conocieron declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, sobre el presunto ingreso de dineros del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el hombre Marlboro, para la campaña presidencial de Gustavo Petro que sin embargo nunca habrían llegado a ese destino.Day Vásquez aseguró en una entrevista con la revista Semana que el hombre Marlboro le entregó al hijo de Petro, diputado en la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico (norte), "más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares de hoy) para la campaña del papá". La mujer agregó que ese dinero “nunca llegó a la campaña”.También vea: Abogados de extraditables critican ley de sometimiento: “Es más garantía negociar en Estados Unidos”Centro Democrático reacciona al escándaloEn entrevista con Noticias Caracol, la senadora Paloma Valencia fue enfática: “Es sumamente grave”.Y añadió: “Ya Colombia tenía una experiencia de que los narcos financiaran campañas. Eso sucedió en el proceso 8.000. Estamos viendo el pago de los narcos en cuantiosas sumas con un agravante, en la ley de sometimiento hay un parágrafo para liberar a los narcos. La ley de paz total empieza a tener un propósito de pagar favores políticos”.“Esto genera una mancha de duda sobre la legitimidad de este gobierno. Solo me parece comparable al proceso 8.000”, agregó la congresista Paloma Valencia.Lea, además: “El éxito del cese al fuego dependerá de los mecanismos de verificación”, dicen expertos“Es miserable que pase esto”, dice el senador Ariel ÁvilaAnte la gravedad de los señalamientos contra Juan Fernando y Nicolás Petro, hasta la propia coalición de gobierno mostró su preocupación“Esto es un daño demoledor a las políticas progresistas”, indicó el senador Ariel Ávila.“¿Que hay que hacer? Frente al proceso de paz total nombrar un equipo negociador para quitar cualquier manto de duda. Segundo, que el alto comisionado decida si es asistente técnico de los procesos o negociador, pero ambas cosas no las puede hacer. Lo tercero, que se apruebe la ley con las modificaciones que crea el Congreso para que las reglas estén claras”, expresó.“Desde el gobierno Santos somos muchos lo que les hemos puesto el pecho tema a la paz porque creemos que en este país debemos dejar de matarnos y que pase esto es muy miserable. Si se tienen que ir a la cárcel, pues que se pudran en la cárcel”, indicó el senador Ávila.
Con la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela terminó uno de los capítulos de la historia de Colombia que inició en 1975 con el cartel de Cali. Antes de sus inicios en el narcotráfico, el líder de ese grupo fue vinculado como sospechoso al secuestro de dos ciudadanos suizos en 1969 en la capital vallecaucana.Cartel de Cali habría financiado no solo campaña de Ernesto Samper, también la de Andrés PastranaEl proceso, en el que también estuvo implicado quien fuera otro de sus socios del narcotráfico, José Santacruz Londoño, no avanzó.Los dos conformaron después el llamado cartel de Cali, integrado también por Miguel Rodríguez Orejuela, Víctor Patiño Fómeque, Jorge Orejuela Caballero, Jorge Loaiza y Helmer Pacho Herrera.Los relatos dicen que los primeros grandes cargamentos de cocaína fueron enviados entre postes de madera huecos por dentro. Luego consiguió la primera avioneta monomotor a la que suma una flotilla de aviones que sacaba droga desde los Llanos Orientales.Pero llamó más la atención cómo se movía en las esferas del poder y hacía transacciones económicas para lavar dinero. No usaba la violencia, pero sí el soborno y la amenaza.Según investigaciones en Estados Unidos, Gilberto Rodríguez Orejuela comenzó a comprar acciones del banco panameño First Interamericas Bank, a través del cual habría lavado hasta 46 millones de dólares con triangulaciones con otras entidades financieras en Miami y en las que se vio involucrado el Banco Cafetero, también de Panamá.Paralelamente, el líder del cartel de Cali empezó su red de droguerías La Rebaja y un emporio comercial.Usando su rostro empresarial, comenzó a tener contactos con políticos, periodistas, jueces y fuerza pública, a quienes sobornaba y mantenía en su nómina, lo que hacía casi imposible que pudieran denunciarlo o abandonar la organización.Los movimientos del ‘Ajedrecista’, como era conocido Gilberto Rodríguez Orejuela, también incluyeron a la población de Cali, a la que atendía personalmente en una oficina en el sur de la ciudad para solucionar problemas, sobre todo económicos, y consolidar un respaldo en las calles que le garantizaban seguridad.El 15 de noviembre de 1984 fue capturado en España y enfrentó su primera solicitud de extradición a Estados Unidos, pero logró que lo enviaran a Colombia, donde estuvo un año y medio recluido en la cárcel de Cali.El cartel de Cali y el proceso 8.000En 1994 infiltró la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano. Camilo Chaparro, periodista y conocedor del proceso 8.000, indicó sobre la suma de dinero que “siempre se dijo que eran 4 millones de dólares, después 8; se calcula que realmente fueron más de 16 millones de dólares los que ingresaron a la campaña". En el camino se perdió mucha plata. Iba mucho político al Hotel Intercontinental de Cali y decía ‘necesitamos para tal departamento 1.000 millones’, y al departamento llegaban 700 porque la mitad los políticos se robaban 300”.La génesis del proceso 8.000 y la incidencia de Gilberto Rodríguez Orejuela y el cartel de Cali se determinó por la aparición de los denominados narcocasetes. El aspirante a la Presidencia de ese entonces Andrés Pastrana y contrincante de Samper los hizo públicos a la opinión.Pastrana responde a hermanos Rodríguez Orejuela: “Mi campaña fue manejada de la manera más pulcra”En ellos había “una serie de conversaciones del relacionista público del cartel, el periodista Alberto Giraldo, con los capos de la mafia, con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela”, detalló Chaparro, quien agregó que solo le tenían miedo a una cosa: la extradición.El escándalo del proceso 8.000 llevó a que a Ernesto Samper le quitaran la visa a Estados Unidos y que Colombia fuera descertificada en la lucha contra el narcotráfico.El periodista Gerardo Reyes indicó que el cartel de Cali pensaba “que como habían tenido una alianza muy estrecha con el gobierno en la lucha contra sus rivales históricos, que era el cartel de Medellín, iban a lograr impunidad en todo sentido, que estaban combatiendo con ellos hombro a hombro, con los Pepes, incluso con los de la DEA, y con la Policía y con el DAS”.Creían “que el paso que seguía sería una entrega sin extradición. (…) pusieron a un presidente con quien habían tenido reuniones, pagaron por su campaña, pero se dieron cuenta de que la peor inversión que puede hacer un narcotraficante es en política o en políticos, porque los políticos nunca cumplen”, agregó.Fue entonces cuando Samper “decidió hacer una ofensiva para entregárselos al Gobierno de EE. UU.”, sostuvo Reyes.La guerra contra Gilberto Rodríguez Orejuela terminó el 6 de junio de 1995, cuando fue sorprendido en una caleta de su casa. Ese día simplemente les dijo a quienes lo capturaron: “Ustedes ganaron”.Así llegaba al final el imperio económico del cartel de Cali que la revista Forbes para ese año calculó en más de 32 billones de pesos en activos, una fortuna sobre lo que el fallecido narcotraficante dijo ante un fiscal:
Herman Rincón y Óscar Toro explicaron que la Fiscalía tenía como objeto fortalecer investigaciones contra el Cartel de Cali y no tumbar al expresidente Samper.
Muchos consideran que fue él quien enfrentó la tormenta política del proceso 8000. Aquí sus memorias.
Pastrana, Valdivieso y Myles Frechette hicieron tambalear al gobierno de Samper. Dicen que el expresidente sí conocía de los dineros del Cartel de Cali.
Conversaciones entre el periodista Alberto Giraldo y Miguel Rodríguez Orejuela fueron el detonante de uno de los mayores escándalos políticos del país.
El exmandatario respondió a los cuestionamientos que aún sobre él rondan por la entrada de plata del Cartel de Cali en su campaña a la Presidencia.
Dice que actuó correctamente y que jamás recibió dinero por su decisión. Aunque ahora vive retirado en Lorica, asegura que no escribirá un libro.
Los Rodríguez temían que, con su caída, Estados Unidos interviniera para llevárselos. Sobornaron a congresistas para “comprar el juicio”, dice.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha impulsado este jueves, 9 de mayo de 2024, una norma que acelera la negación de asilo a migrantes que representan un peligro para "la seguridad nacional o pública", cuando faltan menos de seis meses para las elecciones presidenciales.>>> También puede leer: Fiscalía en juicio contra Trump: orquestó "plan delictivo" para cometer "fraude electoral" en 2016Es la última medida de Biden para intentar convencer al electorado de que es proactivo frente a la afluencia de migrantes que cruzan la frontera sin visa y sin usar las "vías legales", como pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil, hacer los trámites en los países por los que pasan o acogerse a permisos humanitarios.Y es que la migración se ha convertido en un tema central de la campaña para los comicios de noviembre que disputará con su predecesor republicano Donald Trump, quien amenaza con una deportación masiva de migrantes si regresa a la Casa Blanca.Este jueves, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) impulsó un nuevo reglamento que permite acortar el proceso para negar el asilo a un migrante que no pueda optar a él según la legislación estadounidense.Afecta a una cantidad de migrantes "pequeña" pero permite expulsarlos "más rápidamente", señala en un comunicado, sin especificar a cuántos.Hasta ahora, los migrantes que presentan un riesgo para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del DHS mientras sus casos son remitidos a los jueces de inmigración, un proceso que puede durar años y es costoso.La nueva regla permite denegar las solicitudes en cuestión de días si hay pruebas de que se les puede rechazar por motivos de "terrorismo, seguridad nacional o penales", explica el DHS.Se determinaría al comienzo del proceso durante las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que los funcionarios evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.Se trata de identificar y expulsar "más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, citado en la nota.Desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 1 de mayo de 2024, el DHS expulsó o devolvió a sus países a más de 720.000 individuos, la gran mayoría de los cuales cruzaron la frontera con México, incluidos más de 109.000 miembros de familias, según datos oficiales."Un paso más"La patrulla fronteriza asegura que en los últimos meses ha detenido a cientos de pandilleros que intentaban entrar en Estados Unidos ilegalmente y el director del FBI (la policía federal), Christopher Wray, reconoció ante el Senado que "individuos peligrosos" han entrado en el país.La nueva norma, que pasará por un proceso de comentarios públicos durante el cual podría sufrir cambios antes de entrar en vigor, "es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad" de los estadounidenses, afirmó Mayorkas.Además de este reglamento, el DHS está actualizando su política sobre el "uso de información clasificada en procedimientos migratorios", informa el comunicado.La crisis migratoria ha sido un quebradero de cabeza para Biden, quien propuso conceder la ciudadanía a 11 millones de migrantes en un país que lleva más de 35 años sin una ley de este tipo. Pero tropezó con la oposición del Congreso.Durante el mandato de Biden, más de siete millones de migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, han sido interceptados por la patrulla fronteriza tras cruzar ilegalmente la frontera con México, según datos oficiales.Las cifras se han reducido en los últimos meses, pero el Gobierno teme que aumenten con la llegada del calor a partir de mayo.>>> También puede leer: Canciller Murillo descartó roces de Colombia con EE. UU. por romper relaciones con Israel
El suspendido magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Alejandro Baquero, volverá a su cargo en este órgano. >>> También puede leer: ¿En qué consiste la ponencia de formulación de cargos contra la campaña Petro presidente?Así lo decidió la Corte Constitucional al considerar preliminarmente que se cumplen todos los requisitos constitucionales para que el magistrado ejerza nuevamente sus funciones.La sala plena del alto tribunal determinó que en el caso era necesaria la protección urgente de los derechos fundamentales del magistrado al debido proceso y al acceso a cargos públicos.Altus Alejandro Baquero había sido separado por el Consejo de Estado de manera provisional desde el 25 de mayo del 2023, al establecer que no era posible tomar una postura frente a la experiencia profesional de 15 años que exige el numeral 4 del artículo 232 de la Constitución para el cargo del funcionario.Tras 11 meses, la Corte Constitucional analizó el caso para afirmar que los requisitos constitucionales solo reglamentaban “los 15 años de experiencia profesional verificables al momento de la elección”.El magistrado, por su parte, se mostró agradecido con el organismo por la decisión, y así lo aseguró el CNE a través de un comunicado: “El magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda ha expresado su profunda gratitud con la administración de justicia y señaló que el servicio público más que un sacrificio es un honor”.Altus Bejarano regresará al cargo para tomar decisiones tan determinantes como la de si se eleva el pliego de cargos al presidente Gustavo Petro y su campaña por violación de topes electorales, entre otras.>>> También puede leer: Si CNE impone sanción a campaña de Petro, esta no sería aplicable al presidente: ¿por qué?
Una ola de críticas e indignación se tomó esta semana las redes sociales por cuenta del caso de un cliente al que le cobraron 160.000 pesos por una arepa gratinada en un restaurante de Medellín. Desde el establecimiento, señalaron que los precios de los productos están publicados en la carta, es decir, de antemano, las personas saben lo que cuestan.>>> Le puede interesar: Motociclista se metió entre arbustos para evadir retén de tránsito en BelloEn la factura del cliente que fue difundida por redes además se pueden observar precios desorbitantes por otros platos, como 90.000 pesos por un trago de crema de whisky y más de 140.000 pesos por unos dedos de pollo. En total, la cuenta alcanzó cerca de 6 millones de pesos, cifra que muchos internautas consideraron “absurda” y “ridícula”, argumentando también que “ni en los mejores restaurantes cobran así”.Según el diario regional El Colombiano, Alejandro Cristalino, administrador encargado del restaurante Hookah, ubicado en el Parque Lleras, afirmó que “no hubo ningún tipo de engaño”, pues “los precios están debidamente informados” en la carta.“Yo sé el producto que venden y es un producto completamente transparente. ¿Por qué transparente? Porque eso está en la carta, está preciado, está todo. O sea, fue decisión del cliente, vamos a empezar por ahí, pedirla, probarla y comprarla”, dijo Cristalino.De acuerdo con dicho medio regional, Cristalino detalló que la arepa de 160.000 pesos es un plato que alcanza para dos o tres personas, por la cantidad y calidad de ingredientes que tiene.Finalmente, el usuario que denunció inicialmente este hecho por redes sociales borró la publicación horas después y no quiso referirse al tema de manera oficial. Sin embargo, el comentario se hizo viral, al punto que internautas compararon el caso con situaciones similares que han ocurrido en Cartagena y Santa Marta.>>> Vea también: ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Medellín, según reciente informe?
En todo un misterio se ha convertido la muerte de Romina Ludmila Kabran, una mujer de 30 años que salió el pasado miércoles, 8 de mayo de 2024, muy temprano en su moto a visitar a su hermano y luego fue encontrada muerta con un disparo en la cabeza en la ciudad de Sáenz Peña, en Chaco, Argentina.>>> También le puede interesar: Rescataron a Caramelo, caballo atrapado en un techo por inundaciones en BrasilLos investigadores consideran la hipótesis de que alguno de sus familiares pueda estar involucrado en el crimen, aunque en principio descartan que el responsable sea su pareja sentimental, ya que fue él quien denunció la desaparición de Romina y “no tenía antecedentes de violencia de género, ni medidas restrictivas o denuncias previas”, manifestó el jefe de Policía Fernando Romero.El cuerpo de la mujer fue hallado en la tarde de este jueves, 9 de mayo de 2024, junto a su moto en un campo que es propiedad de la familia de Romina y que está ubicado a 23 kilómetros de la capital.Las autoridades le señalaron al Diario TAG que el cuerpo de la mujer presentaba por lo menos un disparo de arma de fuego en la cabeza y que se encontró entre la maleza de un tupido bosque.Además, el policía Romero señaló que en el lugar encontraron dos vainillas que pertenecen a una pistola calibre 9 milímetros.Las autoridades no descartan que el móvil del crimen sea por “cuestiones de familia”, ya que se podría tratar de un problema de herencia.Mientras continúa la investigación, el cuerpo sin vida de Romina Ludmila Kabran fue enviado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) para realizarle el correspondiente peritaje y después será conducido a la morgue en Sáenz Peña, en donde le harán la autopsia.>>> También puede leer: Ganó el premio gordo de la lotería 2 veces en menos de 60 días: una suerte increíble
Luego de que el dirigente chavista Diosdado Cabello acusara al canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, de "trabajar" para el Gobierno de Estados Unidos, este jueves, 9 de mayo de 2024, desde Surinam, el funcionario colombiano le respondió al venezolano a través del programa Voz Populi de la emisora Blu Radio.>>> También le puede interesar: Diosdado Cabello arremete contra canciller Murillo por declaración sobre VenezuelaMurillo se mostró muy diplomático en sus declaraciones y solo dijo que “a palabras necias, oídos sordos”.Durante su presencia en la 29ª Reunión Ministerial de la Asociación de Estados del Caribe en Surinam, el canciller (e) Murillo solicitó formalmente la adhesión de Colombia a la Comunidad del Caribe (CARICOM), “con miras a fortalecer y materializar los vínculos históricos entre Colombia y el Caribe a través los instrumentos de integración y cohesión disponibles en la región”, señaló en un comunicado la Cancillería.Cabe resaltar que CARICOM está compuesto principalmente por las islas del Caribe de habla inglesa, pero incluye también otros territorios como Guyana, Surinam, Belice y Haití. “Actualmente, la relación de Colombia con el CARICOM se enmarca en la firma del Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación económica y técnica firmado en 1994”, explica el documento de la Cancillería colombiana.El canciller (e) Murillo recibió una gran noticia este jueves en Surinam, al ser nombrado como presidente de la Asociación de Estados del Caribe, que agrupa a 67 países y cuya cumbre se realizará en Colombia en 2025.>>> También puede leer: “El Ministerio de Igualdad y Equidad va a seguir trabajando”, aseguró Francia Márquez