Este lunes, el juzgado 30 penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la decisión que dejó en libertad en septiembre de 2019 a Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia, y otros implicados en el escándalo denominado ‘Contraloría de bolsillo’.El juez ordenó casa por cárcel para Zuluaga, mientras que envió a prisión a los excontralores auxiliares Dioner Ortiz Ossa, Jesús Hernando Duque y Gabriel Castaño.El excontralor y demás funcionarios son señalados de hacer parte de una red de corrupción en la que, de acuerdo con la Fiscalía, aprovechando su función de vigilar la administración de los recursos públicos, habrían ocultado hallazgos realizados en auditorias de varios municipios como San Carlos, La Pintada, Briceño, Jardín, Montebello y Copacabana. A cambio de eso, habrían cobrado entre 2 mil y 3 mil millones de pesos.Zuluaga fue detenido en agosto de 2019.En diciembre de ese mismo año la Procuraduría lo halló culpable de aprovecharse de su cargo para practicarse una liposucción en el Hospital La María.En contexto:
La Procuraduría lo halló culpable de aprovecharse de su cargo para practicarse una liposucción a bajo costo en un centro médico cuyos recursos debía vigilar. Por esa razón, el órgano de control sancionó al polémico Sergio Zuluaga Peña con “suspensión e inhabilidad especial por seis meses”. El excontralor de Antioquia, según la Procuraduría, se favoreció al someterse a una liposucción el 16 de abril de 2016. Pero, para la Procuraduría, él no fue la única persona que se aprovechó de la falta de vigilancia de los recursos del Hospital La María, en cabeza del entonces gerente William Marulanda Tobón. Tres familiares de Marulanda Tobón también pasaron por quirófanos de esa institución el 15 de noviembre de 2015, el 20 de enero de 2016 y 4 de marzo de 2016 para embellecer sus cuerpos a un menor costo, lo que terminó “afectando los recursos públicos de la salud”, según informó el organismo. La sanción a Marulanda Tobón por no ejercer la vigilancia y control necesario a los recursos de la entidad fue la destitución del cargo (al que ya había renunciado) y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 13 años. Marulanda, consideró la Procuraduría, “permitió que se cobraran por costos hospitalarios tarifas por debajo de los estándares establecidos, a particulares a quienes consideraban especiales, generando privilegios que no estaban contemplados por la ley, ni por la junta directiva del hospital”. Además, la información por medio de la cual la Procuraduría dio a conocer la sanción afirma que Marulanda Tobón omitió “intencionalmente el ejercicio de sus funciones”, y permitió que en 2016 “se realizarán procedimientos médicos con costos inferiores a los usuales, a personas recomendadas por él o por el subgerente” del hospital ubicado en el barrio Castilla de Medellín y en el que habitualmente no se realizaban estos procedimientos. “Con su actuar el exfuncionario incurrió en prevaricato por omisión (…), vulneró los principios de responsabilidad, moralidad e igualdad, y omitió ejercer su deber de vigilancia y control sobre las funciones esenciales de la entidad, la primera conducta fue calificada como grave a título de dolo, y la segunda, como gravísima a título de dolo ”, aseguró la Procuraduría. En el caso del excontralor Zuluaga Peña, la Procuraduría determinó que incurrió en falta disciplinaria “al obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales a las que tenía derecho, como tarifas especiales y más bajas a las habituales, en una entidad que era auditada por la Contraloría Departamental”. “Teniendo en cuenta que el investigado ya no se encuentra ejerciendo su cargo, se ordenó realizar la conversión de la suspensión a salarios devengados al momento de la comisión de la falta, tal como lo establece el artículo 56 del Código Disciplinario Único, lo que representa 82 millones 968 mil 714 pesos”, informó la Procuraduría. El fallo de primera instancia podrá ser apelado por Zuluaga Peña, que está inmerso en una investigación penal por los mismos hechos, y Marulanda Tobón.
Sergio Zuluaga se preparaba para viajar a Cartagena, tras quedar en libertad y ser investigado por presuntos hechos de corrupción. Claudia Carrasquilla, delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, reveló una fotografía del excontralor de Antioquia vestido de piloto en el aeropuerto de Rionegro. La foto fue tomada este viernes hacia las 7:00 de la mañana en la terminal aérea José María Córdova, en el oriente antioqueño. “¿A quién se les parece el piloto? Pues les cuento que es nuestro excontralor Sergio Zuluaga Peña, quien fue puesto en libertad por un juez de garantías de Medellín. ¿Será que algo debe que se disfrazó?”, escribió Carrasquilla en su cuenta de Twitter. De acuerdo a lo expuesto por Santiago Trespalacios, abogado del exfuncionario, Zuluaga Peña se dirige a Cartagena, con conexión a Bogotá. “Lo que si llama mucho la atención para esta delegada es ¿por qué hoy se recibe una foto, a través de una fuente, quien indica que él se encuentra en el aeropuerto de Rionegro vestido de piloto?, ¿qué tiene que esconder el excontralor para disfrazarse como piloto, si acaso no se le ordenó la libertad?”, cuestionó Carrasquilla. Trespalacios explicó que Zuluaga está en todo su derecho de viajar tanto al interior como en el exterior del país. Además, precisó que Sergio Zuluaga está realizando un curso para convertirse en piloto.
Todos los implicados, incluido el excontralor Sergio Zuluaga, vuelven a sus casas. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión. Uno a uno el Juzgado 42 del Circuito Penal de Medellín tumbó los argumentos ofrecidos por la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento a los implicados en el escándalo de corrupción en la Contraloría de Antioquia. “El juzgado encuentra que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con la carga argumentativa para sustentar, en primer lugar, la existencia de las conductas punibles e indilgadas a cada uno de los imputados y, en segundo lugar, no manifestó las razones por las cuales los imputados estaban vinculados en calidad de autor o partícipe con dichas conductas”, explicó el juez durante la audiencia. Según el juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron insuficientes, carecían de peso o no tenían relación alguna con la imputación. Así las cosas, todos los implicados, incluido el excontralor Sergio Zuluaga Peña, quedaron en libertad. La defensa celebró la decisión, pero criticó el papel de la Fiscalía en este caso. “El mensaje es muy claro, mientras la Fiscalía creía que los casos se ganan en los medios de comunicación, inflando acusaciones y violando garantías fundamentales iremos a los jueces de control de garantías pidiendo y reclamando la vigencia del estado de derecho”, dijo Santiago Trespalacisos, abogado defensor de Zuluaga. “La justicia no es un circo, y más la libertad de una persona. Estuvieron casi 15 días privados de la libertad”, comentó Óscar Santamaría, abogado. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión del juez. Los alcaldes de Jardín, La Pintada y San Carlos, imputados también por presunta corrupción, volverán a sus despachos.
Este miércoles se conocerá si el excontralor Sergio Zuluaga, tres funcionarios del mismo despacho y tres alcaldes van o no a la cárcel. En el caso del hospital de Copacabana, la abogada defensora argumentó que no hubo coimas a cambio de que Héctor Darío Cano, gerente de la ESE Santa Margarita, contratara como odontóloga a la sobrina del subcontralor, Rubén Darío Naranjo. “Eso no constituye ni un tráfico de influencias, ni un cohecho por dar u ofrecer, ni una celebración indebida, ni un interés. Es simplemente que hay una cultura latinoamericana del rebusque. ¿Cuánto tiempo estuvo vinculada esa niña como odontóloga? Ocho meses. ¿Él la ayudó para que estuviera ahí? Sí, ¿pero eso constituye un interés? No”, argumentó Ilda Astrid Carvajal, abogada de la defensa. Por su parte, la defensa de Luz Marina Marín, alcaldesa de San Carlos, refutó el material probatorio de la Fiscalía con el que señala que la funcionaria recibió buenos resultados en las auditorías de su administración, a cambio de una negociación con la mina Calizas Portugal SAS de la que hicieron parte Sergio Zuluaga, excontralor, y el subcontralor departamental. “Si el cohecho es un soborno siempre se exige cierta materialidad, materialización de ese ofrecimiento, considero que esta empresa minera no se constituye en una coima, en una entrega o en una promesa por parte de la alcaldesa de San Carlos”, dijo Álvaro Galindo Cruz, abogado defensor. En la audiencia también fueron presentaron los argumentos de la defensa de Alejandra Catalina Ospina para quien la Fiscalía pidió medida no privativa de la libertad. El miércoles se conocerá si el resto de los detenidos van o no a la cárcel.
El funcionario, según la Fiscalía, les habría cobrado astronómicas sumas a entidades de seis municipios por alterar resultados de auditorías. En el palacio de justicia de Medellín, un juez define si envía a la cárcel al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, a tres alcaldes y a otras personas capturadas por integrar una presunta red de corrupción en ese departamento. Decenas de interceptaciones telefónicas, documentos y lujosas propiedades dejaron en evidencia la forma en la que, según la Fiscalía, Zuluaga creó un supuesto entramado de corrupción. De acuerdo con el ente acusador, aprovechando su función de vigilar la administración de los recursos públicos, Zuluaga habría ocultado hallazgos realizados en auditorias de municipios como San Carlos, La Pintada, Briceño, Jardín, Montebello y Copacabana. A cambio de eso, habría cobrado entre 2 mil y 3 mil millones de pesos. Según las investigaciones, las modificaciones en las auditorías habrían generado un detrimento patrimonial de 2 mil millones de pesos en el suroeste antioqueño. Incluso tienen evidencia de que Zuluaga habría ocultado información del proyecto Hidroituango. "Lo que además preocupa señoría, que también, en estas funciones de Contraloría General de Antioquia, efectivamente también ocultaron algunos hallazgos del problema de Hidroituango que también está siendo imputado a algunos funcionarios por parte de la Fiscalía General de la Nación", dijo en las audiencias la fiscal del caso. Estos son algunos de los argumentos presentados por la Fiscalía en audiencia que evidenciarían que estas 10 personas incurrieron en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencia, prevaricato, entre otros. La Fiscalía solicitó que fueran enviados a la cárcel, argumento que fue respaldado por la Procuraduría al considerarlos un peligro para la sociedad y el proceso. Este viernes le fue aceptada la renuncia al cargo al contralor Zuluaga en la Asamblea de Antioquia, hecho que para algunos buscaba frenar la medida de aseguramiento intramural. Entre tanto, la Contraloría General de la Nación se pronunció frente a las solicitudes realizadas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, de realizar un control preferente sobre las actuaciones realizadas por el ente del control fiscal de este departamento. El vicecontralor Ricardo Rodríguez dijo que esta medida no es posible. “No podemos declarar ese procedimiento, no tenemos la competencia para entrar en un ejercicio prevalente”, indicó- Y aseguró que es necesario mejorar las prácticas de control realizadas por cada una de las 65 contralorías del país. Para el vicecontralor, además es fundamental no solo la selección rigurosa de las personas que aspiran a llegar a este cargo sino también la necesidad de que la ciudadanía denuncie con evidencias cualquier acto de corrupción.
El diputado Luis Peláez asegura que todo se trata de un montaje, pues dice que la decisión es un hecho favorable para la audiencia de imputación de cargos. 18 de los 26 diputados de la Asamblea de Antioquia votaron a favor la solicitud de renuncia presentada por el contralor Sergio Zuluaga, quién fue imputado por la Fiscalía por los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción en calidad de determinador y concierto para delinquir. "Aprovechamos entonces la mesa directiva para solicitarle que incluyera en esta sesión la renuncia del señor contralor departamental", explica Hernán Torres, presidente de la Asamblea. Aunque la decisión fue mayoritaria, algunos diputados inconformes aseguran que se trató de un montaje: "Hoy se arma esta parafernalia para que los diputados, el gobernador y otros funcionarios puedan recibir la renuncia y esto sea un hecho favorable para la audiencia de medida de aseguramiento del contralor de Antioquia", advierte Luis Peláez, diputado de Antioquia. "Si el argumento era que Sergio Zuluaga era un peligro por estar en el cargo pues por lo menos ese argumento se ha desvanecido", comenta Santiago Trespalacios, abogado defensor de Sergio Zuluaga. Por su parte, el gobernador Luis Pérez señala que luego de estudiar el informe de 127 páginas que elaboró la Contraloría en el caso de Hidroituango, el cual habría sido ocultado por Sergio Zuluaga, encontró 16 conclusiones que establecen irregularidades en el proyecto que no coinciden con el tiempo de su administración. "Un comentario que se hizo sobre una llamada telefónica donde el señor contralor decía que había estudiado muy bien, en un informe de la Contraloría, el plan de aceleración y que no lo había hecho público por no echar al agua, o a la arena, a un gobernador y se discutió mucho sobre a quien se refería y el uno le tiraba el balón al otro sin ningún tipo de argumentos", cometa Luis Pérez Gutiérrez. Los tres contralores auxiliares también presentaron su renuncia formal ante la Contraloría de Antioquia, pese a que en la audiencia de medida de aseguramiento la Fiscalía argumentó que dichas renuncias no se podrían hacer efectivas porque los funcionarios están suspendidos de sus cargos.
Contra Sergio Zuluaga se adelanta un juicio por una presunta red de corrupción que habría llegado a 15 municipios del departamento. El contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, presentó este jueves su carta de renuncia ante la Gobernación y la Asamblea Departamental. En el documento de dos páginas, el funcionario advierte que su renuncia es “inmediata e inequívoca”. “Solicito que se proceda con prontitud a la aceptación de mi renuncia como contralor, teniendo en cuenta que la mesa directiva es un órgano permanente que no depende de las sesiones de la plenaria y es competente para los fines pertinentes”, dice la misiva. Tras conocerse la carta, el gobernador Luis Pérez citó a sesión extraordinaria en la Asamblea para definir el futuro de la Contraloría. La renuncia se conoce una semana después de la captura de Zuluaga, quien se presentó voluntariamente ante la Fiscalía el 22 de agosto, pues en su contra pesaba una orden de captura. Contra el funcionario se adelanta actualmente un juicio por una presunta red de corrupción al interior de la Contraloría que habría llegado a 15 municipios del departamento. En 2018, el funcionario fue destituido de su cargo durante 10 meses, por la Procuraduría General de la Nación; luego de que admitió que no tenía un doctorado en derecho, título que le ayudó a ascender en su puesto. El contralor regresó a su cargo el pasado 5 de junio. Vea también: Contralores auxiliares implicados en red de corrupción en Antioquia también renunciaron
También se investiga favorecimientos a un excongresista y un diputado. Además, revelaron las millonarias sumas entregadas por ocultar hallazgos de auditorías. La Fiscalía aseguró que un testigo protegido habría revelado información acerca de negocios que el contralor Sergio Zuluaga sostenía con el diputado de Antioquia Jaime Cano y el excongresista Luis Horacio Gallón a quien, al parecer, y, con ayuda del gobernador Luis Pérez, habría favorecido con el nombramiento de su esposa como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea). “La campaña en Antioquia arrancó por un lado godo con el exrepresentante Horacio Gallón, quien arranca por lo menos de cuatro planes para seguir vigente o cuatro flotadores y uno de ellos se impulsó al gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien acaba de dejar a su esposa encargada del Idea, entidad más importante del departamento”, aseguró la fuente. Según la investigación, el contralor habría negociado ocultar hallazgos de auditorías a cambio de millonarias sumas de dinero que superarían los 100 millones de pesos. En las nuevas pruebas que presentó el ente investigador, se evidenciaría como además de beneficiar a entidades de municipios como: San Carlos, La Pintada, Briceño, Jardín, Montebello y Copacabana, el contralor también habría favorecido a Amagá, Zaragoza, Puerto Triunfo, Yalí, Apartadó, Turbo, Amalfi, La Estrella, Caldas, El Peñol, Vigía del Fuerte, Segovia, Entrerríos, San Rafael, Don Matías y Caucasia. Incluso, de acuerdo con las indagaciones, pese a estar suspendido 10 meses por presentar un diploma falso de un doctorado, Zuluaga seguiría dando directrices desde Cartagena para manipular los hallazgos de la contraloría. La fiscal afirmó que las modificaciones en las auditorías habrían generado un detrimento patrimonial de 2 mil millones de pesos en el suroeste antioqueño. La Fiscalía se ratifica en que el contralor Sergio Zuluaga habría ocultado información del proyecto Hidroituango. “Lo que además preocupa señoría es que también en estas funciones de Contraloría General de Antioquia, efectivamente ocultaron algunos hallazgos del problema de Hidroituango que también está siendo imputado a algunos funcionarios por parte de la Fiscalía General de la Nación”. En la audiencia se confirmó que investigan si Sergio Zuluaga, con la ayuda de una mujer quien sería su mano derecha, habría alterado la plataforma Mercurio para modificar fechas que le permitieran cumplir con los requisitos para posesionarse como contralor de Antioquia. La fiscal pidió medida de aseguramiento intramural para Zuluaga y tres contralores auxiliares, porque representan un peligro para la sociedad.
Durante la imputación de cargos a Sergio Zuluga, la Fiscalía reveló una conversación sobre Hidroituango en la que se menciona a un mandatario de Antioquia. El pasado lunes, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sorprendió con esta declaración al referirse al contralor departamental Sergio Zuluaga, detenido dentro de un proceso por corrupción: “Caigale al que está caído, tenemos que tener por ahora misericordia y esperar qué decisión toman los jueces", dijo el mandatario. La declaración no pasó desapercibida entre los antioqueños: "Yo diría que no hay que tener misericordia porque estos casos son personales y si él (el contralor) se metió en ese problema que responda él”, manifestó Fredy Patiño, habitante de Medellín. "Con los corruptos no, porque nos están haciendo mucho daño y seguirán haciendo daño”, dijo Martha Arboleda. Tras la polémica, el mandatario salió muy temprano al día siguiente a explicar el alcance de lo dicho. "Misericordia no significa perdonar a los que violen la ley, eso no está en ningún diccionario, es compadecerse de la miseria humana", precisó Luis Pérez. Otro hecho que puso al gobernador a dar explicaciones Anoche la Fiscalía le imputó cargos al contralor por cohecho propio, prevaricato y concierto para delinquir; durante la audiencia revelaron una prueba en la que se escucha a Zuluaga hablar con un interlocutor no identificado y mencionan a un gobernador. Zuluaga: "No, oíste es que yo ya a Hidroituango le había hecho una auditoría, donde había revelado todas esas huevonadas y había hablado del contrato de aceleración y había hablado de una cantidad de cosas que están ahora. Lo que tiene en cuenta ahora la gente es que yo tenía la razón cuando lo dije, huevón". Otro: "Huevón yo hace 10 días te dije que volvieras a hablar o que hablaras de Hidroituango y no lo hiciste". Zuluaga: "¿Y echó al agua al gobernador?, ¿me pongo a pelear con el gobernador?, ¿si no quería qué? Otro: "Yo te hago una pregunta: ¿Es que vos temés echar al agua al gobernador para decir qué?" Zuluaga: "No, o sea el gobernador no quería". Aunque en la grabación no se menciona específicamente a Luis Pérez, el mandatario negó que se trate de él. "No quiere echar al agua al gobernador, yo no fui, yo como gobernador no firmo, yo no he firmado el plan de aceleración; es posible que se refiera a otros gobernadores anteriores porque se está refiriendo al Plan de Aceleración de Hidroituango y ese plan de aceleración fue firmado en el 2015 y yo no era gobernador", resaltó Luis Pérez. El mandatario agregó que si el contralor tenía alguna información relacionada con Hidroituango y la omitió habría incurrido en un delito.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este viernes, 19 de abril, a Israel e Irán esfuerzos para reducir las tensiones en un momento "extremadamente precario" en Oriente Medio, después de presuntos ataques israelíes en suelo iraní.Le recomendamos leer: Estados Unidos le aplica nuevas sanciones a Irán por ataque a Israel"Es difícil obtener aún información exacta (sobre los posibles ataques), pero urgimos a las partes a que den pasos hacia una desescalada de la situación", señaló en rueda de prensa el portavoz de la oficina Jeremy Laurence.La fuente oficial también pidió a otros Estados con influencia en los beligerantes "hacer todo lo posible para garantizar que no haya deterioro en una situación que ya es extremadamente precaria".Laurence agregó que la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk "está profundamente preocupada por el coste humanitario y en materia de derechos humanos que podría tener esta escalada si se convierte en un conflicto más amplio en Oriente Medio".Según medios estadounidenses, Israel lanzó la madrugada de este viernes varios misiles contra Irán en la provincia central de Isfahán, en aparente represalia por los ataques iraníes del pasado sábado, 13 de abril, aunque el gobierno iraní ha minimizado en sus declaraciones oficiales esta aparente ofensiva.A través de su cuenta de X, la Agencia Internacional de Energía Atómica informó que el Organismo de Vigilancia nuclear de la ONU "puede confirmar que no hay daños a las instalaciones nucleares de Irán. El director general Rafael Grossi sigue pidiendo a todos una moderación extrema y reitera que las instalaciones nucleares nunca deben ser un objetivo en conflictos militares. La OIEA está siguiendo la situación muy de cerca".Le puede interesar: Israel dice que “hay que detener a Irán ahora”, al lanzar una “ofensiva diplomática”
El asesinato de Yolanda Paternina, fiscal especializada, fue declarado como de lesa humanidad. Este homicidio se perpetró en Sincelejo en el año 2001.Tribunal Superior de Bogotá ordena reabrir caso contra Cielo Gnecco: ¿por qué?Esto implica que la Fiscalía General de la Nación, independientemente del tiempo que haya pasado, debe seguir investigando quiénes son los responsables y dar resultados. Por lo tanto, el proceso no se podrá archivar.Cabe precisar que, al momento del crimen, Yolanda Paternina investigaba la masacre de Chengue y nexos entre paramilitares, militares y políticos en los Montes de María.Por estas investigaciones, la fiscal fue declarada como objetivo militar por las Autodefensas Unidas de Colombia.Doloroso relato de mamá de colombiano asesinado en lavandería de EE. UU.: "Lo apuñalaron"
La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Santander confirmaron la captura y posterior medida de aseguramiento en centro carcelario para un hombre de 54 años que se desempeñaba como rector de un colegio del municipio del Palmar.En Barrancabermeja, ciudadanos bloquean vía por muerte de niña arrollada por carrotanque“La Policía Nacional en Santander informa que logró la captura del rector del Centro Educativo Instituto Técnico José Rueda, quien presuntamente habría abusado de una menor de edad en el mes de junio de 2023”, anunció el coronel Carlos Efrén Fuelagán, comandante de la Policía de Santander.Por su parte, la Fiscalía General de la Nación informó que “el procesado, al parecer, sometió a la víctima a múltiples vejámenes sexuales, producto de los cuales quedó en embarazo. Esta situación llevó a la menor a acudir al centro médico del municipio, lo que permitió activar la ruta de atención a víctimas de violencia sexual”.Al rector del colegio le imputaron el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, pero no aceptó los cargos.Uno de los policías que evitó grave accidente en vía Cúcuta - Pamplona narró detalles inéditos
María Fernanda Cabal es una persona que despierta amores y odios entre los colombianos. Ella lo sabe y por eso expresa con total convicción cuáles son sus principales cualidades y acepta que le gustaría ser presidente de Colombia. “Una mujer le imprimiría un sello especial a la Presidencia”, manifiesta la hoy senadora que, por otro lado, no les teme a las críticas y confronta a sus detractores.Encuesta Invamer Poll revela favorabilidad de posibles candidatos a la Presidencia en 2026Durante un nuevo capítulo de Lo que dicen de, Cabal defiende al expresidente Álvaro Uribe y opina sobre la necesidad de que su corriente política se una para las próximas elecciones. “La izquierda gana cuando la derecha se fragmenta”, asegura.Preguntada por su matrimonio de 30 años con José Félix Lafaurie, Cabal cuenta que, “como todas las relaciones, ha tenido dificultades, altibajos y alegrías” y revela que por la posición de su esposo en las negociaciones del Gobierno con el ELN "se genera una tensión muy aburridora".A través de un ejercicio planteado por el entrevistador, Cabal define a cinco personas que le muestran en fotografías. Los personajes que aparecen son la senadora María José Pizarro; el expresidente de Colombia Iván Duque; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, y su esposo, José Félix Lafaurie.Finalmente, la senadora se refiere a una publicación que hizo hace 10 años, cuando falleció Gabriel García Márquez. En esa oportunidad ella compartió en redes sociales una foto en la que salían el premio nobel de literatura de 1982 y Fidel Castro. La imagen iba acompañada de un texto que decía: “Pronto estarán juntos en el infierno”, frase que generó muchas críticas e indignación entre los colombianos.Sobre ese polémico mensaje, Cabal dice no arrepentirse y explica que “uno puede tener muy buen talento, y esa es una expresión del espíritu, pero ser muy mala persona y él fue muy mala persona, especialmente con toda la tragedia de Cuba"."Qué rico es ser beneficiario de Fidel Castro, que le daba una mansión, un Mercedes-Benz, pero, cada vez que alguien le tocaba y le decía ‘ayúdeme a salir de aquí’, llegaba la policía política", concluye María Fernanda Cabal.Marchas 21 de abril en Colombia: estos serán los puntos de concentración en el país
Estados Unidos utilizó su poder de veto este jueves, 18 de abril de 2024, en una votación en el Consejo de Seguridad sobre el pedido de los palestinos para adherir a Naciones Unidas como Estado de pleno derecho, una posibilidad que Israel rechaza.ONU aprueba, por primera vez, resolución en la que pide un alto el fuego en la guerra de GazaEl proyecto de resolución presentado por Argelia y que recomendaba a la Asamblea General "que el Estado de Palestina sea admitido como miembro de Naciones Unidas" obtuvo 12 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.La Autoridad Palestina protestó por el veto. "Esta política estadounidense agresiva hacia Palestina, su pueblo y sus derechos legítimos representa una agresión flagrante al derecho internacional y una incitación a que continúe la guerra genocida contra nuestro pueblo", declaró la oficina del presidente palestino, Mahmud Abás.Este rechazo "no quebrará nuestra voluntad, no detendrá nuestra determinación. No detendremos nuestros esfuerzos. El Estado de Palestina es inevitable, es real", completó el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, en un discurso que provocó lágrimas en la sala del Consejo.La votación se produjo tras más de seis meses de ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, en represalia por el mortífero ataque perpetrado el 7 de octubre por el grupo islamista Hamás en el sur de Israel."Hamás condena el veto estadounidense... y asegura al mundo que nuestro pueblo seguirá su lucha hasta el establecimiento... de un Estado palestino independiente y plenamente soberano con Jerusalén como capital", afirmó el movimiento en un comunicado.Desde hace varias semanas, los palestinos, que desde 2012 tienen el estatus menor de "Estado observador no miembro", y los países árabes insistían al Consejo de Seguridad que aceptara que un "Estado palestino" ocupara el lugar que le "corresponde" en Naciones Unidas.A pesar del veto estadounidense, el apoyo "abrumador" de los miembros del Consejo "envía un mensaje muy claro: el Estado de Palestina merece su lugar" en la ONU, consideró el embajador argelino, Amar Bendjama, prometiendo en nombre del Grupo Árabe volver a presentar la petición más adelante.Petición frustradaPara que un Estado se convierta en miembro pleno de la ONU, la iniciativa debe primero ser recomendada por el Consejo de Seguridad con al menos nueve votos a favor, de un total de 15, y ningún veto. Luego requiere el respaldo de una mayoría de dos tercios de la Asamblea General.Estados Unidos, que goza de la potestad de vetar las proposiciones como miembro permanente del Consejo, ha afirmado repetidamente que su posición no ha cambiado desde 2011, cuando otra solicitud de adhesión presentada por Abás fracasó ante la oposición estadounidense."Este voto (en contra) no refleja oposición a un Estado palestino, sino que es un reconocimiento de que solo puede llegar a través de negociaciones directas entre las partes", explicó el embajador adjunto estadounidense, Robert Wood.Washington ha reiterado a lo largo de los años que no es la ONU el lugar para reconocer a un Estado palestino, sino que este debe resultar de un acuerdo entre los palestinos e Israel.También señala que la legislación estadounidense les obligaría a cortar su financiación a la ONU en caso de adhesión palestina sin dicho acuerdo bilateral.La última vez que se vetó la entrada de un Estado en la ONU fue en 1976, cuando los estadounidenses bloquearon la adhesión de Vietnam.El rechazo de la iniciativa tampoco satisfizo a Israel, pues su embajador ante la ONU, Gilad Erdan, denunció a los países que la habían apoyado y criticó que se estudiara la petición."Hablar con este Consejo es como hablar con un muro", dijo, argumentando que las voces a favor animarían a los palestinos a no volver a la mesa de negociaciones y "harían la paz casi imposible"."Al borde del precipicio" Con este telón de fondo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pintó un panorama sombrío de la situación en Oriente Medio, que, dijo, "está al borde del precipicio"."En los últimos días se ha producido una peligrosa escalada de palabras y acciones", consideró, al reiterar su condena al ataque sin precedentes de Irán contra Israel el pasado fin de semana."Ya es hora de poner fin al sangriento ciclo de represalias", pidió, "empezando por Gaza".La guerra en ese asediado territorio palestino fue desencadenada por un ataque contra Israel el 7 de octubre por comandos de Hamás, que causó la muerte de 1.170 personas, la mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales israelíes.La ofensiva en represalia de Israel en Gaza ha causado la muerte de 33.970 personas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Hamás.Condena mundial por masacre en Gaza: culpan a Israel de matar a civiles indefensos