Alcalde electo de Cali asiste a audiencia en su contra por presuntas anomalías en contrato

Jorge Iván Ospina atendió la citación que la Fiscalía había programado para este viernes 15 de noviembre y para acusarlo formalmente ante un juez.

Los señalamientos de la Fiscalía contra el alcalde electo de Cali, Jorge Iván Ospina, hacen referencia a presuntas irregularidades en un contrato de publicidad suscrito en el 2008 con la empresa Visión Digital Comunicación Estratégica Limitada, por valor de $460 millones.  

En esa época, Ospina estaba comenzando su primer periodo como mandatario de los caleños, el cual concluyó al culminar el año 2011. Ahora, tras ser elegido para su segunda administración y atendiendo el llamado de la Fiscalía, reitera su rechazo por las acusaciones en su contra.

“Lo que nosotros vamos a hacer es observar las evidencias de la Fiscalía, con toda seguridad que nosotros no hemos participado en ningún ilícito”, dijo Ospina.

Por su parte, Michel Maya, excandidato a la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca, señaló, con preocupación, que el juicio apenas empieza y los resultados son impredecibles, lo que podría afectar a la ciudad.

“En cualquier situación, hoy en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal, aparecen 14 procesos contra el alcalde electo, lo que deja en una situación política de interinidad a Santiago de Cali”, sostiene Maya.

Según el abogado Élmer montaña, experto en el sistema penal acusatorio, es determinante que Ospina, quien hizo una huelga de hambre de tres días por ataques en su contra a través de medios de comunicación y tras conocerse la citación de la Fiscalía, acate los requerimientos de la justicia.

“Me parece que tuvo un gravísimo error al declarar una huelga de hambre, una vez había sido citado a esta audiencia. El juez lo que está haciendo es cumplir con su función, llamarlo a esta audiencia que podríamos decir que es el inicio de la fase de juicio en su contra”, dijo.

Una vez formalizada la acusación por parte de la Fiscalía, el siguiente paso en el proceso será una audiencia preparatoria en la que tanto el alcalde electo como el ente acusador podrán presentar las pruebas o evidencias del caso.