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Condena a 7 militares por falso positivo es solo la primera victoria, según familia de la víctima

Condena a 7 militares por falso positivo es solo la primera victoria, según familia de la víctima

Luego de 13 años, los uniformados fueron sentenciados por el asesinato de José Orlando Giraldo Barrera, presentado como guerrillero muerto en combate.
La pérdida de don José Orlando es, sin duda, el capítulo más triste en la vida de los Giraldo, pues, en 2006, fue asesinado en zona rural de Yumbo, sur del Valle del Cauca, a manos de unos militares que lo hicieron pasar como guerrillero muerto en combate.
Desde ese entonces, su familia emprendió una lucha incansable en busca de justicia por la muerte de su ser querido, quien tenía 43 años de edad.
"En términos jurídicos, sociales, de seguridad, porque el proceso penal estuvo cargado de muchísimas fallas, de muchísimas tácticas dilatorias por parte de los militares”, asegura Martha Giraldo, hija de don José.
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Militares mataron a un campesino y ahora, trece años después, esta es la condena que deberán pagar Agrega que “los administradores de justicia de esa manera también son criminales, porque no solamente se asesina con las balas, sino también cuando se asesina la verdad". El proceso convirtió a Martha y varios de sus familiares en blanco de amenazas.
"Llamaban y decían cosas, colocaban mensajes de texto, ad portas de una declaración de mi tío, que era como el testigo clave en este proceso, recibí un atentado", afirma.
Trece años después, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali emitió una condena contra los siete militares involucrados en el caso que suma 238 años de prisión, lo que significa que cada uno deberá pagar 34. La familia Giraldo considera que la decisión es la primera victoria de la batalla.
“Lo que nosotros consideramos es que debe haber otros militares de altos mandos que también deben ser judicializados y procesados por este crimen", sostiene Martha Giraldo.
La esposa, tres hijas y tres hermanos del José Orlando Giraldo Barrera fueron cobijados con medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2009.

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