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Fiscalía busca identificar a otros 10 civiles armados que dispararon contra manifestantes en Cali

Además, el fiscal Francisco Barbosa pidió copia de los expedientes abiertos a uniformados acusados de estar involucrados en delitos durante manifestaciones.

Hombres armados durante las marchas

Un grupo especializado de fiscales ya tiene pruebas contra varios civiles que, al parecer, estarían involucrados en lo ocurrido el pasado 28 de mayo en el barrio Ciudad Jardín, sur de Cali. Por el caso de Andrés Escobar, uno de quienes disparó, la Fiscalía abrió indagación preliminar y lo llamó a declarar.

El fiscal del caso deberá determinar si ordena incautar el arma y si se configuran delitos como porte ilegal de armas o tentativa de homicidio. Los investigadores también trabajan en la identificación de otras 10 personas que habrían participado en estos hechos.

Vea también: Mindefensa y Policía radicarán decreto para poner en cintura el negocio de las armas traumáticas

Para expertos, en este tipo de conductas es importante analizar el tipo de arma que se usó y si hubo personas lesionadas.

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“Las armas de fuego, portarlas o dispararlas, per se sí pueden constituir un delito de porte ilegal de armas, lesiones a la integridad física, eventual homicidio o tentativa de homicidio, entre otros delitos, que pueden ser castigados por derecho penal, que objetivamente dependiendo del caso particular podría proceder una medida de aseguramiento”, indicó Luis Gabriel Chaves, abogado penalista.

Sin embargo, los abogados señalan que si se trata de un arma traumática, la legislación no prevé sanciones, a menos que causen lesión a una persona.

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“El hecho de portar o tener un arma de estas o de dispararlas no es en sí mismo un delito. Ahora, si se dispara contra una persona en condiciones que afecten su salud o se ponga en peligro su vida, sí podría ser sancionado por la vía de las lesiones personales o la tentativa de homicidio. Sí puede ser un atentado contra la convivencia ciudadana y en ese sentido sí se podría imponer una multa contra esta persona”, explicó Francisco Bernate, abogado penalista.

Frente a la actuación de los policías, la Fiscalía pidió copias de todas laspruebas que reposan en la Justicia Penal Militar contra los uniformados para entrar a investigar si efectivamente las armas pertenecen a la institución y si los agentes estaban en servicio o deberían estar de descanso.

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