Las autoridades confirmaron que en poder de la Fiscalía reposa suficiente material probatorio que vincularía a los uniformados con varios delitos.
Un juez de control de garantías de Buga, Valle del Cauca, cobijó con medida de aseguramiento en la cárcel al subcomandante de la Policía de Buenaventura y a un patrullero de la misma institución.
Los dos uniformados son investigados por presuntos nexos con la estructura delictiva Clan del Golfo.
Ellos son el mayor Cristhian Adrián Torres Castellanos, subcomandante de la Policía de Buenaventura; y el patrullero Jhon Fredy Valencia Gómez, quienes son investigados por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) de Bogotá.
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Según el reporte entregado por la Fiscalía, a través de las investigaciones se pudo establecer que tras la captura de Diego Fernando Duque Ríos, supuesto cabecilla de las Autodefensas Unidas del Pacífico (AUP), en mayo de 2018, los imputados habrían hecho exigencias económicas a Duque Ríos que superarían los 100 millones de pesos.
#ATENCIÓN juez control garantías envió a cárcel al subcomandante Policía #Bventura, Valle, mayor Cristhian A torres C, por concierto para delinquir, secuestro extorsivo, concusión y cohecho. Patrullero Jhon F Valencia: secuestro extorsivo y concusión. Posibles vínculos Clan Golfo
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 24, 2019
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Al parecer, este dinero fue pedido a cambio de la liberación de la esposa del mencionado, quien retenida retenida en el momento de su captura.
Además, la mujer habría sido llevada a una casa en Pasto (Nariño) donde estuvo privada de la libertad mientras su esposo conseguía el dinero exigido.
También, otros dos millones de pesos habrían sido requeridos por el mayor y el patrullero para ubicar a varios testigos que podrían afectar el proceso contra Duque Ríos. En este caso, la promesa de los uniformados era hacer que los testigos cambiaran sus declaraciones ante las autoridades.
Estos hechos, dice la Fiscalía, llevaron a formularle cargos a los uniformados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, concusión y cohecho.
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Por determinación del juez los dos policiales deben cumplir la medida de aseguramiento en las cárceles San Isidro de Popayán y Palogordo en Girón (Santander).
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