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Militares mataron a un campesino y ahora, trece años después, esta es la condena que deberán pagar

Foto: archivo Colprensa.

La sentencia condenatoria es la primera que se ejecuta por un caso de falso positivo en el departamento donde ocurrieron los hechos.
La Fiscalía informó este martes 6 de agosto de 2019 que siete militares fueron condenados, cada uno, a 34 años de prisión por un falso positivo cometido durante el año 2006 en zona rural de Yumbo, sur del Valle del Cauca.
Tras aceptar la apelación de un fiscal especializado de derechos humanos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali emitió la condena contra los uniformados, que estaban adscritos al Batallón de Alta Montaña No. 3 de la Tercera Brigada del Ejército.
El alto tribunal revocó la sentencia absolutoria de los 7 militares proferida por el juzgado 13 Penal del Circuito, el pasado 24 de mayo de 2019, por la ejecución extrajudicial de José Orlando Giraldo Barrera, un campesino que trabajaba en un finca.
Dentro del informe que fue presentado a los mandos superiores del batallón, cuyo comandante era el coronel Bayron Carvajal, los soldados implicados argumentaron que Giraldo Barrera era, presuntamente, un guerrillero de las FARC.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía General de la Nación determinó que la víctima no tenía nada que ver con la guerrilla y se trató de un homicidio en persona protegida, conocido como falso positivo.
Según informó el ente investigador, los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2006 en una finca ubicada en la vereda Golondrinas del municipio de Yumbo, cuando los uniformados realizaban una operación de contraguerrillas.
Los militares condenados son Manuel Arturo Pabón Jaimes, Carlos Enrique Martín Díaz, Eduardo Fidel Angarita Santiago, Luis Francisco Galvis Sepúlveda, Jhon Jairo Quijano Sánchez, Wílliam Fabián Mosquera Delgado, y Cristian Daniel Delgado Cuascuer.
De acuerdo con la sentencia condenatoria, los militares son coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración, o destrucción de elemento material probatorio.
Así mismo, los sentenciados deberán pagar una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fueron inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena.
El magistrado ponente de la sentencia condenatoria ordenó al Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, la captura inmediata de los 7 militares, para que empiecen a cumplir la condena tras las rejas.

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