Además de la violencia, Buenaventura lleva la carga de 4 mandatarios cuestionados por presuntos actos de corrupción. Uno de ellos fue Saulo Quiñones, investigado en el 2007 por contratación indebida y prevaricato por unos $11.600 millones.
Quiñones fue condenado e inhabilitado por peculado en la celebración indebida de contratos para construir, reparar y adecuar sedes educativas en el puerto.
"Se han capturado y judicializado a 4 alcaldes, 5 secretarios distritales, 2 directores del Inpec, 4 subdirectores de la corporación ambiental EPA (Establecimiento Público Ambiental), 40 funcionarios de tránsito, además de 62 funcionarios de otras entidades, contratistas y particulares", afirma Edward Alirio Calderón, director anticorrupción de la Fiscalía.
En el 2011, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detuvieron a José Félix Ocoró por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y falsedad en documento público.
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"Recientemente se obtuvieron sentencias condenatorias en contra de 10 personas, de las 15 que fueron inicialmente judicializadas, por la apropiación de 4 mil millones de pesos procedentes del recaudo de impuesto predial en el puerto de Buenaventura”, anotó Calderón.
El tercer alcalde cuestionado fue Bartolo Valencia, investigado en el 2012 por contratos relacionados con cupos escolares por más de 3 mil millones de pesos, para atender a 3.845 niños, a través del sistema general de participaciones.
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A su vez, su alcaldía contrató a 97 operadores de manera directa. Según la Fiscalía, hubo detrimento en más de 700 millones de pesos.
En el 2018, Eliécer Arboleda Torres fue cuestionado por su presunta participación en hechos de corrupción.
Junto con él, ese mismo año, fueron capturados tres secretarios de despacho, los dos asesores jurídicos y de planeación de la Alcaldía, contratistas y particulares por la presunta celebración irregular de contratos en el sector de la salud por un valor cercano a los 5 mil millones de pesos.
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Estos son solo algunos casos que, según la Fiscalía, han desangrado al puerto de Buenaventura, que hoy día sufre de violencia, corrupción y abandono.
Empresas, también afectadas por la violencia
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Pese a que Buenaventura cuenta con 8.693 empresas locales, las cifras de desempleo en el distrito crecieron, pues pasaron del 20,3% al 25,6%.
Y aunque desde la Gobernación del Valle del Cauca han apoyado a los empresarios con líneas de microcréditos, lo cierto es que la violencia ha hecho que estos abandonen el puerto, mientras que los que se quedan realizan enormes esfuerzos para seguir funcionando.
La conexión directa con 360 puertos e indirecta con otros 920 alrededor del mundo hacen de Buenaventura uno de los puertos de mayor proyección en el continente, registrando ingresos billonarios.
La Gobernación espera que los terminales marítimos utilicen parte de esos recursos en temas sociales, de educación, cultura y deporte.
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