Los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca secuestrados el 11 de abril de 2002 y asesinados en 2007 por las FARC aseguran que los excabecillas de la extinta guerrilla no han dicho la verdad sobre lo ocurrido con ellos y piden a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una condena ejemplar.
“Se exige la máxima pena en contra de los exintegrantes del secretariado de las FARC, teniendo en cuenta que son los máximos responsables de cometer estos delitos de lesa humanidad, por los cuales fueron imputados ante la JEP”, dijo Juan Camilo Sanclemente, abogado de familiares de los diputados asesinados.
Como se evidencia en un documento donde presentan sus observaciones al reconocimiento de responsabilidad de los exguerrilleros, los familiares de los diputados consideran que mintieron en aspectos como la manera en que supuestamente vivían estas personas e incluso sobre la manera en que murieron.
El informe detalla que la necropsia practicada por forenses nacionales e internacionales a los cadáveres de los once diputados demuestra que "fueron vilmente asesinados a quemarropa". Señala que, en promedio, cada uno de ellos recibió "siete disparos provenientes de fusiles AK-47".
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Asimismo, dice que esas eran las armas que la mayoría de los guerrilleros custodios del frente 60 de las FARC usaba en ese momento y utilizó durante el cautiverio de los asambleístas.
La máxima pena que se les podría imponer sería de ocho años de cárcel, teniendo en cuenta que los exguerrilleros ya hicieron un reconocimiento de responsabilidad y no fueron vencidos en juicio ante esta la JEP.
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