Grave denuncia de familias de muertos y heridos que dejó caída de ascensor en Palacio de Justicia

Parientes de las dos personas fallecidas y las cuatro heridas tras los hechos registrados en Cali hace casi ocho meses consideran que el caso podría quedar impune.

Tras la caída de un ascensor en el Palacio de Justicia de Cali en agosto de 2018, las familias denuncian que la principal prueba, que es la revisión del ascensor, no se ha practicado y podría perderse.

“No sabemos a quién quieren favorecer, no sabemos qué se quiere ocultar, porque, de todas maneras, es sabido por toda la opinión pública que los ascensores venían fallando hace mucho tiempo”, aseguró Patricia Gallo, familiar de víctima.

Hernán Lozano Bobadillo, abogado víctima del accidente y quien sufrió cerca de 150 fracturas, cuenta con sorpresa que la revisión no se ha hecho por falta de recursos de la Fiscalía. Por eso, dijo que harán una colecta y acudirán a la caridad pública.

“Para conseguir la cuantía necesaria, para que eso se realice y decirle a la Fiscalía: ‘Vea, si es por plata, tome”, afirmó.

El abogado de las víctimas, Élmer Montaña, explicó que el peritaje cuesta cerca de 13 millones de pesos, dinero que debe proveer la Fiscalía, y manifestó que la investigación va camino a la impunidad, porque nadie garantiza que el ascensor no haya sido intervenido.

“La persona señalada presuntamente de haber cometido el homicidio le está pidiendo a la Fiscalía que le devuelva el arma homicida”, dijo.

La directora ejecutiva de Administración Judicial en Cali, Clara Inés Ramírez, denunciada por las víctimas supuestamente por no cumplir con su deber en el mantenimiento de los elevadores, negó que esté solicitando la entrega del ascensor.

Asimismo, anotó que la firma adjudicataria del proceso ha solicitado tomar medidas a los ascensores 3 y 4 para poder avanzar en el cronograma establecido.

Por su parte, la Fiscalía no respondió a la consulta que Noticias Caracol le hizo sobre la denuncia de las víctimas, que ahora están pidiendo la intervención directa del fiscal general de la Nación para que se agilice el curso de la investigación.