La indemnización que reclusos de una cárcel recibirían por permanecer en condiciones de hacinamiento

El pago fue ordenado por un tribunal contencioso administrativo y tras una demanda interpuesta, hace más de 5 años, por abogados de varios internos.

La cárcel Villahermosa, ubicada en el oriente de Cali, tiene capacidad para 2.046 presos. Sin embargo, allí habitan 5.970, es decir casi el triple de los que el establecimiento puede albergar.

Un hombre que logró obtener casa por cárcel, después de estar recluido en la cárcel de la capital del Valle del Cauca durante varios meses, narró las difíciles condiciones en las que viven los presos.

“No hay dónde dormir, hay reclusos que tiene que dormir sentados, porque no hay espacio. En un patio, que es para 400 internos, hay 788. Ustedes se pueden imaginar la convivencia deplorable que hay para los baños, la alimentación, la salud", asegura.

Por considerar que se están vulnerando los derechos de los reclusos, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle ordenó a varias entidades reparar a los reclusos con el pago de una indemnización por cada día que pasen privados de la libertad en ese establecimiento carcelario.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es una de las entidades que deberá aportar recursos para la indemnización.

"Son cosas que se salen de las manos y, además, solamente trabajamos con un 40 % del personal necesario", afirma el dragoneante Daladier Nieva, funcionario del INPEC.

Para el abogado penalista Élmer Montaña, "esta es una decisión trascendental que, desde luego, va a generar un debate en el Consejo de Estado”.

“Allí, vendrá la discusión sobre el impacto fiscal de la decisión, independientemente de que se confirme o se revoque. Lo cierto es que se pone de manifiesto la situación inhumana en que se encuentra las personas privadas de la libertad del país”, anota.

Ahora, se analizan las posibles soluciones ante el hacinamiento en el centro carcelario.

"No enviar a la cárcel a las personas sino cuando es realmente necesario para proteger o la comunidad o evitar que las personas sigan delinquiendo", señala Montaña.

Entretanto, el personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, sostiene que “la construcción de unos pabellones para sindicados es una solución inmediata que se puede sacar adelante".

De ser ratificada la decisión en segunda instancia, se obligaría al Estado a pagar a los reclusos un salario mínimo mensual legal vigente ($828.116) por cada mes que continúen privados de la libertad en condiciones de hacinamiento.