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Fallo de la Contraloría sobre Hidroituango tiene salidas judiciales, dicen expertos

Entre tanto, comunidades de Cáceres, Caucasia, Ituango, Nechí, Puerto Valdivia y Tarazá temen por su seguridad.

Crece la incertidumbre por Hidroituango: la comunidad teme por su seguridad

El proyecto de Hidroituango sigue llenando de incertidumbre a las comunidades de los municipios de Cáceres, Caucasia, Ituango, Nechí, Puerto Valdivia y Tarazá, quienes además temen por su seguridad.

Según explican expertos, la comunidad está poniendo en riesgo sus vidas porque el agua está pasando por el vertedero y este no está diseñado para que el río Cauca pase permanentemente por ahí”, aseguró el economista Luis Guillermo Vélez.

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Además, algunos comerciantes temen que se extienda el tiempo de entrega del proyecto Hidroituango, ya que esto llevaría a serios problemas económicos para los habitantes de los municipios aledaños. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que no habrá retrasos.

“Hay optimismo dentro de EPM de que vamos a poder continuar con el proyecto sin problemas de ningún tipo”, indicó Quintero.

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En los próximos días se prevé una reunión con los contratistas de Hidroituango para definir cuál será el futuro del proyecto de generación de energía más importante de Colombia.

Por su parte, la ratificación del fallo de la Contraloría de responsabilidad fiscal para 26 personas ha desatado una polémica. El fallo fue presentado por irregularidades en el proyecto y se deberán pagar 4,3 billones de pesos.

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Entre los responsabilizados por la Contraloría se encuentran aseguradoras, constructores de la obra y exgobernadores como Sergio Fajardo , entre otros. Sin embargo, aunque el fallo es de estricto cumplimiento, hay salidas jurídicas a las que se podría apelar.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, explica que “los afectados tienen la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa para pedir la nulidad de la decisión y pedir sustitución provisional”.

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Pero más allá del tema jurídico, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura creen que la responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos para los responsables de esta megaobra hidroeléctrica es un revés para el futuro del proyecto.

“Tiene dos efectos muy nocivos: el primero pone en riesgo la seguridad de las comunidades aguas abajo y el segundo es que genera un mensaje perverso de inseguridad jurídica”, explica el director de la Cámara de Infraestructura de Antioquia, José Fernando Villegas.

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Mientras se define qué sucederá con el fallo, EPM aseguró que los contratistas de Hidroituango deberán adelantar sus funciones y trabajos.

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