Juez ordena casa por cárcel contra alcalde de Envigado, investigado por corrupción

La Fiscalía dio a conocer además que se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el contralor del municipio y la secretaria de Hacienda.
Este lunes en el proceso que se adelanta contra el alcalde de Envigado, Raúl Eduardo Cardona y varios funcionarios por un aparente caso de corrupción, fue revocada la medida no privativa de la libertad de la que gozaba el mandatario desde el pasado 4 de diciembre y le fue impuesta la medida de casa por cárcel. 
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Además, al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín revocó igualmente las medidas de aseguramiento de carácter domiciliario en contra el contralor, José Conrado Restrepo Valencia, y contra la secretaria de Hacienda, Girlesa del Socorro Mesa Medina, y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de falsedad material en documento privado y cohecho propio.
Cardona fue capturado el pasado 22 de noviembre y posteriormente gozaba de una medida no privativa de la libertad, con la prohibición de ingresar a la administración municipal y hablar con los empleados o contratistas.
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"La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación evidenció que Cardona González, al parecer, despidió a varios funcionarios que se negaron a pagar coimas a un exconcejal, para conservar sus cargos", señaló este lunes el ente investigador en un comunicado.
Los investigadores establecieron que el exconcejal Lindon Jhonson Galeano Avello, a quien le fue confirmada la medida de aseguramiento domiciliaria, habría presionado a servidores de diferentes niveles, para que le entregaran entre el 10 y el 20 por ciento de su sueldo. "Una de las víctimas denunció que tuvo que darle 62 millones de pesos para poder conservar su cargo", indicó la Fiscalía.
"En fallo de segunda instancia también estarán bajo detención domiciliaria el exsecretario de Educación Diego Fernando Echavarría Giraldo y el representante legal del programa Computadores para Educar, Reinel Fernando Bedoya Rodríguez, procesados por presuntas irregularidades en la donación de 500 tabletas y un contrato de más de 300 millones para la instalación de un software a los equipos", agregó el ente investigador.
Bajo esta misma medida fueron cobijados Camilo Andrés Correa Berruecos y Luz Marcela Quintero Restrepo, investigados por la supuesta negociación de un lote de 11.000 metros cuadrados en la vereda Pantanillo. Ambos contaban con una medida no privativa de la libertad. 
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