El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación por la detención que sufrió un campesino que se dedicaba a recolectar café en el Huila y que señaló de ser miliciano de la otrora guerrilla de las FARC, en el 2003.
La demanda obedeció a que la justicia vinculó al campesino a un proceso penal por rebelión y concierto para delinquir, basada en un informe del desaparecido DAS que indicaba que, supuestamente, el hombre ofrecía protección a los guerrilleros en sus desplazamientos por zona rural de Pitalito.
Recordó este tribunal que, para reparar los daños morales de cada uno de los demandantes, se debe tener en cuenta la tasa fijada por la corporación, que va desde los 15 salarios mínimos mensuales vigentes para detenciones de menos de un mes, hasta 100 salarios, si esta supera los 18 meses.
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