El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, de 76 años, candidato presidencial en tres oportunidades, las dos primeras (1974 y 1986) por el Partido Conservador, y la última en 1990 por el Movimiento de Salvación Nacional, fue declarado como crimen de lesa humanidad en 2017, lo que evita que prescriba la investigación.
La atribución de ese crimen fue firmada este sábado por el jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, y por otros antiguos mandos de la exguerrilla, como Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Juan Ermilo Cabrera, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape Lascarro y Rodrigo Granda.
"Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y sólo permite ver la realidad en blanco y negro para dividirla en amigos y enemigos", dijeron.
El reconocimiento público de las FARC levantó fuertes reacciones en el país, empezando por el presidente Iván Duque.
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"Hace 25 años yo estaba en la universidad y me tocó escuchar las metrallas asesinas que acabaron con la humanidad de uno de los más grandes colombianos, de Álvaro Gómez Hurtado", manifestó Duque en un pronunciamiento en el que cuestionó que las FARC se atribuyan el crimen dos décadas después cuando, dijo, gozan de beneficios jurídicos en la JEP.
"Algunos miembros se han atribuido ese hecho y (dicen) que van a decirle eso a la JEP. Obviamente que la justicia cumpla con su tarea, pero también que no vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato", subrayó.
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Según el mandatario, ese reconocimiento "no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones", por lo que advirtió a la justicia que debe contrastar la información de las FARC con las versiones de la familia de Gómez para que "ese crimen horrendo sea esclarecido y no quede ningún ápice de duda".
Manto de impunidad
Durante 25 años las autoridades colombianas han investigado el asesinato de Álvaro Gómez, hijo del expresidente Laureano Gómez, y uno de los homicidios que más han estremecido al país, sobre cuya autoría se han tejido numerosas hipótesis.
El asesinato de Gómez se produjo en un periodo de gran agitación política en Colombia, que por entonces estaba inmersa en un escándalo por la supuesta financiación del cartel del narcotráfico de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper (1994-1998), del cual el político conservador era un severo crítico.
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Solo una persona ha sido condenada, Héctor Paúl Flórez, a quien sindicaron de ser uno de los sicarios, teoría que no cree la familia del político, ya que su sentencia supuestamente se basó en un testigo que buscaba reclamar una recompensa por información.
Otro de los mencionados en participar en el magnicidio fue el general Rito Alejo del Río, luego de la declaración de comandantes paramilitares que le dijeron a la Fiscalía que en agosto de 1995, en la finca Campo Dos, en la vía a Valencia, Carlos y Vicente Castaño y varios narcotraficantes habían dado la orden de asesinar a Gómez Hurtado. En la reunión, según esa versión, había estado el oficial.
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Otros vinculados fueron tres sucreños, señalados de viajar a Bogotá a perpetrar el homicidio, pero un documento oculto hasta el año pasado reveló que jamás estuvieron en la capital.
Samper fue acusado en 2007 por su exministro de Defensa e hijo del famoso pintor y escultor del mismo nombre, Fernando Botero Zea, quien aseguró que Gómez Hurtado fue asesinado para tapar el escándalo que sacudió al mandatario cuando fue involucrado con narcotraficantes del cartel de Cali.
Desde entonces, una de las tesis más fuertes sobre el magnicidio es que Gómez fue asesinado por negarse a hacer parte de una conspiración que buscaba sacar a Samper del poder, como lo aseguró en febrero de este año el mismo expresidente en una comparecencia voluntaria ante la Comisión de la Verdad.
En esa diligencia Samper reconoció que, pese a que Gómez Hurtado era su rival político, al mismo tiempo era su "amigo personal" y recordó que gestionó la libertad del político conservador cuando fue secuestrado en 1988 por la entonces guerrilla del M-19.
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