Con especialistas antiexplosivos, acompañados de caninos, avanza el desminado militar de minas antipersona en Murindó, Antioquia. Entretanto, continúa el drama de las comunidades indígenas, mismas que están confinadas en algunas zonas del país por la presencia de grupos al margen de la ley que los amenazan y los desplazan.
Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, rechazó los hechos que atentan contra la vida de las comunidades indígenas.
“Total rechazo a la actitud de los delincuentes del ELNque están sembrando minas en el territorio, vulnerando los derechos de las comunidades indígenas”, dijo.
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Entretanto, representantes de las poblaciones que han abandonado sus viviendas por las minas antipersona y los criminales, pidieron garantías para regresar a sus territorios, mismos que han habitado durante años.
“En este momento están en una situación complicada, se requiere atención humanitaria, salud y alimentación. No están en el mejor lugar y están hacinados. Nos preocupa de 4 familias que no lograron salir el día del desplazamiento y hoy se desconoce su paradero”, denunció Alexis Espitia, coordinación de la Organización Indígena de Colombia.
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Además, se conoció que 470 miembros de la comunidad embera están en riesgo de desplazamiento.
Las minas siguen cobrando vidas
En los primeros dos meses del año la oficina del Alto Comisionado Para la Paz ha registrado 27 víctimas de minas antipersona en Colombia. 7 son miembros de comunidades indígenas y 6 son menores de edad.
“Me dirigía de mi casa a hablar con el sacerdote de la parroquia de mi pueblo y en ese trayecto sufrí un accidente con una mina instalada a 2 metros de la puerta de la casa parroquial. Sufrí la amputación de mi miembro inferior derecho”, contó Fabián Ordóñez, sobrevivió tras pisar un explosivo en Guaviare.
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Conforme a datos entregados por la oficina del Alto Comisionado Para la Paz, desde 1990 hasta el 31 de enero de 2021, más de 2 mil personas han pisado minas.
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“El ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC siguen instalando minas. Las zonas más afectadas siguen siendo Nariño, Antioquia, Chocó, Cauca y Catatumbo“, indicó Miguel Ceballos, Alto Comisionado Para la Paz.
El desminado se está llevando a cabo en 150 municipios del país, no obstante, en otros 133 no hay garantías para realizarlo.
La situación en Chocó
En el Alto Baudó, Chocó, las comunidades piden que se inicie un desminado humanitario y militar para poder regresar a sus tierras. Ellos saben exactamente dónde fueron sembrados los explosivos, que están instalados hace más de 15 días.
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“Están alrededor de la finca, por la quebrada, por el camino. Tenemos temor, no nos movilizamos, vamos solo a unos cuantos metros a cortar banano”, contó Héctor Conchave Mecha, profesor de la comunidad de Miácora.
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Aunque les prometieron la erradicación de las minas, aún no se sabe cuándo iniciará el proceso.
“Se hará en el Alto Baudó, Bojayá, Riosucio y Bagadó, los lugares donde más tenemos dificultades”, recalcó Andrés Palacio Calderón, gobernador del Chocó.
Las comunidades esperan volver a sus territorios, mismos que, a punta de balas y minas antipersona, han sido usurpados por los grupos criminales.
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