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Policía agredió reiterada, constante y desproporcionadamente a manifestantes: promotor de tutela

Mauricio Albarracín analiza el fallo de la Corte Suprema que obliga al gobierno a garantizar el derecho a la protesta y que no se use la escopeta calibre 12.

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La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia para que el gobierno nacional garantice “el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva”. En esta, insta al Ministerio de Defensa a disculparse por excesos en las manifestaciones de noviembre de 2019, donde Dilan Cruz murió por el impacto de una escopeta, que también fue prohibida.

Mauricio Albarracín fue uno de los 49 firmantes y creadores de la tutela para proteger la protesta social. Él explicó en Noticias Caracol qué buscaban con este mecanismo: “La acción de tutela es sobre los hechos de violencia policial ocurrida durante las manifestaciones de noviembre pasado. Documentamos cinco comportamientos de Policía que violan el derecho a la protesta: disolución de protestas pacíficas, uso de armas contra multitudes, uso de gases para disolver arbitrariamente la protesta, detenciones arbitrarias y múltiples agresiones a la prensa que cubría las manifestaciones”.

Según el representante, la Corte Suprema de Justicia falló a su favor al determinar que “existía una agresión reiterada, constante y desproporcionada por parte de la fuerza pública contra manifestantes y tomó órdenes para proteger ese derecho”.

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Algunas de las órdenes más relevantes de esta sentencia fueron las excusas que debe pedir el Ministerio de Defensa y la suspensión de las escopetas calibre 12 por parte del Esmad. Sin embargo, existen otras determinaciones como la exigencia al gobierno de que tenga una postura neutra y objetiva ante las protestas.

Recalca Albarracín que también se pide la creación de una mesa para discutir el uso de la fuerza, un protocolo para determinar quiénes son las personas detenidas y que la Procuraduría brinde asesoría jurídica a las víctimas, entre otras.

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Finalmente, el líder instó a que la “Policía se ajuste de acuerdo a la Constitución, la ley y los protocolos”.

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