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Shakira, de nuevo en líos con Hacienda española: la acusan de deber otros 6 millones de euros

Además del juicio que enfrentará Shakira en noviembre debido a un presunto fraude fiscal por más de 14 millones de euros en los años 2011 a 2015, la Fiscalía española ahora acusa a la colombiana de evadir el pago de más de seis millones en 2018.

Shakira
Shakira fue acusada nuevamente por la Fiscalía porque, supuestamente, defraudó a la Hacienda española.
Mike Coppola/Getty Images for MTV

La cantante colombiana Shakira nuevamente enfrenta problemas con la Hacienda española. En medio del éxito por su nuevo lanzamiento, la Fiscalía española acusa a la artista de haber defraudado por más de seis millones de euros a Hacienda en 2018.

Según el ministerio público, esa millonaria cifra que la artista colombiana dejó de presentar a las autoridades españolas corresponden a declaraciones de la renta y el impuesto de patrimonio del año 2018, año en el que Shakira vivía en Barcelona y realizó su gira mundial El Dorado Tour.

Para evadir esas responsabilidades, la colombiana habría utilizado un entramado societario con sede en diferentes paraísos fiscales, retrató la Fiscalía. Esta acusación se une a la que ya está enfrentando Shakira por presunto fraude fiscal durante los años 2011 a 2015 en España y cuyo juicio será en noviembre.

En esta nueva querella contra Shakira, lo que dicen específicamente las autoridades es que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria española en más de 5,3 millones, dinero relacionado con el impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF) y que supuestamente corresponden a las ganancias que recibió por su El Dorado Tour y sus derechos intelectuales.

Además, le suman a esto 773.600 euros que estarían incluidos en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que la cantante posee en inmuebles y activos financieros. Puntualmente, la Fiscalía señala a Shakira de valerse de paraísos fiscales.

La cantante recibió parte de los ingresos de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios "contratos simulados" y otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para "contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes" a su gira internacional, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real, dicen las autoridades.

Con esto, la cantante logró tener una tributación "muy reducida" que, según la Fiscalía, en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39 %. Para las autoridades, Shakira presentó "declaraciones inveraces" para reducir considerablemente la cuota que le pagó en ese año a la Hacienda española.

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Y eso no es todo, en la denuncia la Fiscalía de Delitos Económicos menciona otras 17 sociedades "instrumentales" con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que, aparentemente, la artista utilizó para gestionar los ingresos de su carrera musical, así como el mantenimiento de su patrimonio inmobiliario y financiero.

La denuncia contra la artista fue presentada oficialmente hace 3 meses y, según el ministerio público, Shakira ya fue notificada en su domicilio en Miami. Sin embargo, según la agencia EFE, el equipo de la colombiana aseguró que no ha recibido "notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante, sobre la querella".

Con esta nueva querella se dio pie para que a la colombiana se le abra una segunda causa en su contra en un juzgado de Barcelona por otros delitos en contra de la Hacienda Pública. En este se ha planteado que Shakira pueda declarar como investigada por videoconferencia desde su domicilio en Estados Unidos.

Por otro laso, desde el equipo de la cantante se ha señalado que su equipo legal está "centrado en la preparación del juicio" que empezará el próximo 20 de noviembre.

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Ese día, Shakira será juzgada por fraude fiscal al ministerio público por 14,5 millones de euros durante el período de 2011 a 2015, proceso que inició en contra de la famosa en 2018 y que sigue en pie a pesar de quela artista devolvió 17,2 millones de euros a la Agencia Tributaria -la suma presuntamente defraudada más los intereses-.

En caso de ser encontrada culpable, la Fiscalía ha pedido para la colombiana una pena de ocho años y dos meses de cárcel y multa de 23,8 millones de euros.

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