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Los vuelos reportados por los 20 congresistas del Pacto Histórico que resultaron electos en marzo de 2022 están en la lupa de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de abrir una indagación.>>> En contexto: Corte Suprema abre indagación a todos los senadores del Pacto HistóricoLuego de alcanzar curules en el Congreso en 2022, los 20 senadores del Pacto Histórico reportaron gastos de viajes en avión que la Corte Suprema de Justicia no ha logrado entender.Cada uno de los 20 reportes incluye un pago de unos 60 millones de pesos a favor de la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI SAS, la misma que está envuelta en varios escándalos por narcotráfico y presunta financiación ilegal a la campaña Petro presidente.Lo que la Corte no entiende es por qué los 20 congresistas reportaron un gasto, cuando solo 2 de los entonces candidatos al Senado aparecen en los vuelos, según los reportes de la SADI.Se trata de Pedro Flórez, quien viajó en dos oportunidades, y Roy Barreras, quien lo hizo ese mismo número de veces.El resto de los senadores no aparecen en las bitácoras de ningún vuelo reportado por esa compañía entre el 7 de febrero y 7 de marzo, las fechas reportadas por ellos en sus campañas.No viajaron en ese periodo, por ejemplo, Iván Cepeda, María José Pizarro, Martha Peralta, Aída Abella y Wilson Arias.Lo más llamativo es que en la factura expedida por la empresa SADI, en poder de Noticias Caracol, la compañía le cobró al gerente de la campaña del Pacto Histórico al Congreso, Guillermo Alfonso Jaramillo, un total de 72 horas de vuelo en avión por un valor de 1.215 millones de pesos.Es decir, se habría pagado esa suma por cuatro vuelos realizados por dos congresistas.A través de un comunicado, el comité político del Pacto Histórico aseguró en septiembre de 2023 que los senadores se dividieron el monto total de la factura y que ello no constituye una irregularidad.“En capacitaciones efectuadas por el Consejo Nacional Electoral se orientó que para las campañas políticas que se eligen bajo el mecanismo de lista cerrada se podría prorratear ingresos y gastos relacionados a la campaña a toda la lista o cierto número de candidatos”, detalló el documento.No obstante, la explicación de esa colectividad no resuelve los interrogantes de la Corte y más cuando quien sí aparece viajando en cada una de las 24 bitácoras que reportó SADI es el entonces precandidato presidencial Gustavo Petro durante la época de las consultas interpartidistas.En las 24 oportunidades estuvo acompañado de Armando Benedetti y en 23 de los vuelos también aparece reportada como pasajera Laura Sarabia.Sin embargo, la cuenta que reportó Ricardo Roa, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente de la campaña interpartidista de la coalición Pacto Histórico, no parece cuadrar por ningún lado.Noticias Caracol accedió a otra factura en la que SADI le cobra a Roa 1.109 millones de pesos por 72 horas de vuelo en helicóptero y 72 horas de avión ambulancia entre el 7 de febrero y 7 de marzo.Lo extraño para las autoridades es que durante ese periodo solo se facturaron horas en helicóptero y en ningún lado aparecen reportados los 24 vuelos en avión que habría realizado Gustavo Petro.En total, la campaña de consultas y la campaña del Congreso del Pacto Histórico pagaron a SADI 2.324 millones de pesos por los vuelos. Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cada campaña es independiente y debe reportar sus cuentas con los debidos soportes.Los vacíos en la información están bajo la lupa del alto tribunal. Noticias Caracol buscó a varios de los congresistas, pero al cierre de la emisión central del 30 de abril de 2024 no obtuvo respuestas a la indagación que les abrió la Corte Suprema.Sobre el mismo caso, la Fiscalía también indaga a Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud.>>> Otros temas: Pacto Histórico cita a debate de control político a alcalde Galán por situación de embalses

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Principales y últimas noticias de Colombia y el mundo las 24 horas

Los vuelos reportados por los 20 congresistas del Pacto Histórico electos en marzo de 2022 están bajo la lupa de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué?