Los familiares de los once diputados del Valle asesinados por las extintas FARC en junio de 2017 hicieron duras críticas a la JEP por la reciente decisión del tribunal sobre el caso de secuestros. Señalan que no han recibido verdad plena y anunciaron su retiro de esa jurisdicción.Penas a máximos jefes de la FARC por secuestros revive debateJuan Camilo Sanclemente, representante de las víctimas, dijo que “llamó mucho la atención que en la resolución de conclusiones establezca la sala que los comparecientes han dicho la verdad plena cuando no ha sido así; inclusive, durante este mismo año, una audiencia de reconocimiento de verdad fue suspendida debido a que la magistrada silenció a Sigifredo López (único sobreviviente) cuando se estaba preguntando sobre situaciones donde se estaba evidenciando que estas personas estaban mintiendo”.Los familiares de los diputados del Valle afirman que no solo se convirtieron en víctimas el 11 de abril de 2002, cuando las extintas FARC secuestraron a sus seres queridos, sino que también se les ha revictimizado con falta de verdad sobre lo ocurrido.“A nosotros no nos interesa que las FARC reconozcan que cometieron X o Y delitos porque eso ya lo sabemos, lo que quieren las personas que nosotros representamos es que ellos digan detalladamente qué fue lo que pasó con sus seres queridos, por qué secuestraron a los diputados del Valle, qué personas les ayudaron a ellos, tanto internamente en la asamblea como externa para elaborar toda la planeación respecto al secuestro, por qué asesinaron a los diputados”, insistió Sanclemente.Asimismo, cuestionaron a la JEP porque “les creyó a los comparecientes ese tipo de versión cuando se evidencia que la necropsia refleja que hay impactos entre 15 y 30 centímetros; los diputados fueron masacrados no estando a larga distancia, sino fue a una distancia corta”.Los familiares de los diputados del Valle acudirán a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional para pedir revisión de las sentencias que emita el tribunal de paz en estos casos contra los exintegrantes de las FARC.Acalorado debate a ministra de Salud: “Ojalá la risa le dure cuando sintamos la crisis”
La resolución que proyectó la JEP contra los máximos exjefes de la extinta guerrilla de las FARC en la que pagarían hasta 8 años de sanciones por más de 21 mil secuestros con proyectos de reparación revivió el debate en el país.‘El Zarco’, el mayor reclutador de falsos positivos, renunció a preacuerdo con Fiscalía: ¿por qué?Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Rodrigo Granda, entre otros exjefes guerrilleros, serían sancionados con la máxima sanción de 8 años con cuatro medidas de reparación a sus víctimas:Trabajos de desminado humanitarioBúsqueda de personas dadas por desaparecidasRestauración ambiental del páramo de SumapazActividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas“Es la máxima sanción que se podía solicitar, y está conforme con los acuerdos de La Habana”, indicó Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional.“Es parte del compromiso que hicimos con las víctimas, y de la ética revolucionaria para asumir autocríticamente todos los crímenes cometidos durante el conflicto", señaló Pastor Alape.Para el expresidente Álvaro Uribe, máximo líder del Centro Democrático, la sanción no es justa con el delito cometido.México aceptó ser país garante en los diálogos de paz con el ELN"Eso se sabía que era una sanción irrisoria, es una sanción simbólica inadecuada y estaba en el acuerdo de paz y nosotros pedimos que hubiera alguna modificación. Yo creo que eso no ayuda a la paz, pero es lo que en ese momento aprobaron”, señaló Uribe.El debate también se reabre porque los exjefes guerrilleros no perderían sus derechos políticos.“La participación política es uno de los fundamentos del acuerdo de paz. Este derecho es esencial en la reincorporación de la vida ciudadana, del Estado de derecho, consiste en abandonar las armas y la violencia y cambiarlo por la participación política, en la vida del país", manifestó Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.EE. UU. autoriza a Chevron a reanudar operaciones de extracción en VenezuelaSerá el tribunal de paz el que tenga la palabra final de las sanciones que recibirán los exjefes de la guerrilla de las FARC, el caso cobija más de 21.300 secuestros cometidos en medio del conflicto.
Tras cinco años de labores de investigación, la JEP admitió el reconocimiento que hicieron los exintegrantes del secretariado de las FARC sobre el tema de secuestro. Ahora se determinará la sanción, que estará enmarcada en cuatro proyectos de reparación propuestos por los mismos exguerrilleros.“Se mantendrán fuera”, recalca presidente de la JEP sobre Iván Márquez y las disidencias de las FARC“Hoy le estamos enviando al último secretariado de las FARC al tribunal para que evalúe la posición de la sala, y es que reconocieron la responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad que se derivan de la política de secuestros”, precisó Julieta Lemaitre, magistrada sala de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.En la determinación se admitieron cuatro proyectos con los cuales los exintegrantes del secretariado de las FARC deberán reparar las víctimas.Estos son “trabajo de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas”, indicó la magistrada.Lemaitre explicó que “si se le impone a alguien una sanción y si el tribunal decide imponer los 8 años en búsqueda de personas dadas por desaparecidas, son 8 años de trabajo”.El presidente de la JEP, Roberto Vidal, recalcó la importancia de las sanciones, que pidió no “volver triviales diciendo que se trata de la siembra de un arbolito. Aquí estamos hablando de proyectos muy delicados que tienen un hondo contenido para el proceso de paz”.Ahora el proceso pasa al tribunal de paz para determinar el tiempo y el tipo de sanción que se impondrá a los exjefes de las FARC por los secuestros y el trato a las víctimas de ese hecho.Fiscalía acusó formalmente a alias ‘el Zarco’, señalado por falsos positivos
A través de una carta, Luis Jhon Castro Ramírez, conocido como alias ‘el Zarco’, ‘el Mono’ o ‘Ántoni’, el mayor reclutador de falsos positivos, con 17 inocentes ejecutados, desistió de firmar un preacuerdo con la Fiscalía.Duro golpe a las disidencias de las FARC que desangran las selvas del Guaviare con minería ilegal"En el entendido que no tiene claro las condiciones de aceptar cargos, no entiende por qué recibirá una condena, si lo que ha sido es testigo clave de la Fiscalía para seguir el proceso en contra de otras personas y lo que aduce es que la Fiscalía le había prometido unos beneficios y no una condena", dice un fragmento de la carta.Después del informe especial que Noticias Caracol emitió el pasado fin de semana, Luis Jhon Castro se puso en comunicación con la periodista que lo realizó, para responder por primera vez ante la opinión pública el porqué de su decisión."¿Por qué renuncio al preacuerdo con la Fiscalía? Por falta de garantías jurídicas y a la protección de mi familia", aseguró.Al renunciar al preacuerdo que le daría una condena de 26 años y 8 meses de prisión por reconocer su responsabilidad en los homicidios, alias ‘el Zarco’ abre el camino de un juicio penal ordinario y queda a la espera de ser llamado por la JEP para ser vinculado como tercero civil. Esa gestión ya empezó trámite ante el tribunal de paz."Y la razón por la cual quiero llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz es porque, en primer lugar, veo que me pueden brindar las garantías jurídicas, procesales, personales y familiares. En segundo lugar, porque es una justicia que está hecha para todo el reconocimiento de la verdad y el reconocimiento pleno a las víctimas de este país que tanto ha sufrido este flagelo de violencia. Tercero, porque la JEP me pude brindar el espacio para yo poder hacer un aporte exhaustivo y eficaz de toda la verdad que tengo para contar”, sostuvo.Días antes de su testimonio a Noticias Caracol, y ya conocida su intención de entrar a la JEP, las víctimas habían rechazado esa opción de justicia para él.Capturan a la madre de Hilaris Blanco, la niña que murió tras una brutal golpiza en Bogotá"No es justo que él vaya a pagar 5 o 6 años y ya, salió libre por el hecho de que dijo unas cuantas palabras”, dijo Jackeline Villamarín, vocera de las víctimas del Valle del Cauca."Para mí es como burlesco, como un saboteo que hay… porque nosotros merecemos respeto”, afirmó, por su parte, Yamileth Hernández, hermana de una de las víctimas.Alias ‘el Zarco’ será escuchado este jueves, 24 de noviembre de 2022, en audiencia y allí se jugará su última carta en busca del camino hacia la JEP, donde asegura tiene mucho que aportar en materia de verdad.
El nuevo presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, se pronunció sobre la situación jurídica de Iván Márquez y las disidencias de las FARC de cara a una eventual negociación o sometimiento en el marco del proyecto de paz total del gobierno.La reacción de Maduro cuando le preguntaron por los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELNExplicó que “ellos fueron objeto de un proceso muy estricto que terminó en la sección de apelación con la decisión de expulsarlos de la jurisdicción”.En ese orden de idas, determinó “esa es una decisión final y ahora ellos están y se mantendrán fuera de la jurisdicción”.Sin embargo, añadió que “las normas y las reformas que ha introducido el Congreso de la República y la posibilidad de que se realicen diálogos con estos actores están en el lugar del Legislativo y del Gobierno, y tendríamos que ver si en el futuro en esas transformaciones legislativas se abren posibilidades procesales”.Ley de sometimiento a la justicia, el engranaje que falta para avanzar en la paz total de Petro
Noticias Caracol conoció los detalles del relato ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, del hermano menor de Carlos Mattos, condenado por corrupción. El hermano de Mattos confesó haber apoyado a grupos paramilitares en Cesar.Sicarios matan a un comerciante y a su hija de 10 años en Cartagena“Nosotros dejamos que los paramilitares ingresaran a nuestra región y auspiciamos que se quedaran. Los ayudamos con recursos, con suministros. Yo, concretamente, reconozco que financié a los paramilitares para que pudieran operar, erradicar a la guerrilla”, dijo.Esta fue la confesión de Edward Mattos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El hermano menor de Carlos Mattos, dedicado a la ganadería, se sometió al alto tribunal. Con su información, los magistrados están armando un nuevo rompecabezas para establecer el actuar criminal del paramilitarismo en Cesar.“Como parte de nuestra obligación de colaborar con la justicia transicional, aportamos historias de vida y referenciamos por lo menos nueve lugares donde hay registro de 45 personas desaparecidas. Hay muchas cosas que el país no conoce”, aseguró.Esta información, al igual que documentos y mapas que contienen el actuar criminal de los paras en el Caribe, junto con al plan de reparación para las víctimas, son algunas de los elementos que el menor de lo Mattos está dispuesto a aportar a la JEP.Condenan a alias ‘Aurelio’ por atentado contra la brigada 30 en Cúcuta
En el municipio de Calamar, Bolívar, a orillas del río Magdalena, inicia el Canal del Dique, una bifurcación artificial del río que abarca 120 kilómetros y recorre municipios entre el sur del departamento del Atlántico y norte de Bolívar.Invierno en Colombia: hombre murió sepultado por un derrumbe en Dagua, Valle del CaucaSin embargo, un colectivo de organizaciones de víctimas afrocolombianas lucha por frenar las obras de infraestructura proyectadas en el Canal del Dique, argumentando que allí el Bloque Montes de María de las Autodefensas arrojó cientos de cuerpos de personas desaparecidas.La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió tener en cuenta un protocolo arqueológico para proteger el derecho de las víctimas a la verdad.Así quedó el edificio de la Fiscalía tras daños ocasionados por encapuchados en Bogotá
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó este lunes, 24 de octubre, que se le concedió a Rodrigo Granda, otrora conocido como el canciller de las extintas FARC, el beneficio de amnistía por el delito de rebelión, por el cual había sido condenado en la justicia ordinaria.Otras noticias: Se hunde en el Senado artículo que buscaba reemplazar el servicio militar con servicio socialDe acuerdo con el fallo de la Sección de Amnistía e indulto de la JEP, se le otorga la figura de 'amnistía de iure' porque no se han podido establecer pruebas suficientes de que Rodrigo Granda tuviera nexo con el delito de rebelión.“Comunicar a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario Carcelario -INPEC- que, con fundamento en la presente resolución, procedan a retirar de sus respectivos sistemas los antecedentes disciplinarios, fiscales o penales, según el caso y si los hay, del señor Rodrigo Granda Escobar respecto del delito de rebelión por el que fue condenado en la jurisdicción ordinaria. Si hubiese investigaciones o sanciones disciplinarias o fiscales derivadas de la conducta amnistiada, estas también deberán extinguirse”, ordenó la JEP en la decisión.Rodrigo Granda no podrá salir del país sin previa autorización del Tribunal.En el mismo documento, la JEP negó una solicitud de las víctimas para que el exalto mando de las extintas FARC fuera sancionado por un homenaje que le hicieron al ‘Mono Jojoy’ en septiembre de 2021.Relaciones sexuales en el matrimonio no son obligatorias, advierte la Corte Suprema de Justicia“El despacho no encuentra que las manifestaciones realizadas, entre otras personas, por el señor Granda Escobar durante el aludido evento, alcancen el umbral de gravedad suficiente para determinar que se hayan revictimizado a las víctimas del conflicto, se esté ejerciendo apología al delito o instando al odio como lo describe el peticionario”, señaló la JEP en la decisión.
La JEP emitió su primera resolución de conclusiones en el subcaso Catatumbo, donde se investigan cientos de falsos positivos cometidos en esa zona de Colombia. En este sentido, la jurisdicción traslada al Tribunal de Paz el proceso contra 11 militares, entre los que se encuentran el general en retiro Paulino Coronado y los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, para que allí se defina la sentencia que es conocida como sanción propia, teniendo en cuenta que estos uniformados reconocieron su responsabilidad.General Henry Torres Escalante aceptó ante la JEP su responsabilidad en falsos positivosEsto quiere decir que no pagarán cárcel y recibirán “penas restaurativas”, que contemplan:Salón de exposición dentro del Museo Nacional de la Memoria de Colombia sobre falsos positivos.Parque memorial de las 6.402 víctimas de falsos positivos.Placas ubicadas en los parques donde fueron aprehendidas las víctimas para posteriormente ser asesinadas y desaparecidas forzadamente.Construcción de espacios físicos donde las víctimas puedan congregarse y realizar actividades para su fortalecimiento organizacional.Proyectos de recreación, deporte y ocupación del tiempo libre para jóvenes en contextos de vulnerabilidad social y económica.Un documental fílmico, ‘Las verdades del Catatumbo’, proyecto presentado por los comparecientes Santiago Herrera, Rubén Darío Castro, Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Juan Carlos Chaparro.Cátedras para fortalecer la no repetición, proyecto presentado por los comparecientes Santiago Herrera, Rubén Darío Castro, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Gabriel Rincón Amado y Juan Carlos Chaparro.Catalina Díaz, magistrada de la JEP, precisó sobre este caso que, “tras un proceso de contrastación judicial en el que se esclareció el patrón de acción macrocriminal y los hechos y conductas más representativas, se determinaron las responsabilidades individuales, se calificaron jurídicamente los hechos como asesinatos y desapariciones forzadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad”.“La JEP emitió su primera resolución de conclusiones, en la que determinó que los imputados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad plena, detallada y exhaustiva. Así, conforme a la Constitución y a la ley, los 11 comparecientes son elegibles para la imposición de una sanción propia”, añadió.Abrieron un hueco en puente de Bogotá y lo usan como guarida tras atracar: “Da miedo”
El mayor general (r) Henry William Torres Escalante aceptó en una carta a la JEP su responsabilidad en casos de falsos positivos en el Casanare, cuando era comandante de la brigada 16. El oficial indicó que las presiones que ejerció y sus oídos sordos a las denuncias facilitaron que se cometieran estos crímenes de lesa humanidad en su jurisdicción.El horror de los falsos positivos: a militares los medían por “litros de sangre” de vidas inocentesSegún explicó la Jurisdicción Especial para la paz en un comunicado, “el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, comandante de la XVI Brigada del Ejército, en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz su máxima responsabilidad en los casos de falsos positivos de los que fue imputado y aceptó 'los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas'".“Asumo con vergüenza el señalamiento como máximo responsable que se me hace en el auto, por los lamentables crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidas por hombres bajo mi mando mientras me desempeñé como comandante de la Brigada 16″, indicó el general Torres en una misiva enviada a la JEP.En total, hasta el momento, 17 militares han reconocido su responsabilidad en los casos de falsos positivos.Financiadores de paramilitares en Ituango quedarían por fuera de la JEP“En el mismo sentido, reconociendo su máxima responsabilidad como autores mediatos, se han pronunciado ante la Jurisdicción el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, comandante del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez entre diciembre de 2006 y junio de 2008; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007”, explicó la JEP.“Asimismo, han reconocido su responsabilidad en calidad de coautores de crímenes de guerra y de lesa humanidad el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez; los mayores (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez y (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; los capitanes (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha y César Augusto Cómbita Eslava; y los tenientes (r) Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas Valderrama”, añadió la jurisdicción especial.
En el Cauca se mantienen las operaciones contra el grupo de las disidencias que atacaron una unidad militar y mataron a seis soldados muertos y dejaron a ocho más heridos. Estos últimos fueron visitados por el presidente Gustavo Petro.Padrastro de soldado asesinado en Cauca: "¿Por qué los hijos de los ricos no caen?"Los soldados que sobrevivieron al atentado de las disidencias recibieron la voz de aliento del presidente Gustavo Petro, quien los visitó en el lugar donde se recuperan. Allí llegó luego de haber pasado la noche en Buenos Aires, Cauca, el municipio donde ocurrió el ataque y donde conversó con compañeros de los militares atacados.Previamente, ordenó a las Fuerzas Militares que desplieguen sus unidades élite en el Cauca para ubicar a la estructura de las disidencias de las FARC responsable del crimen y cambiar la estrategia de presencia en la zona.“Tiene que haber un cambio táctico en la disposición del Ejército en el departamento del Cauca, disminuyendo sustancialmente el número de soldados de servicio militar y aumentando sustancialmente el porcentaje de soldados profesionales para darle más capacidad al Ejército en la región”, aseguró el mandatario.Y al tiempo que el presidente daba instrucciones y visitaba a los soldados, los familiares de los uniformados muertos esperaban sus cuerpos en medio de las escenas de dolor que deja un hecho como este.En medio de ese dolor y desde Buenaventura, el presidente describió quiénes eran las víctimas y los victimarios, asegurando que los dos grupos eran afrodescendientes que reflejan lo que ocurre en esa región del país.“Es decir, son jóvenes afro matando jóvenes afro, jóvenes negros matando jóvenes negros. Esa es la violencia en general en la región Pacífico”, apuntó.Dos soldados están graves tras ataque al Ejército en Buenos Aires, Cauca Pero además, desde Buenaventura, el presidente expuso la razón por la cual, según él, existen las disidencias como las que hicieron el ataque.“Y ahora nos asustamos porque hay disidencias, cómo no iban a haber disidencias si incumplieron el acuerdo de paz”, sostuvo.Desde la zona del ataque, donde dirigía las operaciones, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, dio detalles de la forma como las disidencias golpearon a sus hombres cuando dormían después de una jornada de servicio.“Fueron atacados de manera inmisericorde, lanzándoles granadas de mano, disparo de fusilería”, aseguró el oficial.El Ejército ha informado que los responsables del ataque son integrantes de las disidencias de las FARC bajo el mando alias ‘Marlon’.Alias 'Marlon', el cabecilla tras el ataque al Ejército en Buenos Aires, Cauca
Un hombre señalado por las autoridades de apuñalar al policía Kevin Gómez Silva durante un procedimiento quedó inexplicablemente en libertad y después apareció muerto, pues se habría suicidado.También lea: Profesor señalado de abusar a varias estudiantes fue capturado en la localidad de Kennedy“Estaban atendiendo un caso con una señora, el problema no era ni con el muchacho, él apareció de la nada y lo apuñaló”, aseguró Angie Quiroga, esposa del patrullero herido.Los policías llegaron al barrio Suba Rincón atendiendo el llamado de la comunidad, pero de repente apareció un hombre que sin mediar palabra atacó por la espalda al uniformado.“Lo apuñaló en el lado de la aorta, gracias a Dios no lo tocó, en el forcejeo en el piso, también le alcanzó a dar una puñalada al lado del ojo, le cogieron un punto”, añadió la pareja del uniformado lesionado.El patrullero, de 25 años, se encuentra bajo observación médica tras las dos heridas que sufrió. El señalado agresor fue detenido inmediatamente.“El compañero se queda esposándolo y él se agarra el cuello, coge un taxi, se monta y se fue al hospital”, indicó Angie Quiroga.A pesar de la captura que, según los relatos, fue en flagrancia y de que la Policía llevó al detenido para que la Fiscalía procediera a presentarlo ante un juez, el sujeto fue dejado en libertad y al día siguiente apareció en un CAI de Suba Rincón, donde están asignados tanto el policía herido como el uniformado que lo capturó, para recoger sus pertenencias.Vea, además: Ni sus disfraces de policía los salvaron de acabar esposados y detenidosLa Fiscalía investiga la actuación de su personal, pues el presunto agresor nunca fue llevado ante un juez porque, al parecer, el fiscal que atendió el caso lo habría desestimado argumentando falta de pruebas. Sin embargo, a lo ocurrido se sumó otro hecho, pues el presunto agresor fue hallado muerto en las últimas horas.Unidades de la Policía lo hallaron abajo de un puente desde donde se habría lanzado, según la versión inicial de la institución. La motocicleta del hombre muerto quedó sobre el viaducto vehicular.Ahora agentes de la Policía investigan los dos hechos: la agresión y el presunto suicidio.Puede ver: En aparatoso accidente, muere concejal de San Antonio del Tequendama
Hasta 20 millones de pesos ofrece la Gobernación de Bolívar por información que ayude a dar con el paradero de los asesinos de Filadelfo Anzola Padilla, quien lideraba la comisión de reclamación de tierras de la comunidad de Los Alpes. Lea, también: Indignante: mujer botó la mercancía de vendedor ambulante por una deudaEste líder social, quien también hacía parte de la comisión ambiental del comité de derechos humanos, fue abordado por dos hombres en la vereda Los Cagüises y luego le dispararon, según reportó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.Filadelfo Anzola Padilla era líder social en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. La Policía del Magdalena Medio informó que se encuentra tras la pista de los asesinos.El homicidio fue cometido el pasado martes, 6 de diciembre de 2022.
El comienzo del 2023 promete tener una muy dura batalla judicial en la Corte Constitucional por cuenta de la reforma tributaria.Puede leer: ¿Otra reforma tributaria en el gobierno Petro? El ministro de Hacienda habló sobre esta posibilidadEn el alto tribunal hay decenas de demandas y una de ellas es la que interpuso el gremio que reúne a las empresas petroleras para que se reverse lo que tiene que ver especialmente con la deducibilidad de las regalías.Dicho gremio escogió a una de las firmas de abogados más importantes del país, Palacio Lleras, que dirige el exministro Hugo Palacio Mejía.También vea: Tras varios tropiezos, discusión del código electoral fue aplazada para marzo de 2023Aseguran que no les pueden obligar a pagar impuesto de renta por un ingreso que no es suyo. Esa decisión cuesta 6 billones de pesos a ese gremio.Otros Códigos Caracol: ¿El uribismo apoyará a Juan Daniel Oviedo para ser alcalde de Bogotá?A pesar de las diferencias ideológicas, varios exministros de Minas están asesorando a Irene VélezAeronáutica Civil rechazó solicitud de Avianca y Viva Air para integrarse: ¿por qué?
En medio del dolor, en Condoto, Chocó, familiares le dieron el último adiós a 20 de las 34 víctimas mortales del alud de tierra que sepultó un bus en Risaralda. Lea, también: Tres muertos deja grave accidente de bus que iba de Bogotá a YopalCon calle de honor al paso del cortejo fúnebre, los condoteños recibieron a cinco de sus hijos, todos de una misma familia, víctimas del fatal accidente de hace 4 días en la vía que comunica a los dos departamentos.Cientos de personas en motos, carros y hasta a pie se volcaron a sus frías y entristecidas calles para darles el último adiós.“Primera vez que nosotros tenemos una muerte colectiva y entonces embargan a todo el pueblo condoteño, muchas personas han venido a acompañarnos”, manifestó Benicio Murillo González, habitante del municipio.Don Eleazar Rivas viajó desde Nóvita para despedir a su hija, yerno y nieta. “Nosotros recibimos la noticia y vea, estamos aquí esperando desde el domingo”, dijo.En Istmina, en las casas de las familias de las víctimas, realizaron los velorios y este jueves tendrá lugar un sepelio colectivo.“Ha sido un golpe muy duro, muy duro para nosotros los istmineños, solo le pedimos a Dios que cada día nos ayude, porque ha sido una pérdida muy lamentable”, resaltó Karen Mosquera, amiga de una de las víctimas.En Condoto, Nóvita, Río Iró, Medio San Juan e Istmina se declararon tres días de duelo en solidaridad con las víctimas de este trágico accidente.
