Recientemente, la JEP dio a conocer la aterradora cifra de que en Colombia hay por lo menos 6.402 víctimas de falsos positivos, es decir, tres veces más de lo que se había reportado en la justicia ordinaria.Hay ciertas zonas que son consideradas críticas y que fueron priorizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para investigar estos casos. Una de ellas es el Caribe, entre el norte del Cesar y el sur de La Guajira.En esta zona se tiene documentado que el 7,3% de las víctimas provienen del departamento de Cesar, es decir, más de 460 personas hacían parte de esta región en donde operaba, principalmente, el Batallón de Artillería N.2 La Popa.La ejecución de los falsos positivos en esta zona del país se caracterizó por las alianzas entre miembros del Ejército y paramilitares.Los horrores del Batallón La Popa en el conflicto“El batallón era una máquina de guerra y por lo tanto tenían que verse los resultados operacionales”, así describe un mayor retirado del Ejército, quien comparece ante la JEP, los horrores cometidos por algunos miembros del Batallón de Artillería N. 2 La Popa.El alto oficial, al igual que muchos otros, a quienes protegemos su identidad por razones de seguridad, decidieron contar una década después lo que pasó y quiénes pueden estar detrás de estos graves hechos.“El discurso del señor coronel Mejía fue muy convincente, llegó con unas metas claras y él sabía que en ese posicionamiento, indudablemente, uno de los pilares era los resultados operacionales”, dice.Y fue esa presión por resultados operacionales lo que habría llevado a que se creara una alianza de la muerte con el paramilitarismo.“El comandante de La Popa, el coronel Mejía, era determinante en estos resultados operacionales. Él, con alias ‘39’, era quien coordinaba estas situaciones”, sostiene el mayor retirado.Pero no era lo único ilegal que se movía con tal de sumar números y obtener resultados. Otro teniente retirado, también investigado, cuenta cómo se pagaban importantes sumas de dinero a los soldados por cada supuesto muerto en combate:“Yo escuché a mi coronel decir que 500.000 (pesos) por arma corta y un millón (de pesos) por arma larga”.La víctima podía ser cualquier persona, desde un campesino de la región o cualquiera que, como ellos mismos dicen, "oliera a guerrillero".Se hacia el respectivo montaje del combate y se procedía a asesinar a quien fuera el próximo resultado operacional, tal como lo cuenta un cabo retirado:“En el momento cuando ya tenían una operación planeada, él ya nos daba las instrucciones específicas, tan específicas como: ‘está un soldado trayendo a una o dos personas, se va a ir a tal sitio y se va a simular un combate’”.“Es decir, ¿desde la planeación de las operaciones ya sabían que el combate iba a ser simulado?”, le preguntan desde la JEP. A lo que responde el cabo retirado: “Sí señor, desde que arrancábamos a la operación ya sabía o sabíamos que se iba a quitarle la vida a una persona simulando un combate”.Según los uniformados de menor rango, cuando los superiores daban una orden, no había posibilidad de incumplirla. Era la vida de la víctima o era la vida del soldado.“Cuando me le acerco al teniente le pregunto para qué me manda llamar y él me específica, me muestra a las dos personas que estaban separadas, y me dice: ‘vea que son guerrilleros, vaya mátelos’”, recuerda un soldado retirado adscrito a La Popa.Aunque estas personas ya no hacen parte del Ejército y comparecen ante la JEP, aseguran que las presiones por cambiar la verdad no han cesado.“La mayoría de soldados que están en estos procesos recibían mucha presión, su señoría. Como le digo, a mí lo primero que me dijo el abogado que me recomendó mi coronel Mejía fue: ‘ojo, no vaya a decir que Hugo existe’”, dice el teniente retirado.Campesinos, pobladores de cascos urbanos, habitantes de calle y hasta población indígena del norte del país: esas fueron algunas de las víctimas de ese horror conocido como falsos positivos. Precisamente, el dato sobre población indígena es grave, pues para la JEP representa el 2% de los casos.El crudo panorama de Antioquia y Norte de SantanderEl capítulo de Antioquia de los falsos positivos es el más escabroso de todos. Un capitán, miembro de la Cuarta Brigada del Ejército, a la que se le adjudican el 73% de los falsos positivos entre 2000 y 2013, cuenta descarnadamente lo que allí no debió suceder:“Yo tenía soldados que eran de Medellín, soldados regulares, y a esos soldados yo los enviaba para que reclutaran víctimas y los trajeran mediante engaños y tácticas para las áreas de Medellín a Cocorná. Se determinó que debía ser población que fuera de la calle, ¿por qué? Porque era gente que estaba totalmente vulnerable. Eso era más o menos las indicaciones que yo le daba al reclutador”.Para los militares, la elección de las víctimas tenía que ser minuciosa.“Las instrucciones que yo le daba al soldado es que no fuera fácil de reconocer y que no fuera de esta región, para poderla presentar como muerto en combate, esa fue la instrucción que yo le di. Igualmente le decía que tuviera cuidado, que no se metiera en determinados sitios para que no resultara de pronto él con alguna situación especial o que de pronto resultara por allá cogido por la Policía”, detalla un capitán retirado de la Cuarta Brigada.Aquí no hubo reclutadores externos, como fue el caso de Soacha, sino que esta tarea era asignada a un soldado de la brigada, quien recibía una pequeña remuneración.“Le entrego entre 100.000 y 200.000 pesos al soldado para que hiciera ese reclutamiento”, precisa el alto oficial.Sin embargo, la estrategia sí era la misma en la mayoría de los casos: engañarlos con falsas promesas de trabajo para después asesinarlos.“La persona llegaba, se le hacía el lugar donde iba a dormir, se le daba comida y se le decía que al otro día teníamos que movernos para ir al sitio donde iba a ir a trabajar”, cuenta el capitán retirado.Norte de Santander también fue una zona donde la práctica del horror se hizo evidente y en donde la orden también fue la misma: litros de sangre.“Escuchaban los programas donde decían al Ejército: ‘los estamos midiendo por litros de sangre y carrotanques’ y pues los litros de sangre y los carrotanques los daban son los muertos, no los capturados”, expone un capitán retirado de la Brigada Móvil 15 en Norte de Santander.“¿Quién lo decía y usted dónde oyó mencionar esto de los resultados del Ejército?”, le preguntan desde la JEP al oficial, quien responde: “En los programas, su señoría. En los programas que hacía el comandante del Ejército, que era mi general Montoya. Solamente programas en escucha, nosotros no podíamos interrumpir esos programas”.Las remuneraciones llegaron a ser tan atractivas, que hasta contemplaban viajes al exterior.“La presión nos lleva a eso. Si yo daba una baja tenía cinco días acumulados para salir a permiso, si llevaba una baja me podía candidatizar a un viaje a San Andrés o al exterior”, sostiene el capitán retirado.Estos militares también experimentan, en parte, las consecuencias de lo que sucedió.“Todo esto es lo que me decepciona de mí mismo, que a ni a mi familia he sido capaz de manifestarle la verdad. Ahorita, por ejemplo, mi señora tampoco tiene conocimiento de qué es lo que estoy diciendo acá realmente; vivo decepcionado”, comenta entre lágrimas un soldado de la Brigada Móvil 15 en Norte de Santander.Muchos de los uniformados sostienen que por miedo a sus superiores ocultaron la verdad de lo que pasó, pero que están dispuestos a responder ante la justicia y a resarcir lo sucedido.Los falsos positivos en el Casanare“Desde que yo llegue allá al Gaula eso era mejor dicho, por así decirlo, el pan de cada día. Las bajas se veían ya como costumbre”, así narra un alto exoficial del Gaula en Casanare la "naturalidad" con la que se cometían las ejecuciones extrajudiciales.“Eso no es un secreto, ya todos sabían cómo se realizaba esas operaciones y cómo lo instigaban a uno a presentar resultados”, añade el mayor retirado.Y fue esa instigación la que también llevó a crear una alianza criminal en esta zona del país para obtener resultados en combate, pero esta vez no fue con ningún grupo ilegal.“Voy a referirme primero al director de la seccional Casanare, doctor Orlando Ríos Escobar. Cuando llegué al Gaula ellos convencían a denunciantes de las extorsiones para que colocaran la denuncia directamente con ellos, luego cuadran todo con el director del DAS, doctor Ríos, para realizar la operación sin poner el denuncio ante la Fiscalía Quinta Delegada. El objetivo era adelantar esa misión y dar con la muerte de esa persona”, narra el exoficial del Gaula.Según el mayor retirado, era el DAS Casanare el encargado de los pagos a colaboradores que reclutaban a las víctimas y del suministro de armas.Incluso otro integrante del Gaula Casanare cuenta cómo en algunas oportunidades hasta llegaron a secuestrar a las víctimas.“Legítimamente la retención del hombre no es legal porque realmente es casi un secuestro, diría yo, porque no había una orden donde me digan a mí que ese muchacho puede ser detenido”, reconoce un teniente retirado.Este horroroso crimen no solo se habría usado para dar resultados operacionales, también, según algunos uniformados, se habría utilizado como favores políticos.“Recuerdo una vez que nos envió mi coronel Torres a seguir a unos sujetos. Fuimos, hicimos el seguimiento, llegamos al sitio, capturamos a los tipos y la orden, por el teléfono, fue ‘mátenlos’, entonces nos tocó matarlos, quemar el carro y al otro día aparecieron los muertos. Ya después de todo eso nos enteramos que eran del pueblo de Aguazul, pero que estaban en una disputa con los políticos de la época, que después estuvieron aquí presos; a uno que le decían ‘Patón’ que fue alcalde de Aguazul”, revela un soldado retirado del Gaula Casanare.El general retirado Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16, ha aceptado su responsabilidad en estos hechos, pero por omisión. Así como lo reveló Noticias Caracol.“Acepto mi responsabilidad y las consecuencias que dicho reconocimiento se derivan en los dolorosos sucesos que lamento profundamente e insisto: no debieron ocurrir”, dijo en julio de 2020 el investigado por falsos positivos.En el caso Casanare, además de gente inocente, que no tenía ningún tipo de deuda con la justicia, o de ser muchachos y pobladores de la región, otros de los predilectos eran desmovilizados o personas con antecedentes judiciales, ya que según los militares era fácil legalizarlos.Pero no solo hay batallones implicados, también hay responsabilidad de altos mandos del Ejército. Entre los más cuestionados están los generales retirados Mario Montoya y Henry Torres Escalante, ambos ya han rendido versión voluntaria ante la JEP.Lo que viene es aún más grande, la próxima imputación que realizará la Jurisdicción Especial para la Paz es por el caso de los falsos positivos y se espera que sea antes de mitad de año.
Jesús -lo llamaremos así por su seguridad- durante dos años perteneció a las filas de las FARC y luego, casi el mismo tiempo, a las del ELN. Con tan solo 12 años, las extintas FARC se lo llevaron a punta de mentiras."A uno lo invitaban, lo seducían con las muchachas, le buscaban a uno diferentes estrategias para llevárselo, pero en vista de que eso no cedía empezaban a presionar con el tema de la seguridad en la vereda donde yo vivía", relata la víctima de reclutamiento forzado.Las amenazas, la situación económica y la falta de oportunidades empujaron a Jesús a empuñar las armas.“Un niño de 12 años con un fusil encima, enfrentándose al Ejército y a distintos grupos armados es cruel, ¿no? Porque uno solo piensa en jugar, en divertirse y allá con un arma, aviones, soldados; es muy duro. Eso es una de las peores cosas que tú puedes vivir”, manifiesta.Lo obligaron a dispararle a su mejor amigo, y como no pudo hacerlo, el propio comandante apretó el gatillo."Si uno no cumple con las órdenes que le dan pues acaban con la vida de uno, entonces es estar entre la espada y la pared. Es tu vida o es la del otro y las órdenes allá no se discuten, la cumples o la cumples", cuenta.Después de este episodio Jesús se enfermó, ya no era útil para la otrora guerrilla, así que lo enviaron a una casa a recuperarse y de ahí escapó. Tiempo después fue el ELN quien le ofreció seguridad.“Ellos se provechan de los niños por que los niños no tienen la capacidad de razonar, de reflexionar como un adulto y considero que es un abuso total de la niñez. Eso es un abuso por el cual deben pasar cientos y miles de niños, que en el país han vivido lo mismo que yo, niños que han sido asesinados en el monte", puntualiza Jesús.Pero esa vida no era la que quería. Jesús entregó las armas y hoy es un ciudadano más. Como él, son al menos 6.931 menores que han sido reclutados por parte de grupos armados al margen de la ley.“Si no aprendes a disparar te morís, entonces es una esclavitud. Creo que para mí el reclutamiento nos arranca todo y nos esclavizan, no tiene perdón, no lo tiene", dice entre lágrimas una mujer víctima de reclutamiento forzado.Estos testimonios hacen parte de las pruebas que aportó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ante la JEP y la Fiscalía en contra de las FARC, del ELN y de otros grupos armados por reclutamiento forzado y otros delitos.“También hay violencia sexual. Los usan, desafortunadamente, como elementos sexuales y cosas sexuales”, lamenta Lina Arbeláez, directora del ICBF.Según el ICBF, es claro que hubo reclutamiento sistemático con un modus operandi:“A través del engaño, a través de la persuasión, a través de la utilización de las condiciones de pobreza. Los ponen a empuñar armas y a cometer crímenes, como homicidios, para que se sientan culpables y que sientan que no son sujetos de derecho".El ICBF tiene bajo su protección a 204 niños víctimas de reclutamiento forzado, menores que hacen parte de los 6.931 que también esperan ser reparados.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exsenador colombiano Álvaro Alfonso García Romero, condenado por la justicia ordinaria a una pena de 40 años de prisión por su participación en la masacre paramilitar de MacayepoGarcía Romero, quien cumple su sentencia en la cárcel La Picota de Bogotá, recibió una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participaron de sus crímenes.El exsenador fue aceptado en la Jurisdicción como "Agente de Estado no integrante de la Fuerza Pública" y se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria sobre crímenes perpetrados por los paramilitares principalmente en el norte del país."La JEP busca esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares", consideró la jurisdicción al estimar que los aportes del exsenador permitirán "desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo".El exsenador, oriundo del departamento de Sucre, fue condenado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado entre 1997 a 2000.La JEP tuvo en cuenta que, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, García Romero se valió de su condición de senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional y aunque como paramilitar no participó en las hostilidades de ese grupo, "desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal".Específicamente, García se comprometió a aportar en la JEP verdad sobre las "reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo", un pacto secreto entre grupos paramilitares y políticos colombianos, así como "sobre su participación en la masacre de Macayepo", perpetrada en el 2000 en el departamento caribeño de Bolívar.El exsenador, que permanecerá en prisión, además entregará su versión sobre el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez, una testigo electoral asesinada en 1997, y su vínculo con el paramilitar Salvador Arana, quien como gobernador de Sucre entre 2001 y 2003 impulsó a las Autodefensas."García Romero está en condición de entregar verdad sobre los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular, el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública, la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos", detalló la JEP.
Iván Duque instaló este miércoles, desde la Casa de Nariño, el seminario 'Paz con legalidad' al que asistieron, de manera virtual, los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y los embajadores de Colombia en el exterior.Durante su intervención, titulada ‘Las diez realidades de la paz con legalidad’, el mandatario expresó que en el juzgamiento de los máximos responsables por delitos de lesa humanidad “es muy importante que las sanciones propias sean efectivas y que les permitan a las víctimas tener una reparación moral”.El presidente aseguró también que “la verdad no solo debe estar soportada “en un material probatorio incontrovertible, sino que queremos que la reparación se haga efectiva, también, con la contribución de los bienes de los máximos responsables”.También pareció hacerle un llamado a la JEP:“Por supuesto queremos que todo el manejo de información y de los casos tenga todo el soporte probatorio y el esclarecimiento debido, según los principios del derecho penal en nuestro país para que no haya espacio a especulaciones. Y la forma más importante en la que esperamos se pronuncie la justicia sea con la claridad y la efectividad de sus providencias. La justicia siempre se hace grande cuando llega a la verdad objetiva, incontrovertible, en las sentencias en las providencias y no los micrófonos”, puntualizó Duque Márquez.
Con la voz entrecortada y con lágrimas, una joven víctima de reclutamiento forzado durante el conflicto armado narró lo que para ella significó estar tantos años en medio de la guerra y que la despojaran de su niñez.Y es que no solo fue el caso de ‘Marcela’, como será identificada para proteger su integridad, sino que según la JEP fue el caso de por lo menos 8.000 menores de edad.“Pudimos identificar inicialmente en este caso 007 por lo menos 8.000 hechos víctimizantes que corresponden a una cifra meramente provisional, de los que dan cuenta los informes de la Fiscalía, los informes del Centro de Memoria Histórica y otros informes que recibió la jurisdicción”, dijo Eduardo Cifuentes, magistrado presidente de la JEP.Para ese tribunal, fue entre 1997 y 2000 el periodo en el que más se recrudeció esta práctica que es considerada una grave violación a los derechos humanos.“El reclutamiento de niños y niñas, no solamente portando armas sino siendo utilizados en el conflicto armado interno ya sea como correos, como cocineros, como mensajeros, constituyen graves violaciones a los derechos humanos”, reiteró el magistrado Cifuentes.Esta cifra se dio a conocer durante la entrega de un informe por parte del ICBF a la JEP sobre reclutamiento, en el que expone que esta fue una práctica de las extintas FARC.Sin embargo, lo más grave del fenómeno es que en justicia ordinaria tan solo se lograron 10 sentencias condenatorias por estos casos contra Alfonso Cano, Iván Márquez, Efraín Guzmán, ‘el Mono Jojoy’, Raúl Reyes, Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’; y Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’.
El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, está en el ojo del huracán debido a un trino en el que decía: “Somos soldados del Ejército de Colombia y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos”.A muchos les llamó la atención este comentario, pues tuvo lugar luego de que la JEP reportara que las cifras de falsos positivos son casi tres veces mayores a lo que se tenía informado: no fueron 2.248, sino 6.406.Julieth Cano, periodista de Noticias Caracol, cuestionó al respecto al comandante del Ejército y este le respondió: "Lea, lea, lea, ya lo colgué, ya lo colgué". Esto en referencia a un trino que publicó luego y en el que explicó: “La metáfora empleada no hace referencia a la dignidad de las instituciones, a todas ellas mi profundo apoyo. El @COL_EJERCITO ha sido, es y seguirá siendo totalmente respetuoso de la institucionalidad, la división de las ramas del poder público”.Julieth Cano también le preguntó al ministro de Defensa, Diego Molano, si el oficial del Ejército estaba haciendo referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz.“El último trino tiene toda la explicación. Si quieren interpretar a Zapateiro, lean a Zapateiro", sostuvo el funcionario.Para el analista Héctor Riveros, si el trino es “contra la decisión de la JEP, contra los falsos positivos, es un desastre institucional”.Entretanto, el ministro Molano instó a que se usen fuentes oficiales para determinar el número de muertes por falsos positivos, a lo que la JEP respondió que se tuvieron en cuenta desde la Fiscalía hasta al Centro de Memoria Histórica, entre otras instituciones. Para algunos sectores, pese a la aclaración hecha por el comandante del Ejército, el mensaje es una ofensa a las víctimas. Muchas de ellas piden incluso la renuncia del general.
Entre 1982 y 2012, 21.396 personas fueron víctimas de secuestro en Colombia. “Eso es humillante… de todo lo que yo sentí del secuestro fue ese día que me colocaron las cadenas y me amarran a un palo, ellos me custodiaban y estaba uno ahí humillado, pero el día que le colocan a uno las cadenas… uno no hace sino llorar”, dijo en su momento ante la JEP Armando Acuña, que era concejal de Garzón, Huila, cuando la guerrilla se lo llevó, en mayo de 2009.Luis Eladio Pérez, quien intentó huir de sus captores sin éxito, relató ante la jurisdicción que "nos entregamos nuevamente a la guerrilla. El castigo fue encadenarnos desde ese día hasta el último día de secuestro como animales a los árboles. Nos sacaban a hacer nuestras necesidades como sacar uno a los perros al parque o a una zona verde".“Lo único que nos daban eran dos plásticos, uno para poner en el suelo y un plástico en el techo. Esa era la casa, un techito ahí para la lluvia, mojados, vueltos nada”, agregó.Estos testimonios son unas de las bases de la acusación de la JEP a ocho exmiembros del secretariado de las FARC por secuestro.Ahora que admitieron su responsabilidad, a los exguerrilleros les sigue corriendo el plazo de 30 días hábiles para responder formalmente si asumen o no su responsabilidad, porque por ahora solo lo han hecho en un comunicado de prensa. Ese plazo se vence el próximo 9 de marzo.La jurisdicción debe citar a una audiencia donde nuevamente víctimas y victimarios se verán cara a cara."Junto con lo que diga la Procuraduría y las víctimas sobre los hechos imputados se podrá hacer una audiencia entre todas esas personas para que después de esa audiencia sí se tome la resolución de conclusiones donde se diga si se considera que hay una verdad que satisface o no existe", explicó Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado.Si la dicho es satisfactoria para las partes, los exintegrantes de las FARC enfrentarán una sanción de 5 a 8 años, que incluye una restricción efectiva de la libertad en un establecimiento no carcelario, que podría ser en granjas agrícolas o en sitios que establezcan como residencia.También podrían enfrentar de 2 a 5 años si el culpable no tuvo una participación determinante en el delito y hasta 20 años de cárcel para quienes sean hallados responsables de secuestro.Para que esto último ocurra, en la audiencia se debe establecer que los exintegrantes de las FARC no aportaron la verdad o que mintieron cuando dieron su versión.También estará en manos de la justicia transicional establecer otras medidas como la posibilidad de suspender su participación en política.
El rechazo del expresidente Álvaro Uribe Vélez al informe de la JEP sobre falsos positivos fue casi inmediato. Por medio de un comunicado, refutó las cifras y dijo que buscan desprestigiarlo.Entre sus razones para no aceptar la conclusión de la Jurisdicción Especial para la Paz, que establece que entre 2002 y 2008 - cuando él era presidente - los falsos positivos no fueron 2.248, como reporta la Fiscalía, sino 6.402, está el hecho de que, según él, en esa época la situación del país mejoró.En diálogo con Blu Radio hizo un balance de los muertos reportados durante su gobierno y cuestionó: “entonces (si hubo) unas fuerzas armadas, según la JEP, dedicadas sistemáticamente a violar derechos humanos, ¿por qué el país mejoró tanto?”.Sin embargo, durante la entrevista, por primera vez, reconoció que durante su mandato sí se registraron falsos positivos.A la pregunta ¿cuántos falsos positivos acepta hoy que ocurrieron?, respondió: “No, yo no puedo tener esa cifra. Lo único que le digo es que hay una discordancia entre los dos mil y pico que dice la Fiscalía y los seis mil y lo que dice la Memoria Histórica y lo que ahora dice la JEP”.Y, posteriormente, cuando el periodista Ricardo Ospina comentó que “la mayor cantidad de personas inocentes muertas en combate fue dentro de su gobierno”, el exmandatario recalcó:“Que ocurrieron casos, no hay duda, por eso yo tomé tantas decisiones. Como el día que llegué a la sede de la ONU en Bogotá (y) presentaron frente a un capitán del Ejército que dijo - como testigo protegido - que, en Ocaña, en la brigada, para aparentar que combatían el narcotráfico, cuando en realidad lo protegían, asesinaban campesinos, yo salí a reconocer eso, a denunciarlo públicamente y están presos los autores”.También fue cuestionado por los llamados incentivos paran motivar los resultados de las Fuerzas Militares. “Cuando el doctor Camilo Ospina estaba en eso, eso se derogó”, aseguró.¿Uribe iría a la JEP?Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a acudir a la JEP fue evasivo.“Yo he sido opuesto a la JEP desde que se concedió su creación, lo que tengo que decir yo los seguiré diciendo públicamente”, reiteró.Aseguró, además, que algunas de las fuentes consultadas por la JEP tienen un claro sesgo político contra su gobierno.El expresidente Álvaro Uribe consideró también que los cinco ministros de Defensa que tuvo su gobierno también deberían hablarle públicamente al país sobre este escándalo.
Jacqueline Castillo Peña, hermana de una víctima de falsos positivos y representante del colectivo Mafapo, destacó la importancia de la revelación de la JEP sobre las cifras de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2008.“Para nosotros, de alguna manera - en comillas - es una noticia muy grata este comunicado que acaba de dar la JEP documentando que ya tienen en su poder la investigación de 6.402 casos, para poder demostrar públicamente que no fueron casos aislados, como se habló en su momento cuando sucedió la polémica de la desaparición de los jóvenes de Soacha y como lo ha dicho el expresidente Álvaro Uribe: que las organizaciones de derechos humanos estaban dañando su imagen dando reportes y cifras que probablemente eran inventadas. Estamos probando que sí fueron hechos reales”, comentó en entrevista con Noticias Caracol.Sobre las declaraciones del exmandatario agregó que de ninguna manera se trató de un sesgo con el fin de desacreditarlo porque, afirma, “es muy claro que las cifras de ejecuciones extrajudiciales aumentaron” bajo su mandato.De igual manera, Castillo Peña aseguró que confían totalmente en el trabajo realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz, pero reclaman verdad por parte de los militares que comparecen ante el tribunal.“No están aportando verdad plena. Sabemos, por versión de un contacto de un militar que está pagando condena, que ellos están condicionados a que hay que contar la verdad, pero hay que saberla contar. Se les ve el temor de involucrar a altos mandos”, enfatizó.Subrayó que ante la JEP debería “ser llamado el mismo Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa en ese momento. Mario Montoya, que ya estuvo ahí en dos oportunidades, pero claramente no reconoce estos hechos y no está aportando verdad”.Acerca su lucha, que ya completa 13 años a la espera de justicia, dijo que en el camino “hemos sido burladas, revictimizadas, atropelladas”. “Es bastante doloroso esperar tanto tiempo para poder saber que pueden ser condenadas las personas que cometieron estos hechos”, señaló.Jacqueline Castillo Peña afirmó que esperan prontos resultados y aseguró que la cifra de falsos positivos va a aumentar.“En el colectivo venimos haciendo trabajos con víctimas en otras regiones que nos han expresado que nunca denunciaron por temor, pero sabemos que hay muchas fosas comunes, con seguridad, casas de falsos positivos también”, puntualizó.
El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, dio nuevos detalles sobre el informe acerca de falsos positivos que señala que las víctimas son 6.402, tres veces más de lo que reportó inicialmente la Fiscalía General.“Ha habido condenas, pero son pocas frente a la magnitud de delitos tan sistemáticos como los que se han puesto de presente. De otra parte, hay impunidad, hay una cifra de subregistro, por eso responsable y seriamente lo primero que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz es determinar cuál es ese universo delictivo respecto del cual hay que identificar los patrones de comisión de esos delitos y también establecer quiénes son los responsables de estos patrones”, señaló el togado.Afirmó que para determinar esa cifra, la JEP acudió a siete bases de datos, y no solo de Colombia.Estos fueron “el banco de datos SPOA, que maneja la Fiscalía; otro banco de datos de la propia Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica, bancos de datos de organizaciones, Estados Unidos y Europa; versiones voluntarias, testimonios, todo ese conjunto de actos es importante”, dijo.“No hubo un solo banco de datos que no fuera objeto de escrutinio y de verificación, tanto los públicos como los privados, y quiero señalar que en la JEP también participan las víctimas y las organizaciones de víctimas y no tenemos por qué estigmatizar ningún banco de datos de víctimas”, agregó.Asimismo, señaló que el modus operandi encontrado en los falsos positivos “es una práctica que resulta de verdad muy cruel, casi que sin antecedentes; humildes personas, que son civiles, muchas veces labriegos, campesinos, que se los asesina, se los hace pasar por guerrilleros y se contabilizan como bajas en combate. Realmente esto, con este nivel de masividad, no tiene antecedentes en el mundo, es una de las crueldades de este conflicto”.En relación con el periodo estudiado, que fue 2002-2008, Cifuentes precisó que se escogió este tiempo porque “la curva asciende en lo que tiene que ver con un delito tan atroz, como es precisamente convertir en objetivo militar a los civiles, hacerlos pasar por guerrilleros, asesinarlos y luego estas bajas ser contabilizadas como bajas en combate, o sea que es un delito atroz desde el punto de vista del derecho interno, desde el punto de vista del derecho internacional, es uno de los capítulos más negros de la historia del conflicto armado, que necesita ser reconocido por Colombia en términos de verdad y responsabilidad”.El presidente de la JEP negó que con el informe se estuviera descalificando a Álvaro Uribe: “de ninguna manera. Se trata del examen minucioso y la verificación y ponderación que hizo la sala de reconocimiento y efectivamente la estadística habla por sí sola, este es un periodo que en todo caso muestra un ascenso inusitado de este delito sistemático”.Lo que viene ahora es conocer los nombres de los que serán llamados a responder por los falsos positivos.“La investigación como tal la desarrolla la sala de reconocimiento en este momento, después de este auto se van a conocer próximamente los autos ya de imputación, de responsabilidad, partiendo desde abajo hacia arriba. El próximo año se va a continuar esta investigación y creemos que en un término razonable incluimos en la JEP la investigación”, precisó.Por este delito solo hay 1.470 condenas.
La adicción a las drogas es un problema que no distingue raza, sexo o condición económica. Madison McManus conoció ese mundo cuando apenas tenía 15 años, en las calles de Nueva Jersey, Estados Unidos.Durante una década no pudo zafarse de las garras de la heroína y, como era de esperarse, la droga, la calle y hasta los arrestos por posesión ilegal empezaron a dejar marcas en su cuerpo.A los 18 años quedó en embarazo. Estuvo sobria durante los nueve meses de gestación, pero su adicción fue más grande: “dejé la escuela y renuncié a la custodia temporal de mi hija, simplemente no podía dejar de consumir”.Desde ese momento empezaron seis años de oscuridad para Madison, pasando por situaciones que aún no está lista para revelar, pero de las que finalmente pudo liberarse gracias a un programa contra las adicciones, el cual conoció en la cárcel.Han pasado tres años desde la última vez que la joven probó la droga. A pesar de esto, aún sigue luchando por recuperar la custodia de su hija, que ya tiene 9 años.“Fue una sensación tan enriquecedora ver que yo era el problema, y que nada cambiaría hasta que yo cambiara. Hoy tengo una paz interior y una tranquilidad que no se puede expresar con palabras”, manifestó al diario Daily Mail.Vea en este enlace las fotografías de cómo luce actualmente Madison. Con un semblante mucho mejor, envía un mensaje de superación: “Esta vida es corta, está destinada a vivir, no a existir atrapado en una enfermedad que te hace sentir vacío. Sigue luchando, esta nueva forma de vida es hermosa. Y recuerda siempre ser agradecido, humilde y abierto y aceptar todo lo que se te presente”.“Hay algo más grande para ti, ¡puedes hacerlo!”, puntualizó.
Sergio Higuita se estrenó en la temporada 2021 en el UAE Tour, competencia en la ocupó el puesto 11 de la general y en la que brilló en las dos jornadas de montaña.“El UAE Tour me dejó demasiado contento con las sensaciones, estar ahí en la pelea con los favoritos en la montaña siempre es bueno”, dijo Sergio Higuita en declaraciones divulgadas por su oficina de prensa.El colombiano fue tercero en una jornada de montaña y cuarto en la otra, pero perdió la oportunidad de luchar por el título del UAE Tour en la etapa 1, en la que perdió más de ocho minutos por culpa de los abanicos.“Fue un aprendizaje para saber lo que se debe mejorar en las etapas de abanicos y llanas”, comentó.Sergio Higuita, de 23 años, se encuentra en España “recuperando para las carreras que vienen, en las que espero ir mejorando mes tras mes”.⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.
La hoja de vida es su carta de presentación a la hora de postularse a una vacante laboral. Tenga en cuenta 5 claves para crear un documento llamativo y que cumpla las expectativas de los jefes de personal de las compañías.Perfil definido: este debe ser concreto, directo y claro. Debe definir bien quién es usted y su potencial laboral. Se recomienda la creación de un documento fácil de leer.No sirve para todas las convocatorias: la misma hoja de vida no le sirve para todas las vacantes, usted debe ajustarla para la vacante que está aspirando, demostrando que es el candidato indicado para el cargo.Datos infaltables: el encabezado de la hoja de vida debe tener su nombre, edad, fecha de nacimiento, celular, teléfono fijo y la URL de su perfil en LinkedIn.¿Falta de experiencia? Si recién se graduó, describa cuáles son sus aspiraciones profesionales y laborales. Mencione si pertenece a equipos, ligas o asociaciones profesionales.Omita información irrelevante: no incluya dentro de la hoja de vida datos que no son relevantes para el cargo al que aplica. Los diplomas y certificados se envían solo cuando se le soliciten. Nunca incluya información falsa sobre usted.
Durante un operativo de control en la vía Medellín – Montería, la Policía encontró una caleta de material de guerra al interior de un carro.Sucedió en el sector conocido como el Turco, en la vía Llanos de Cuivá – Yarumal, donde uniformados requirieron un automóvil para una requisa.Al inspeccionar el carro, se encontraron seis granadas de mortero 60 mm, 500 cartuchos calibre 5.56, 62 cartuchos calibre 7.62 y una granada de mortero de 81 mm. Así mismo, tubos de gases, selectores de fuego y otro material de guerra.Tras la sorpresa, la Policía incautó el arsenal. Además, el hombre y la mujer que se movilizaban en el vehículo fueron capturados.Las autoridades investigan a quién pertenece el material de guerra y cuál era su destino.
Entre enero y octubre de 2020, Medellín pasó de tener 330.000 microempresas a 347.000, lo que representa un aumento del 5% en comparación con el mismo periodo de 2019. Así lo reveló Fenalco Antioquia tras un informe del DANE que advierte del cierre de 509.000 micronegocios en todo el país durante la pandemia.Las cifras de Fenalco contrastan con los letreros de se arrienda o se vende, presentes en las fachadas de cientos de locales comerciales de la ciudad.Es el caso de Marco Madrigal, quien se vio obligado a cerrar su café, ubicado en El Poblado.“Nosotros teníamos un negocio hace cuatro años y nos trasladamos a Provenza con el objetivo de crecer y el pasado 31 de diciembre nos vimos en la obligación de cerrar, de liquidar la razón social, de despedir empleados y de declararnos en quiebra”, lamenta el microempresario.Marco, además, cuestiona las cifras entregadas por Federación Nacional de Comerciantes:“Nosotros nunca hemos hecho parte de Fenalco, nadie ha venido a prestarnos sus servicios y nosotros no conocemos las cifras. No creo que nos represente, así como no creo que represente a pequeños comerciantes como yo”.Después de Bogotá, Medellín es la ciudad de Colombia con mayor número de micronegocios, 347.697 en total.