Si una persona posee, retiene o desaparece una cédula o cualquier otro documento que le permita ejercer su derecho al voto, usted puede denunciarla.
El responsable no solo puede ir a prisión de 4 a 8 años, además enfrentaría una multa de entre 50 y 200 salarios mínimos legales.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la falta la cometa un servidor público.
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