Jaime Granados, defensa del expresidente Álvaro Uribe, radicó una petición ante la Fiscalía General de la Nación para que se decrete la libertad inmediata del expresidente cuando reciba el expediente de su cliente.
El exsenador también se pronunció sobre la polémica en su cuenta de Twitter: “la libertad es un bien inapreciable, pero para mí la honorabilidad es lo prioritario, por eso el énfasis en las pruebas”.
La libertad es un bien inapreciable, pero para mi la honorabilidad es lo prioritario, por eso el énfasis en las pruebas
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 2, 2020
Por su parte, el senador Iván Cepeda salió al paso y presentó la recusación para que ni el fiscal Francisco Barbosa ni su vicefiscal lleven la investigación.
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Recalcó “que ni el presidente de la República ni la señora vicepresidenta podrían enviar ternas en caso tal de que sea aceptada la recusación y esperamos que sea la propia Corte Suprema la que nombre un fiscal ad hoc”.
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El ente judicial manifestó que “en el momento en el que el proceso sea trasladado, la Fiscalía General de la Nación estará facultada para asignar el proceso”.
Sobre la puesta en libertad de Álvaro Uribe, el abogado penalista Camilo Burbano considera que hay dos opciones.
“Si se sigue con la ley 600 será el mismo fiscal quien decida sobre la libertad del expresidente Uribe. Si por el contrario se cambia a ley 906, entonces todas las actuaciones que se habían realizado en la Corte pierden validez y el expresidente debería quedar en libertad de forma inmediata”, explicó.
Para José Fernando Mestre, abogado y director del departamento de derecho penal de la Universidad Javeriana, solo hay un camino, “adecuarse el trámite a la ley 906 y en consecuencia pues, efectivamente, la medida de aseguramiento que actualmente está vigente no tiene cabida”.
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